| César Luis Díaz y otros |
La libertad de expresión en la transición
a la democracia según La Prensa*
a la democracia según La Prensa*
Contenido
El Papel Prensa y el papel de La Prensa
Las estructuras restrictivas del Estado nacional
Persecuciones a periodistas y cierres de medios
Reflexiones finales
Bibliografía
Notas
Palabras clave
La Prensa – Dictadura - Papel Prensa – Medios - Editoriales
La democracia en la Argentina tuvo un momento refundacional insoslayable: el fin de la guerra por las Malvinas. Ese 14 de junio de 1982 comenzó el epílogo de las esperanzas castrenses de permanecer en el gobierno augurando al mismo tiempo a la dirigencia civil otro tipo de protagonismo. Aunque se debe señalar que la política partidaria presentó dispares situaciones dado que gran parte de la dirigencia debió soportar encarcelamientos, proscripciones, clandestinidad, entre otros riesgos propios de un país sometido al terrorismo de Estado y a la vigencia del estado de sitio, (suprimido tan sólo dos días antes de las elecciones del 30 de octubre de 1983); mientras que otros representantes no padecieron de esas persecuciones llegando incluso a desempeñarse como funcionarios de la dictadura.
También se debe apuntar que los medios atravesaron similares vicisitudes pues algunos siguieron adhiriendo a la doctrina de seguridad nacional, y por ende al plan de la dictadura, en tanto otros objetaron, de diversas formas, las políticas emanadas del gobierno castrense sufriendo las consabidas represalias que involucraban desde cierres definitivos o temporales, pasando por la quita de publicidad sin desmedro de las múltiples y diversas agresiones sufridas por periodistas, directores y personal de los medios.
El presente artículo examina el discurso editorial de La Prensa sobre la libertad de expresión durante la etapa de la transición hacia la democracia post Guerra de Malvinas que encabezó, en su mayor parte, el cuarto dictador del proceso, general Reinaldo Bignone (14/6/82 10/12/83). En ese lapso esta problemática ostentó una presencia significativa en su columna institucional a través de las sesenta y siete notas en las que confrontó con todos los actores que, en su criterio, ponían en riesgo el ejercicio del periodismo en la Argentina. Por el contrario, frente a la conflagración por las Malvinas, tal como el golpe de Estado de 1976 (Díaz, 2002), la represión a las organizaciones armadas (Díaz, Passaro, 2002) y la “guerra que no fue” contra Chile por el canal de Beagle (Díaz, Giménez, Passaro, 2005a), el matutino avaló la posición asumida por la dictadura, aunque ello no implicara necesariamente un silencio cómplice frente a las estrategias censorias implementadas por el poder ejecutivo en esas coyunturas. Por cierto, La Prensa advirtió desde 1976 el avasallamiento oficial sobre el cuarto poder (Díaz, Giménez, Passaro, 2001, 2004, 2005b, 2005c) disenso que, sumado a otros cuestionamientos, nos permiten identificarla con lo que denominamos “periodismo pendular” (Díaz, 2009). Particularmente, su condición de “no socio”[1] del Estado en la empresa Papel Prensa, alentó esa denuncia constante hacia las políticas comunicativas negativas.[2]
Da cuenta de esa categoría el discurso editorial del matutino durante la guerra (Díaz, Giménez, Sujatovich, 2010) cuando, no obstante reivindicar los derechos argentinos sobre las Islas, jerarquizaba su preocupación frente a los peligros que acechaban a la actividad comunicacional, por caso las vicisitudes sufridas por medios y cronistas (Díaz, Giménez, Passaro, 2010a), principalmente los de origen anglosajón, como consecuencia de directivas emanadas del poder militar, o de aquellas iniciativas oficiosas provenientes de algunos representantes gremiales.[3] Del mismo modo, y en particular tras la rendición de Puerto Argentino, requeriría admonitoriamente al gobierno que no retaceara información oficial.
El Papel Prensa y el papel de La Prensa
Entre los cuestionamientos que el centenario matutino incluyó en su columna institucional hubo uno que sobresalió cuanti y cualitativamente por la partición de aguas que produjo en el escenario del periodismo gráfico argentino. En efecto, ante la conformación de Papel Prensa S.A., empresa formada por La Nación, La Razón y Clarín con el Estado dictatorial (Díaz, Giménez, Passaro, 2006, 2008; Díaz, Passaro, 2009) sostuvo el estilo crítico que adoptara frente a otras políticas comunicacionales negativas. Justificaba su posicionamiento con argumentos centrados en la falta de independencia de cualquier medio que se asociara con el Estado, la inequidad con la que operaba la empresa papelera, favoreciendo a sus propietarios en detrimento de los competidores periodísticos, convirtiéndose en el corto plazo en una espada de Damocles para el resto del universo gráfico nacional al provocar la ruina o una lenta agonía para los medios ajenos a la condición de “socios”.
