| César Luis Díaz y otros |
El Día frente a las políticas censorias
durante la transición democrática*
durante la transición democrática*
Palabras clave
El Día - Dictadura - Papel Prensa - Editoriales
La justificación mediática del golpe de Estado de 1976 (Díaz, 2002) y la legitimación del “proceso” resultaron insuficientes para garantizar inmunidad al periodismo gráfico frente a las políticas comunicacionales negativas[1] ejecutadas por la última dictadura militar. Así, la desaparición y el asesinato de un centenar de hombres y mujeres de prensa, el cierre de Medios, o bien su sometimiento a la censura (previa y/o punitiva) y la consiguiente autocensura; fueron algunas de las más elocuentes manifestaciones del terrorismo de Estado (Díaz, Giménez, Passaro, 2002, 2005b). No obstante el marco represivo, algunos de sus exponentes, en particular los que hemos designado como “no socios” del Estado en la empresa Papel Prensa S.A. (La Prensa , The Buenos Aires Herald y El Día), se posicionaron como impugnadores de algunas medidas dictatoriales, comportamiento que motivó su inclusión en lo que identificamos como periodismo pendular (Díaz, 2009). En el mismo sentido, procuraron alentar el debate público en el país durante esos luctuosos años; intención que cobró nuevos bríos al finalizar la guerra de Malvinas e iniciarse la etapa de la transición hacia la democracia cuando sus columnas institucionales puntualizaron los asuntos que entendían de tratamiento prioritario.
Uno de los temas más jerarquizados fue el de la libertad de expresión, problemática que examinaremos en este artículo considerando los 22 editoriales que el diario platense El Día publicó durante la transición democrática pos Malvinas (14/6/82-10/12/83). En ese periodo de descomposición del proceso (Quiroga, 2004) renunció L. Galtieri luego del fracaso bélico -15/6/1982- y tras unos días de acefalía fue designado como su sucesor -el 22/6/1982- el general R. Bignone, quién finalmente asumió el 1/7/82. Iniciaba su “mandato” enfrentando la crisis institucional más grave del Estado autoritario (Quiroga, 2005: 79) al haberse fracturado la Junta , quiebre resuelto en septiembre (Canelo, 2008). El cuarto dictador debía solucionar fundamentalmente la rápida, y al final desordenada, salida militar del gobierno para 1984; por lo que sería el encargado de efectuar la convocatoria a elecciones generales fijadas para el 30 de octubre de 1983 cuyo vencedor sería R. Alfonsín. La gravedad de la coyuntura sin embargo no impidió a R. Bignone mantener vigentes las medidas represivas contra los Medios y hombres de prensa, ya advertidas por el matutino platense desde los albores del proceso (Díaz, Passaro, 2001; 2005; Díaz, Giménez, Passaro, 2005c). Inclusive sostuvo editorialmente esas denuncias durante el conflicto del Beagle (Díaz, Giménez, Passaro, 2005a) y la guerra contra Gran Bretaña cuando, a pesar de coincidir con la reivindicación de los derechos argentinos sobre las Islas, manifestaba su preocupación ante los peligros que acechaban a la actividad periodística, tanto por directivas emanadas del poder militar cuanto por las iniciativas de otros sectores, como el sindicalismo[2]. Esta peculiar línea editorial es la que justifica su inclusión en el grupo de Medios calificados como periodismo pendular.
Ley de Radiodifusión 22.285 y las privatizaciones
Durante el derrumbe del proceso la legislación restrictiva sobre los Medios fue incluida en la agenda editorial del matutino platense, preocupación evidenciada en su columna durante los primeros cinco años de la dictadura (Díaz, Giménez, Passaro, 2002, 2003, 2004a), incluyendo a la misma ley de Radiodifusión 22.285 (Díaz, Giménez, Passaro, 2006). Seguramente los aires favorables a una apertura institucional y la oxigenación del espacio público a través de la multiplicación de los debates alentaron al matutino platense para que, a través de una nota admonitoria, recordara a R. Bignone la imperiosa necesidad de concretar una de las demandas más importantes que efectuara a las autoridades militares, la “privatización de los canales de televisión metropolitanos” (21/6/82). En ese sentido, si bien elogiaba el anuncio oficial aprovechaba para reprocharle al alocutario castrense la inacción de los seis primeros años.