En la etapa que el presente artículo explora, el diario volvía a denunciar el mecanismo de pinzas aplicado por la espuria sociedad contra el periodismo gráfico y sus indeseadas consecuencias. Por un lado, el valor antojadizo establecido unilateralmente por la única proveedora nacional en condiciones de proporcionar el insumo vital para la prensa gráfica. Por otra parte, las excesivas cargas fiscales con las que eran gravadas las remesas de papel que los “no socios” debían importar a fin de no sucumbir ante el monopólico proveedor.[4] La abusiva situación era cuestionada usualmente a través de la apelación al principio de autoridad, en este caso de las dos organizaciones representativas del empresariado periodístico local y continental ADEPA[5] y SIP respectivamente.
El matutino expresaba su repudio ante el oneroso costo del papel de diario que desde el 3/11/1980 se había convertido en “el segundo más arancelado” entre los artículos importados en la Argentina[6], circunstancia que mereció una nota institucional encabezada con un título denotativo: “Arbitraria exigencia aduanera” (2/7/82). En la columna exigía a la Secretaría de Hacienda la modificación de la injusta medida. La continuidad en la política fiscal coercitiva desplegada por la dictadura en la materia, trajo aparejada una apelación apologética hacia la SIP, “prestigiosa entidad”, quien se había manifestado “en términos tan concluyentes” respecto de la “desmesurada tributación al papel de diario y otras medidas que benefician exclusivamente a la empresa Papel Prensa S.A.” (14/10/82).[7] En igual sentido, el editorial incluido como balance del año 1982 sentenciaba: “continúa el escándalo que representa la subsistencia de Papel Prensa S.A.” (31/12/82)[8], al erigirse en uno de los principales obstáculos para el libre ejercicio del periodismo. Ante la falta de rectificación por parte de la Secretaría de Estado aludida, en otro artículo crítico titulado “Persistencia en el error” (5/3/83), citaría nuevamente a la ADEPA para explicitar su rechazo no sólo el arancel sobre el papel importado sino sobre otra tasa que incrementaba los costos empresariales. Por cierto, los medios debían erogar una suma proporcional al volumen de su compra para que el Estado pudiera fiscalizar que el insumo no fuera utilizado para otro fin que el declarado, o sea imprimir diarios o revistas. A estas gabelas había que añadir, como a cualquier otro producto de venta en el país, el Impuesto al Valor Agregado (IVA). De esta forma, el matutino concluía que por defender a la “privilegiada empresa” el Estado ponía en peligro la subsistencia de numerosas publicaciones gráficas, contrariando el derecho reconocido en el artículo 32 de la Constitución Nacional que garantizaba la libertad de expresión.
Numerosas denuncias de igual tenor mantuvo en su agenda editorial, por caso al citar un crítico informe de la SIP que probaba las dificultades enfrentadas por los diarios locales remarcando que el soporte en el cual se editaban las publicaciones era el “papel más caro del mundo” (4/4/83). Unos meses después, en la nota titulada “Periodismo, actividad riesgosa”, discutía las medidas gubernamentales en materia tributaria por considerarlas una “agresión a la parte patrimonial de las empresas” pues, además del IVA, se agregaba “el insoportable arancel del 38 por ciento sobre el papel importado, el más caro del mundo”. Para ADEPA esta situación no sólo agobiaba al sector sino que perjudicaba el destino institucional del país: “la precaria situación general de la prensa independiente son causa de la destrucción de la estructura democrática de la Nación y perjudican la información que hoy reclaman los pueblos libres del mundo” (8/10/83). Como puede apreciarse el matutino no escatimaba cuestionamientos sobre la crisis que sufrían los medios gráficos en la coyuntura analizada y las repercusiones negativas que traería aparejada para la etapa inaugurada a partir de los comicios del 30 de octubre de 1983. En consecuencia, La Prensa jerarquizaba en su análisis la situación de indefensión que padecían los órganos de menor envergadura.
En ese punto, advertía que las predicciones que había formulado se estaban concretando tal como evidenciaba en el editorial titulado “Cargas fiscales y prensa libre” al analizar el cierre de su colega El Andino y la suspensión de la edición vespertina de El Atlántico como efecto del aumento de costos en el insumo papel sumados a otros gastos.[9] No se puede omitir la importancia del titular de esta nota pues mediante una fórmula retórica en la cual el “y”, que operaba como conjunción, reemplazaba al “o” que articulaba una oposición que era, en definitiva, la opinión del editorialista. Con el propósito de que su imputación adquiriera mayor contundencia apelaba como principio de autoridad a una declaración de la ADEPA: “las naciones política y jurídicamente organizadas ‘no pueden prescindir de una opinión pública auténticamente formada, porque no hay estado democrático sin opinión pública, y no hay opinión pública sin prensa libre’. Es decir, prensa independiente que con sus propios y genuinos recursos pueda hacer frente a sus costos reales, lo cual en estos momentos resulta imposible lograr con el mantenimiento de insoportables cargas tributarias.” (26/7/83). En resumidas cuentas, no sólo el papel sino todos los insumos indispensables para el funcionamiento de los órganos gráficos en la Argentina eran gravados de tal manera que ponían en juego su supervivencia y en consecuencia su aporte a la institucionalización.
No resulta casual que tan sólo un día antes de la entrega de los atributos formales del poder ejecutivo por parte del dictador Bignone al presidente electo, el Dr. Raúl Alfonsín, el matutino incluyera un editorial titulado “El Estado y Papel Prensa”. Recordemos que ya se había hecho pública una resolución del Ministerio de Economía del 25/11/1983 en la cual se planteaba la “enajenación” de las acciones de la empresa papelera controladas por el Estado, que representan el 25%. El matutino condenaba que esta decisión hubiera sido “mantenida inexplicablemente en reserva durante diez días”. Suponía que con este ardid la intención castrense era transferir la decisión al gobierno electo para que no tuviera tiempo de planificar una estrategia al respecto. No obstante, para el diario “lo fundamental no consiste en que el Estado se desprenda de sus acciones, lo cual incluso hasta es loable desde el punto de vista de una política general de privatización. Lo importante es que se tome una decisión tendiente a suprimir los injustos privilegios” (9/12/83). Aseveración que adquiría el tenor de un discurso admonitorio para con las autoridades democráticas que asumirían su responsabilidad tan sólo veinticuatro horas más tarde.
Una vez efectivizado el traspaso presidencial y como el año anterior, La Prensa incluyó en su columna institucional el balance sobre la situación del país el último día del año en el cual los argentinos recuperamos la democracia. Entonces, volvería a resaltar las conclusiones de la última reunión de entidad periodística nacional: “ADEPA ‘ha denunciado y prevenido sobre las consecuencias del cierre de tantos diarios argentinos proveniente del trato riguroso impositivo y aduanero’, y que ‘todo ello importa la destrucción de la estructura democrática y perjudica la información que hoy reclaman los pueblos libres del mundo’.” (31/12/83). En rigor, el discurso editorial de La Prensa en la etapa de transición hacia la democracia registraba que la crisis de los medios gráficos, sobre la que había alertado desde los albores de la empresa papelera, podía comprobarse con los quebrantos financieros soportados por los distintos emprendimientos periodísticos y afectando la función que debían cumplir.
Las estructuras restrictivas del Estado Nacional
De la misma manera que el matutino reprobaba la acción estatal en materia fiscal por amenazar la libertad de prensa y de expresión, fustigaba las medidas oficiales punitivas emanadas de quienes desde antaño identificaba como dos clásicos oponentes: la Secretaría de Información de la Presidencia y la agencia oficial de noticias Télam.[10] Por cierto, el organismo estatal encargado de la comunicación del epicentro del poder gubernativo gozaba del rechazo total del diario que no escatimaba oportunidad para recordar a la opinión pública que su existencia era fruto de la política totalitaria inaugurada por el “gran responsable” a mediados de la década de 1940 (Díaz, Giménez, Passaro, 2009a). No obstante este mal congénito que La Prensa le atribuía al burocrático ente, no aceptaba su existencia bajo ningún gobierno, ni siquiera aquel que gozaba de su mayor aquiescencia, porque lo reputaba contrario a la tradición republicana que reivindicaba, aunque cuando ante situaciones de conflictividad extrema priorizara la seguridad nacional por sobre la república (Díaz, Giménez, Passaro, 2001, 2002, 2009). Durante la etapa finidictatorial, ironizaba en torno a la decisión oficial de transformar esa Secretaría. Dudaba que la “Nueva estructura de la SIP” (21/7/82) conllevara cambios profundos y especulaba con que en realidad era una medida de distracción, consideraba que el poder ejecutivo la modificaría superficialmente con el único objeto de mejorar la imagen de una institución reñida con un régimen democrático y republicano tal como el que La Prensa defendía. El organismo era impugnado por considerarlo la antítesis de la República, por su “exceso de personal”, por poseer una “estructura oculta” y sobre todo, por ostentar la particularidad de “digitar la publicidad” oficial y operar más que como un órgano de comunicación como una “monstruosa maquinaria de propaganda” imponiendo al país la “moda totalitaria” (21/7/82). Como puede apreciarse, los enunciados generosos en adjetivaciones negativas tenían el fin de descalificar la actuación del Estado en materia comunicacional, por lo cual proponía desmantelarla no sólo para privar al gobierno de una estructura de control y manipulación hacia la prensa sino además, desde una perspectiva un tanto economicista y oportunista en una coyuntura caracterizada por una profunda crisis económica, para reducir el gasto público.[11] Su demanda no encontraría eco alguno en las filas de un gobierno castrense ya que si en los primeros años necesitaba controlar la comunicación para asegurar el apoyo o el silencio sobre su plan represivo, en la posguerra de Malvinas, le resultaba imperioso garantizarse una transición ordenada que le permitiera eludir los distintos reclamos sectoriales a los que se veía sometida. Así, a poco más de una semana el matutino exclamaba con desconsuelo que la transformación anunciada por los uniformados “sólo se trata de un aparente desmembramiento del monstruo” (17/8/82), es decir, un simulacro por medio del cual el organismo cambiaría su nombre pero mantendría las mismas funciones; tal como el diario previniera.