En esta etapa, su estrategia discursiva buscaba provocar un doble efecto: por un lado, advertir al dictador que para demostrar su sincero empeño en fortalecer la transición hacia la democracia debía promover la difusión de las más variadas opiniones, y por otro lado, instalar la idea de que ello sólo sería posible si se privatizaban los Medios Estatales para alcanzar la pluralidad informativa que garantizaban aquéllos administrados por particulares (Díaz, Giménez, 2005d). Ahora bien, como la desestatización debía efectuarse sin condicionamientos planteaba la necesidad de reformar de la Ley de Radiodifusión 22.285, a la que consideraba inconstitucional[3] pero paradójicamente no porque hubiese sido aprobada por un gobierno de facto sino porque prohibía a los propietarios de Medios Gráficos participar en la titularidad de emisoras radiales y televisivas. Citaba a la ADEPA como principio de autoridad con el fin de emplazar a su alocutario a que rectificara la normativa antes de la ejecución del “plan oportunamente delineado que prevé para fines de 1983” a efectos de concretar “la restitución a manos privadas de tres canales de televisión metropolitanos” (21/6/82). Resulta evidente que el interés del matutino y de la entidad periodística se concentraba en la participación de nuevos oferentes, por lo que la inclusión del sintagma “restitución” aludía a todos los posibles oferentes, dejando de lado los reclamos efectuados desde 1974 por los antiguos permisionarios (Sirven, 1996, 1998).
Similar tono le imprimiría a su columna institucional cuando, con un titular connotativo “¡Era Hora!”, procuraba presionar a su alocutario. La exclamación refería a la decisión del PEN de acelerar el proceso de los concursos para la adjudicación de las ondas, sin embargo reiteraba su crítica a la indolencia gubernativa respecto de la privatización de Medios, al tiempo que le recordaba los “incesantes reclamos en procura de que se desarticulara el asfixiante monopolio estatal en materia de radiodifusión y televisión”. Su mensaje volvía a emparentar la administración privada de Medios con el pluralismo, en particular en esa coyuntura de transición hacia la democracia, y citando nuevamente a la ADEPA como principio de autoridad, con el fin de insistir en que la modificación de la ley 22.285 debía “concretarse cuanto antes, para permitir a los ahora interdictos una participación efectiva en los concursos que han de realizarse” (23/8/82). Consideraba que la norma impedía trabajar a los mejores profesionales perjudicando al ciudadano que era en definitiva el único juez del mensaje mediático. En igual sentido, aseveraba que la subsistencia de un aparato estatal de difusión sería perniciosa para los intereses de la ciudadanía pues no cumplía “ninguna función prevista en el ordenamiento jurídico propio del sistema democrático y, por lo tanto, debe ser disuelto” (16/10/82).
Los infructuosos reclamos de los empresarios y del matutino fueron analizados en una nota institucional titulada subjetivamente: “¿Persistencia en el error?”. En esta oportunidad El Día exhibía las contradicciones del cuarto dictador del proceso quien, no obstante sus afirmaciones iniciales, había suspendido los llamados a concurso para la privatización de las emisoras de Radiofonía y Televisión en este caso, según se rumoreaba, con el “motivo ostensible de revisar la norma contenida en el artículo 45, inciso E, de la ley 22.285” que vedaba la participación en esas licitaciones a quienes tuvieran “vinculación jurídica o económica con empresas periodísticas”[4]. La dilación no fue elogiada por el diario, por el contrario, generó un discurso crítico que además cuestionaba la falta de información oficial y, en consecuencia, la proliferación de rumores poco alentadores en torno al tema. Frente a ese escenario, el diario seguiría postulando la inconstitucionalidad de la norma pues violaba el principio de igualdad ante la ley, al tiempo que volvía a sentenciar que los inhibidos de formar parte de los Medios radiales y televisivos eran “personas específicamente capacitadas para la labor que debe desarrollarse en un Medio de Comunicación”. Por último, agregaría admonitoriamente una nueva razón para promover la impugnación: “abre un futuro de inseguridad jurídica, ya que son muchos los que podrán, con respaldo legal harto sólido, formular reclamos ante la justicia por su injustificada exclusión de los concursos” (20/3/83). De lo cual puede colegirse una suerte de advertencia no sólo ceñida a la etapa de transición institucional del país sino también para el futuro gobierno constitucional.