Similares argumentos presentaba ante el sostenimiento de las agencias noticiosas oficiales pues a su entender también operaban como instrumentos de presión del Poder Ejecutivo ya que la distribución de la información de las reparticiones públicas respondía a un criterio que “a menudo asume la forma de mercedes y premios” (17/8/82). Evaluaba que Télam deformaba la información y dañaba a la ciudadanía, sin obviar la mención de que la agencia le había retirado a La Prensa desde hacía poco más de un año la publicidad oficial por “sugerencia” de la Secretaría de Información Pública, medida que constituyó una flagrante “discriminación para lograr el favor de los órganos de prensa” (8/8/82) (Díaz, Passaro, 2005). Postulaba el desmantelamiento inmediato de la agencia oficial de noticias para de este modo no sólo reducir el gasto público sino también terminar con el favoritismo oficial (17/8/82). Al concluir el año, la columna institucional publicó una suerte de sumario que no obviaba reprobar las políticas restrictivas implementadas por la dictadura al sentenciar: “engendro que es la agencia oficial de noticias Télam que disfruta del monopolio de la publicidad oficial y sigue suministrando información general a las emisoras de radio y televisión y a gran número de diarios de todo el país” (31/12/82). La adjetivación empleada para descalificar como monstruosa a la agencia oficial de noticias así como también su estilo reputado como arbitrario, manifestaban de manera inequívoca su rechazo tanto a su existencia cuanto a su modo de operar.
Persecuciones a periodistas y cierres de medios
Si alguien en la Argentina pos Malvinas suponía por algún momento que las persecuciones a los medios y miembros de la prensa eran asunto pretérito se equivocaba, pues sobre el final del período dictatorial resurgieron las amenazas con una vitalidad inusitada. Si bien no eran situaciones equiparables a las miles de desapariciones forzadas y asesinatos de los primeros años del terrorismo de Estado, también hubo nuevas víctimas de la intolerancia gubernamental que no podía aceptar que los órganos de comunicación pretendieran ensanchar los márgenes del disenso en momentos en los que se resolvía no sólo la duración de la transición, sino sobre todo, el lugar de los uniformados en el nuevo periodo democrático.
Frente a las nuevas medidas represivas La Prensa apelaba a los organismos que por entonces nucleaban, y aún hoy lo hacen, a las empresas periodísticas en América y la Argentina para expresar su adhesión a la “medular declaración de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)” y a la que, en el mismo orden, formulara la ADEPA que consideraba que debía cumplir con “el deber de denunciar, con palabras francas y directas, que el gobierno nacional ‘viola reiteradamente la libertad de prensa’” (14/10/82). A poco de haber planteado este reclamo, volvería a inculpar a las autoridades militares por los decretos del PEN que clausuraban tres revistas, cuyo nombre era omitido (La Semana[12], Línea y Quórum[13]). La arbitrariedad de la medida era expuesta desde el título de la nota pues evaluaba que el abuso gubernamental constituía un verdadero “Manifiesto de Poder” (4/11/82), cuyos alcances no se limitarían a cercenar la circulación de los órganos referidos, sino también la permanencia en el país de los editores y aún de sus familiares directos. El matutino expresaba su desconsuelo cuando María Josefina Morales, la jefa de redacción y esposa del director de Quórum abandonaba el país a causa del riesgo que implicaba, no sólo para el ejercicio de su profesión sino para su propia vida, la permanencia en la Argentina finidictatorial.[14] El editorialista repudiaba el hecho y entendía que esa situación “por sus características recuerdan el infausto período del terrorismo y la subversión” (11/11/82), dando cuenta así de las razones que nos llevan a incluir al diario en lo que identificamos como periodismo pendular. La analogía escogida por el enunciador era, a todas luces, una comparación que dejaba muy mal parada la imagen de la dictadura tras seis años y medio de haber asumido el poder, precisamente para “aniquilar al terrorismo y la subversión”; causa que el medio había apoyado incondicionalmente.
No resulta llamativo que distinto fuese tratamiento editorial que le otorgara al atentado perpetrado contra el director del recientemente aparecido diario La Voz[15], el dirigente del agrupamiento peronista Intransigencia y Movilización, el ex gobernador catamarqueño Vicente L. Saadi. En este caso, aunque reconocía que “voceros del matutino dijeron que la agresión está dirigida contra ‘La Voz’, como medio de expresión, y denunciaron que instantes después de consumarse aquella una persona llamó telefónicamente a la sala de redacción y amenazó: ‘ahora fue el estudio, después va a ser el diario’” (5/1/83). En virtud del concepto antirrepublicano y bárbaro con que el matutino calificaba al comportamiento de los adherentes al movimiento fundado por Juan Perón, atribuía el vandálico ataque a una modalidad de resolver las disputas internas dentro del partido justicialista; descalificando de este modo el atentado.