La inclusión en la agenda editorial del reclamo dirigido a la dictadura en pos de la modificación de la Ley de Radiodifusión se extendió hasta principios de 1983, quizás no sólo por la falta de eco hallado en las autoridades sino también por la inminencia de otras problemáticas que preocupaban al diario entonces y de las que daremos cuenta en los siguientes apartados.
Las amenazas contra los periodistas
Como lo anticipamos, durante la etapa finidictatorial fueron varias las vicisitudes que debió afrontar el periodismo vernáculo, entre las cuales las amenazas dirigidas contra sus trabajadores lamentablemente no estuvieron ausentes. El matutino platense las jerarquizó mediante un estilo crítico hacia los responsables de los atropellos, combinado con el admonitorio, para advertir al gobierno su responsabilidad de evitarlos o bien reprimirlos y recordarle su compromiso con la normalización institucional.
La primera acusación que registramos fue el hostigamiento soportado por una “renombrada periodista” (amenazas telefónicas, intimidaciones, seguimientos) aunque la nota omitiera mencionar la identidad de la víctima[5]. Entendía que “la nación entera” (autoridades y ciudadanos) se había manifestado unívocamente a favor de la democracia aunque para alcanzarla debiera enfrentar al “otro antagónico” expresado por los “grupos que se obstinan en entorpecer”, que se empeñaban en “fomentar la sensación de miedo que durante tanto tiempo amordazó al país”, aquellos que provocaban un “desaliento difícil de desterrar”. El diario, como el discurso social predominante, no abandonaba la lógica binaria nosotros-ellos generalizada desde antes del golpe y, en particular, desde 1976 cuando animaba a la ciudadanía a estrechar filas junto a las autoridades contra el “enemigo subversivo” (Díaz, Giménez, Passaro, 2009b). Sin embargo, en este caso su construcción discursiva resignificaba el concepto de “ellos” ya que insinuaba que, en el camino hacia la normalización institucional, la amenaza provenía de un sector de los “antiguos aliados” reapareciendo cuando “la ciudadanía está comenzando a ejercer su derecho a discrepar”, comportamiento que debía ser “protegido y alentado desde los distintos organismos gubernativos, si de veras se quiere volver a la República ”. Concluía reclamando a las autoridades en forma admonitoria que “los órganos de seguridad, que en tantas oportunidades han dado pruebas de su capacidad para la prevención y represión de los delitos, pongan el máximo de empeño y de severidad en la tarea de asegurar, para todos los argentinos, el libre y pleno ejercicio de sus derechos, y particularmente, del derecho a opinar” (3/9/82). En esta oportunidad, el estilo admonitorio combinado con el apologético, para quienes actuaron como el brazo operativo de las políticas comunicacionales negativas ejecutadas durante la dictadura, estaba destinado a remarcar que los miembros de esos cuerpos armados pertenecían al supuesto “nosotros” que alentaba la transición a la democracia y por lo tanto representaban el presente y el futuro, a diferencia de “ellos”, los grupos minoritarios que expresaban el pasado al cual no había que volver, marcando de ese modo aún más el desprecio y el rigor con el cual los condenaba[6].
Otra situación similar sería registrada en la columna institucional, cuando denunciaba no sólo las “amenazas y presiones más o menos encubiertas (…) a periodistas”[7], cuyos nombres eran omitidos al igual que el caso anterior y tal vez para no exponerlos aún más, sino además el hallazgo sin vida del publicista Marcelo Dupont[8]. Exponía la inquietud que le generaba el impacto social de la noticia, ya que los ciudadanos “volvieron a sentirse a merced de fuerzas ocultas, capaces de decidir por sí y ante sí, la vida y la muerte, al margen de las instituciones, del gobierno, y de la voluntad compartida por todos los sectores de alcanzar la paz, la armonía, y la posibilidad de alejar definitivamente las sombras que ahogaron tantos años de la vida argentina” al tiempo de advertir que perseguían “retrotraerlo -al país- al clima de terror que ya parecía superado”. Para no dejar lugar a dobles lecturas, comparaba el accionar de estos agresores anónimos con los de las ya desarticuladas organizaciones armadas, cuando sentenciaba que eran “el residuo del veneno instalado por el terrorismo en el organismo de la nación, que perdura después de su derrota material. La subversión sabía muy bien, cuando montaba sus ‘juicios revolucionarios’”[9]. De igual modo no se privaba de recordarle al alocutario castrense que habían “prometido a la nación un futuro democrático y mientras subsistan los residuos del terror, no podrá haber democracia, ni futuro” (9/10/82). Como puede observarse el cierre de la nota incluía una apelación categórica sobre el antagonismo que enfrentaba al matutino platense con el “enemigo”, no ya de los periodistas o de la democracia, sino de toda posibilidad de destino para el país. No obstante ello, nótese que no había abandonado la lógica argumentativa de la teoría de los dos demonios.