En el último año, la dictadura mantuvo su coherencia al proseguir con las políticas censorias que hostigaban a los medios; abusos registrados usualmente en la columna institucional de los Gainza Paz. En consecuencia, conceptuaba como un repudiable “Acto de censura previa” (15/1/83) al secuestro “cautelar” de la revista Humor dispuesto por el PEN[16] a quien no le reconocía atribuciones para ejecutar la medida. Frente a este argumento planteaba como alternativa aceptable la potestad de la justicia[17], al tiempo que remarcaba a uno de sus alocutarios, el ejecutivo, la ilegalidad de su accionar. La misma línea argumental expuso al producirse el secuestro de la edición del semanario Quorum, cuando no dudó en sentenciar que los medios argentinos se encontraban inermes “Ante otro abuso de poder”. Este juicio era reforzado con conceptos de no menor contundencia como los que empleaba para repudiar la intervención contra la revista, aseverando que era una “expresión de su más arbitrario ejercicio”. En este caso confrontaba la censura ejecutada por el poder castrense con el principio de autoridad de la Constitución Nacional, quien la había “fulminado” a través de su artículo 14. Además, el editorialista manifestaba su perplejidad ante la queja expresada por la cancillería Argentina al gobierno de Italia, pues éste había dado lugar al pedido de asilo solicitado por José Palozzi[18], el director de la publicación afectada, aclarando con un dejo de ironía no exenta de resignación que eran “los hechos y no los periodistas los que ponen en duda la credibilidad de las autoridades”, al tiempo que las fustigaba por “pretender silenciar a la opinión pública con el ilegítimo recurso de acallar la prédica del periodismo libre” (20/3/83), comportamiento que no hacía más que fortalecer la desconfianza generalizada que pesaba sobre ellas y perjudicaba la transición institucional.
Ante la persistencia de la aplicación de medidas restrictivas contra el cuarto poder, La Prensa seguía con su tradición de citar a los organismos empresariales como fuente de autoridad. Por caso titulaba una nota “Informe pesimista” (4/4/83) al analizar un escrito de la SIP en el cual se señalaba con preocupación que en la Argentina aún no había sido “explicada la desaparición y secuestro de numerosos periodistas, a pesar de los repetidos reclamos para que se investigue su suerte”.[19] Cabe apuntar que este requerimiento se mantuvo constante en su columna editorial cuando menos desde 1978.
En lo referente a ADEPA, el diario continuaba reivindicando su actuación ante los sucesos de hostigamiento hacia la prensa gráfica local. De este modo, apoyaba el requerimiento de la entidad al ministro del Interior para que arbitrara medidas tendientes a preservar la seguridad personal y el ejercicio institucional del periodismo en el país, en ocasión del atentado sufrido por la empresa editora de revistas Perfil[20] y las amenazas proferidas contra James Neilson, el “profético” director del Herald (27/4/83). A escasos días de la elección presidencial, la continuidad del clima represivo en el que se debía desenvolver la prensa Argentina, inspiraba al matutino para titular la nota: “Periodismo, actividad riesgosa” (8/10/83). En el cuerpo de la nota editorial rescataba nuevamente conceptos vertidos en otro informe de la ADEPA donde cuantificaba en la abultada cifra de treinta a los casos de ataque a la libertad de prensa producidos solamente hasta septiembre de 1983.
Como se ha expresado esta sucesión de iniquidades contra el cuarto poder ya había llevado al matutino a reclamar en su columna institucional acerca de la “Necesidad de prensa libre” (28/6/83), al exigir al poder ejecutivo una serie de medidas de imprescindible cumplimiento para garantizar el objetivo que se proponía en el título de la nota. En ese sentido, solicitaba el levantamiento de estado de sitio[21] vigente de manera ininterrumpida desde noviembre de 1974, la supresión de la ley 20.840 también sancionada ese año, pero en el mes de septiembre y de la más reciente Acta del 19 de abril, puesta en vigencia a partir del conflicto bélico de Malvinas. El planteo del diario se fundaba en que tanto “en la guerra como en la paz, la libertad de prensa debe ser preservada, ya que responde a la necesidad de todo ciudadano de informarse sin trabas” (28/6/83), sobre todo en una coyuntura como la que por entonces transitaba el país de retorno a la vida institucional.
En tanto, el matutino editorializó en tres oportunidades para denunciar la aplicación de políticas censorias sobre la televisión. La primera calificada con un benevolente título “Infortunada omisión informativa” (9/10/82)[22] daba cuenta de la omisión en la transmisión de imágenes en los canales de TV de una marcha pública convocada por los organismos defensores de los derechos humanos. Advertía el contraste evidente de la cobertura con la prensa escrita que había informado sobre el suceso. La restante nota titulada “Supresión de imágenes en TV” (18/3/83) le permitía ironizar sobre el giro oficial en política exterior a partir de 1982 y el conflicto con Gran Bretaña por las Malvinas, que produjo un acercamiento de nuestro país con los pertenecientes al grupo de los “no alineados” que apoyaban la causa anticolonialista, y la censura que se produjo en las imágenes transmitidas por ATC del encuentro llevado a cabo en marzo de 1983 en Nueva Delhi por el dictador argentino R. Bignone con los líderes tercermundistas Fidel Castro y Yasser Arafat, limitándose a exhibir tan sólo el discurso del cuarto dictador del proceso ante la Asamblea de los “No Alineados”.[23] Resulta significativo que La Prensa, cuyos postulados ideológicos se hallaban en las antípodas de los que sustentaban ambas personalidades políticas, tuviera que enfrentarse con una dictadura con la que coincidía en la defensa de la “seguridad nacional” aunque no en algunos de los mecanismos que empleaba como, en este caso, una censura basada, según el diario, en la subestimación del público. De todos modos, los atropellos contra el medio televisivo no se limitaron a los programas periodísticos, situación que impulsó al matutino a reprobar un “Inexplicable exceso policial” (4/5/83). La nota condenaba por extemporánea la detención de un ciudadano con sólo haber mediado una denuncia televisiva en un programa de corte sensacionalista. En este caso centraba la amonestación en la policía federal que decidió actuar de oficio y apresar al denunciado sin que mediara orden judicial alguna.
Al promediar 1983 nuevamente publicó en editorial de balance que en lo referido a la situación del cuarto poder consignaba el desolador saldo: “durante la última etapa del gobierno militar, el periodismo independiente como en años anteriores, continuó soportando atentados, clausuras y secuestros”. Así a los denunciados secuestros de las ediciones de las revistas Humor, La Semana y Quórum, y el atentado padecido por Perfil, señalados con anterioridad, agregaba el explosivo detonado en la sede de la revista El Porteño “daños cuyo origen y culpables significativamente nunca fueron descubiertos”, por los cuales la ADEPA reclamó ante las autoridades que “‘el ejercicio del periodismo independiente continúa siendo riesgoso y dificultoso en la Argentina’” (31/12/83). Cabe apuntar que la sentenciosa frase se incluía en la columna institucional de La Prensa a pocos días de haber asumido el primer gobierno de la etapa democrática. Llama la atención la omisión deliberada sobre el trascendental cambio y que, por ende, no se rescatara ningún aspecto de las políticas comunicacionales enunciadas por la gestión de R. Alfonsín en contraposición con el terrorismo de Estado que había imperado durante los luctuosos años de la dictadura que gobernó al país desde 1976.
Reflexiones finales
La complejidad que presenta el análisis del trágico período de la última dictadura militar se ve ratificada, en este caso, al abordar la problemática de la libertad de expresión concentrándonos en el discurso editorial de La Prensa. El centenario matutino se encolumnaba en las filas de un conservadorismo político, que enarbolaba las banderas de una suerte de república oligárquica, esencialmente antiperonista, al tiempo que adscribía a un proyecto económico de corte liberal solidario con el golpe de estado de 1976 y los objetivos del “proceso”. De allí, la ambigüedad de su prédica contra las políticas comunicacionales negativas de la dictadura. El diario repudiaba tanto los avasallamientos oficiales sobre el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, contrarios al ideario republicano, del mismo modo que cualquier forma de intervención del estado, fuese en lo económico (en este caso materializadas a su criterio a través de su posición al mantenimiento de la SIP y TELAM) como en relación al ejercicio de las libertades constitucionales. Particularmente, Papel Prensa S.A. representaba un contrasentido para sus postulados ideológicos, y casi una afrenta a su apuesta al proyecto militar, pues avanzó más en ese sentido que el mismo peronismo al que criticaba y al que esperaba que destruyeran.
En esa misma línea de razonamiento, el medio apologético de la doctrina de seguridad nacional y enunciador privilegiado de la “guerra sucia” paradójicamente aspiraba a que ese gobierno de facto respetara las reglas del juego republicano como el libre ejercicio de la profesión, en el camino hacia la institucionalización. Las contradicciones de la decadente dictadura y del mismo diario se ponen en evidencia en sus editoriales, cuando defraudado por el fracaso de los propósitos fundacionales del “proceso” a los que suscribió en 1976 se posicionó en sus antípodas convirtiéndose en uno de los cotidianos más críticos de la gestión; lo que nos permite incluirlo en el grupo de medios que ejercieron lo que identificamos como “periodismo pendular”.
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Díaz, César; Giménez, Mario y Sujatovich, Luis. “La Prensa en la guerra y la guerra a la prensa. Los editoriales durante el conflicto bélico por las Malvinas”, en Question, Vol. 1, N°27, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP, La Plata, 2010. Disponible en: http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/viewArticle/1016 [Fecha de consulta: 20/06/2013].
Maceira, Enrique José, La Prensa que he vivido, Academia Nacional de Periodismo, Buenos Aires, 2004.
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Solari Yrigoyen, Hipólito. Los Años Crueles, Bruguera, Buenos Aires, 1984.
Yofre, Juan. Fuimos Todos, Sudamericana, Buenos Aires, 2007.
Notas
* La agenda editorial de los “no socios” en las postrimerías de la dictadura militar (2/4/82-10/12/83), Proyecto P174, enmarcado en el Programa de Incentivos del Ministerio de Educación de la Nación. Director: César Luis Díaz. Integrantes: Mario Jorge Giménez, María Marta Passaro, Luis Mauro Sujatovich, José Rafael Clavijo, Clarisa Inés Fernández y Paola Andrea González.
[1] Esta categoría analítica la hemos esgrimido desde 1998, involucrando en la misma a los matutinos El Herald y El Día.
[2] Las políticas comunicativas negativas comprenden las medidas de control y fiscalización (censura punitiva y preventiva), prohibiciones, medidas económicas y medidas indirectas adoptadas por el gobierno (Borrat, 1989: 51).
[3] El matutino tuvo una peculiar confrontación con el gremialismo en general y con los gráficos en particular. Vale recordar como ejemplo el conflicto suscitado con motivo de la muerte de Juan D. Perón (Díaz, Passaro, 1998). En la coyuntura examinada, cabe mencionar que los días 29, 30 y 31 de julio de 1983 llegó a denunciar en su propia tapa la falta de alguna de las secciones, la supresión de páginas, imperfecciones tipográficas y errores menores, en virtud de medidas de fuerza desarrolladas por el personal gráfico de la empresa (31/7/83).