La debilidad del gobierno militar sin embargo no hizo mella en la implementación de medidas represivas jerarquizadas en las notas editoriales. De esta manera, la detención de J. Fontevecchia, director de la revista La Semana , mereció un artículo crítico-admonitorio también encabezado con un titular subjetivo: “Una determinación de extraordinaria gravedad”. Empero resulta llamativo que en la introducción afirmara que constituía un hecho “prácticamente inédito en la historia reciente del país y resulta difícil incluso recordar antecedentes similares en épocas anteriores”[10]. Como si hubiese sido afectado por un ataque de amnesia, el matutino platense olvidaba que no habían sido pocos los directores de Medios que perdieron la libertad y aún la vida desde 1976; muchos de los cuales había registrado en esta misma columna. Continuaba la critica nota, en esta oportunidad tomando como principio de autoridad a la Sociedad Interamericana de Prensa, para señalar que precisamente ese día, y sin conocimiento de lo ocurrido, había publicado una declaración condenatoria de las vicisitudes padecidas por el periodismo argentino: “‘la vigencia de injustas disposiciones legales, por atentados y por medidas gubernamentales aplicadas a diversas publicaciones, así como por el mantenimiento del estado de sitio’”. En este caso, como en los anteriores, el diario rechazaba la afrenta por considerarla violatoria de la Constitución Nacionalla Junta Militar exponiendo sus propios argumentos sobre la democratización del país: “la plena vigencia de la libertad de prensa y del derecho de la ciudadanía a informarse –dos caras de la misma moneda- es un ingrediente indispensable del sistema que el Gobierno manifiesta querer restaurar” (26/3/83). Asimismo el matutino resaltaba las contradicciones en que incurría: al atacar a los hombres de prensa, la dictadura se convertía en el principal obstáculo de la meta que decía querer alcanzar, la institucionalización democrática del país.
La persistencia en las acciones intimidatorias se mantuvo mucho después de la derrota bélica. En consecuencia, al cumplirse el primer aniversario del desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, la columna institucional volvía a repudiar el regreso del pasado reciente –como si fuese parte de un pasado lejano y no se estuviera transitando aún parte del mismo proceso- a través de una sigla que había aterrorizado a hombres y mujeres de los ámbitos artísticos, académicos, periodísticos. En este caso “personas que manifestaron pertenecer a la Triple A formularon amenazas telefónicas” dirigidas contra miembros de órganos periodísticos de lengua inglesa, así como también ciudadanos británicos que vivían en nuestro país[11] y un atentado con bombas incendiarias al domicilio del padre de J. Fontevecchia. En concordancia con la línea argumental exhibida, el matutino platense no sólo afirmaba que constituían un peligro para el periodismo sino que, en esta coyuntura, boicoteaban la transición mediante “una verdadera campaña que viene a deteriorar gravemente el proceso de normalización en que está embarcado el país”. A esa “campaña” que tanto preocupaba al matutino platense se le sumaba el accionar de la propia dictadura “que con tanta diligencia han secuestrado ediciones o clausurado publicaciones con el argumento de que ‘desestabilizan’, o ‘afectan el proceso de democratización’”. Concluía exponiendo su repudio ante las medidas represivas: “nada puede desestabilizar más que la noción de que el Gobierno no está en condiciones de asegurar el respeto por los derechos elementales a todos los que habitan el territorio nacional” (24/4/83). Sin dudas, la severidad en la crítica daba cuenta de la exclusión de los militares dentro de la representación del “nosotros” inicial que había construido en su discurso, cuando con el golpe depositó su confianza en los uniformados para la “reinstauración de un orden legal” en el país (Díaz, Passaro, 2002).