[4] Un testimonio que corrobora esta situación es el que ofrece E. Maceira (2004: 23): “En estos recuerdos siento el deber de incluir al último director del diario, el arquitecto Máximo Ezequiel de Gainza Castro, con quien aún mantengo lazos de amistad y a quien debo reconocerle los sinsabores que, al igual que su padre, padeció en la lucha que debió enfrentar por la casi permanente falta de papel, el retiro de publicidad y los paros de actividades que decidían periódicamente algunos sectores del personal.”
[5] Cabe mencionar que la conformación de la papelera monopólica provocó tal conmoción en el seno de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas –ADEPA- (Díaz, Giménez, Passaro, 2008) que llevó a los “socios” de la dictadura, La Nación, La Razón y Clarín, a abandonar su participación en la institución en febrero de 1979, tras la renuncia del presidente Juan Valmaggia (quien representaba al diario de los Mitre) en agosto de 1978.
[6] El primer lugar lo ocupaban los automóviles, en momentos en los que después de la libre importación impuesta durante los primeros años de la dictadura, había prácticamente destruido dicho rubro industrial nacional.
[7] Quien tuvo ocasión de representar a los medios argentinos en la reunión de la SIP celebrada en Chicago respecto de este tema fue el director de La Capital de Rosario, Ovidio Lagos.
[8] Advertiremos que aún en pleno alborozo generalizado por el desembarco argentino en Malvinas, rescató de la Sociedad Interamericana de Prensa una misiva dirigida al presidente de la Nación, exigiéndole la derogación del impuesto al papel (3/4/82).
[9] La ADEPA añadía además de los perjuicios que ocasionaban a las empresas gráficas el precio del papel, los impuestos que pesaban sobre otros insumos y así “como ejemplo de los efectos del IVA, expresaría que las ‘tramas de contacto pagan el 10 por ciento por derecho de importación y el 20 por ciento por IVA: las películas el 38 por ciento respectivamente: las chapas los mismos valores: el Copyproof el 35 y el 20 por ciento, al igual que la cera para montaje de manillas’." (26/7/83).
[10] Ya había advertido a poco del desembarco de las tropas argentinas en Malvinas sobre el privilegio informativo que tenían ATC y Télam, situación que calificaba como una “Discriminación censurable” (13/4/82).
[11] En la misma nota tomaba como principio de autoridad la decisión del gobierno portugués de eliminar la agencia oficial de noticias en ese país.
[12] La excusa aducida por la dictadura para clausurar la publicación por medio del decreto 1075/82, radicaba en que el N° 313 de La Semana presentaba en la portada una foto de Gerardo Sofovich posando con una gorra militar. La sanción se mantuvo desde el 29 de octubre hasta el 9 de diciembre de 1982. De alguna manera el columnista y director del Herald, James Neilson (2001: 260), entendía que éste sería el primer peldaño de una escalada de la censura gubernamental cuando el 31/10/1982 señalaba proféticamente “el régimen (…) emprendió lo que podría llamarse un ataque indirecto al intensificar las presiones sobre los medios de comunicación. La primera víctima fue La Semana, una revista que se ha especializado en revelaciones, y la próxima podría ser Humor, un periódico quincenal satírico, el diario peronista de izquierda La Voz o Línea, otra publicación peronista”.
[13] Línea y Quórum fueron clausuradas el día 2/11/1982 mediante los decretos 1.289 y 1.290 respectivamente.
[14] Después de haberse asilado en la embajada de Italia en la Argentina, la periodista partió hacia ese país el 5 de noviembre de 1982.
[15] Como había anunciado el director del Herald, el diario La Voz sufriría la hostilidad de la dictadura. En esta ocasión el director fue víctima de un atentado con un artefacto explosivo además del allanamiento a sus instalaciones, el 21/6/1983, por orden del juez federal Nicasio Dibur al considerarlo acertadamente “un órgano de adoctrinamiento y difusión formado y mantenido por los montoneros”. Los servicios de inteligencia también habían difundido un desopilante rumor que acusaba al diario y a la corriente peronista que lideraba su director, de planificar el asesinato de los dirigentes justicialistas Dr. Ángel Robledo y los sindicalistas Saúl Ubaldini y Lorenzo Miguel.
[16] Tal como anunciaba la predicción de Neilson, señalada anteriormente, la revista satírica no tardó en sufrir el secuestro de su Nº 97 por decreto del PEN del 12/1/1983.
[17] La acción del poder judicial también sería reivindicada en algunas notas. En “El derecho a informar” (20/12/82) celebraba el sobreseimiento de director de una publicación querellada por el ex ministro del Interior y en “Encomiable doctrina judicial” (30/10/83) elogiaba la misma medida para con el director del Herald en virtud del juicio por calumnias e injurias realizado por el jefe de la Policía Federal: “La noticia consignaba el hecho de que una pareja había sido arrestada por una infracción del tránsito menor, y había permanecido privada de su libertad durante un lapso de seis horas”.
[18] Según informaba el periódico español ELPAÍS.com “un periodista argentino, José Palozzi, afirmó haber recibido amenazas de muerte si no abandonaba el país en las próximas 48 horas. Palozzi, director del semanario Quorum, afirmó que una voz anónima le advirtió: ‘Lo que le ha ocurrido a Dupont es un aviso’ (…) Quorum ha dedicado desde su publicación, hace cinco semanas, varios artículos al almirante Emilio Massera, atribuyéndole responsabilidades en varias desapariciones y en el asesinato, hace cinco años, de Elena Holmberg. La revista publicó también informaciones sobre las ramificaciones en Argentina de la logia italiana P-2, a la que habría pertenecido el almirante Massera”. En: http://elpais.com/diario/1982/10/11/internacional/403138805_850215.html [Fecha de consulta: 20/06/2013].
[19] Cinco años atrás, el matutino había incurrido en la osadía de mencionar la preocupación evidenciada por la SIP frente a la suerte corrida por el autor de Operación Masacre, así como también por el director de La Opinión, periodistas que por cierto no contaban con la estima de la familia Gainza. En tal sentido, señalaba que en la reunión la SIP realizada en Cancún (México) “se mencionó el caso de Rodolfo Walsh, periodista desaparecido hace más de un año, y de Jacobo Timerman, que continúa detenido a disposición del gobierno” (5/3/78). Además, recordemos que ese año la SIP conferiría colectivamente el premio Mergenthaler a los periodistas perseguidos, asesinados o desaparecidos en nuestro país.
[20] La revista La Semana sería nuevamente secuestrada en su edición de marzo de 1983 acusada de publicar “información inexacta sobre las fuerzas armadas”, al tiempo que se ordenó la detención de su director Jorge Fontevecchia quien se asiló en la embajada de Venezuela Neilson (2001: 273). Esta decisión afectó también a la por entonces esposa del director de La Semana, Miriam Bunin, quién intentaba seguir el camino de su consorte. El periodista Jorge Elías, parafraseando la novela del premio Nóbel de literatura Gabriel García Márquez, en el portal Crímenes contra periodistas. Proyecto impunidad, en su nota titulada “Noticias de un secuestro” (6/4/2006) explicaba: “a los ojos del gobierno militar, Fontevecchia participaba de una campaña que tendía a ‘desestabilizar el proceso de institucionalización democrática’. Veinte efectivos de la Superintendencia de Seguridad Federal, al mando del coronel Alejandro Arias Duval, fueron por él a la redacción de La Semana. Eran las siete de la tarde. Fontevecchia prometió atenderlos. Fue al garaje, en donde estaba esperándolo un amigo. En el baúl de su coche salió sin ser visto. Tres horas después, los agentes de seguridad prohibieron la salida a todos. Entre ellos estaba su mujer, Myriam Bunin, redactora de TV Todo; la encerraron en una oficina, pero no pudieron sacarle información sobre su paradero”. En: http://www.impunidad.com/index.php?columnas=6&idioma=sp [Fecha de consulta: 20/06/2013].
[21] En el mismo sentido se manifestaba el dirigente radical Hipólito Solari Yrigoyen (1984: 181):“el mantenimiento del estado de sitio les permite a los militares guardar todas las riendas del poder en sus manos y disponer de un aparato que les garantiza impunidad para todos sus excesos (…) El interés nacional exige el levantamiento de una medida que es absolutamente ilegal ya que no existen ni la conmoción interior ni el ataque exterior, que la Constitución requiere para imponerla”.
[22] A partir de situaciones de esta índole, la subdirectora de la revista Redacción, Emiliana López Saavedra (1984: 212, T.2), en una entrevista efectuada en octubre de 1982, consultaba al dirigente justicialista Antonio Cafiero: “¿A qué le parece que se debe el recrudecimiento de la censura? [respuesta] -‘Es lamentable que se piense que si se retorna a un juego democrático se va a poder practicar este tipo de censura. Pienso que esto es un paso en falso que ha dado el gobierno militar. Los militares tienen que empezar a acostumbrarse a recibir críticas y a que se ventilen públicamente muchas cosas que no van a resultar agradables a los oídos de las fuerzas armadas. Pero este es el precio que vamos a tener que pagar para vivir en democracia’”.
[23] En relación con los aspectos restrictivos que sufrió la transmisión televisiva, Somos (19/3/1983) no dejaba lugar a dobles lecturas: “en Buenos Aires el clima se seguía enturbiando. Desde la SIP se dispuso la censura de imágenes de Fidel Castro y Arafat en la televisión. Habían sido remitidas desde Nueva Delhi por los equipos de ATC. ‘La imagen de Fidel Castro ya había sido pasada por los canales de manera que cuando vuelven a venir otras, entendía que no tenía sentido volver a pasarlas’, dijo el capitán de navío Héctor de Pirro, subsecretario operativo de la SIP. Y con respecto a las imágenes del líder de la OLP añadió: ‘Con independencia absoluta del apoyo que en el orden internacional puede o no dar (Arafat), después de haber visto fotografías y de tener conocimiento –como tiene todo el país- del apoyo que ha proporcionado Yasser Arafat a la guerrilla y a la subversión, entiendo que no es una imagen que se puede transmitir con respeto de la opinión pública mayoritaria que, evidentemente, no está de acuerdo con la violencia. Es por eso que dispuse esa medida’”.