Aún después de realizados los comicios que el 30 de octubre de 1983, los grupos de tareas seguirían operando gracias a la impunidad del terrorismo de Estado. Las nuevas víctimas en este caso serían dos redactores de la revista quincenal Testigo[12], de quienes no brindaba datos filiatorios. Tampoco arriesgaba sobre los posibles responsables de la amenaza aunque informaba, a modo de pista, que ambos cronistas eran “autores de una nota sobre la policía”. Al momento de calificar a los ejecutores del atropello, reiteraba conceptos comunes en su columna institucional sindicando a tiempos pasados en los que “la seguridad y la vida de los argentinos dependieron, a veces del capricho de los violentos". Como en otras ocasiones, reclamaba mediante un estilo admonitorio la urgente intervención de las autoridades para esclarecer los hechos que “enturbian” la transición, sugiriéndoles “eliminar definitivamente los núcleos que se oponen a la vigencia sin retaceos del orden jurídico” (26/11/83). El tenor del mensaje permite dudar si el señalamiento respondía a sospechas sobre la responsabilidad directa en el hecho, pues era sabido que muchos grupos represivos operaban en nombre de los considerados “subversivos”, por caso Montoneros, tal como ocurrió con las amenazas que recibiera el ex director del Herald en 1979, Robert Cox, y que motivaron su alejamiento del país; o bien a las atribuciones formales del uso del monopolio de la fuerza para reprimir actos ilegales que le corresponde legítima y legalmente al Estado.
Las clausuras y los atentados contra los Medios
Otro de los tópicos relacionados con las políticas punitivas desplegadas por la dictadura durante la transición estuvo vinculado con las embestidas sobre los Medios de Comunicación. Coherente con sus estrategias argumentativas, para ejercer la defensa de la libertad de expresión fundó sus juicios en el principio de autoridad que le brindaba la ADEPA. ElLa Semana , dirigida por el ya perseguido J. Fontevecchia, al cual catalogó desde el mismo título de la columna como “Una clausura injustificable”[13]. Asimismo, incluía su estrategia más usual en esta etapa, la auto referencialidad, al evocar un editorial que había publicado nada menos que en las puertas del derrumbe del gobierno constitucional de Isabel Perón. Curioso parangón se animaba a plantear entre dos momentos de transición a todas luces antagónicos, tales como los que expresaban la pérdida de la democracia (por inepta que pudiera reputarse a quien ejercía el poder ejecutivo) a manos de una dictadura y el cambio que devenía ante el retroceso de un gobierno ejecutor del terrorismo de Estado a través de la recuperación de la soberanía popular. En efecto, equiparaba la restricción impuesta a La Opinión[14] en febrero de 1976 con la que en 1982 sufría La Semana. La analogía de las conductas gubernamentales, que tenía como fin desjerarquizar al gobierno militar al compararlo con el justicialista, era expresada con calificativos condenatorios como la “falta de comprensión” o bien la persistencia en viejos “vicios”, característicos de la “falta de autoridad” (31/10/82), frente a los cuales esgrimía como principio de autoridad la Constitución Nacional[15], reclamando de manera admonitoria a las autoridades que rectificaran su conducta si pretendían que la ciudadanía las respaldara durante el tránsito hacia la democracia.
Una nueva nota serviría para dar cuenta del inocultable contraste entre la falsa vocación democratizadora de los jefes castrenses y su comportamiento. El diario se lamentaría sobre un nuevo atropello contra la libertad de prensa, y reafirmando la estrategia autorreferencial, repetía a un alocutario gubernamental:
[Los términos empleados el 31 de octubre] ante la medida adoptada en perjuicio de ‘Humor’[16], podrían reiterarse. Entonces, como ahora, los fundamentos de las medidas restrictivas, aluden a ‘finalidades perturbadoras’ o a ‘actividades disociadoras’ o a otras del arsenal de expresiones ambiguas que se han tornado habituales[17].
La crítica despiadada hacia los militares que se veían de esta forma parangonados con el tercer gobierno peronista (ambos en un momento de decadencia), advertía sobre lo peligrosos que podían volverse para la vida de los Medios Gráficos los administradores del PEN en caída libre cuando invocaban la defensa del orden o de la autoridad. Así, recostándose en el liberalismo doctrinario, invocaría como principio de autoridad a D. Vélez Sarsfield quién privilegiaba por encima de un supuesto “orden” la libertad de expresión[18]. En total consonancia con el autor del Código Civil, pero ciñéndose a la actualidad en la que le tocaba intervenir, el diario enfatizaba que “sólo la libre discusión por la prensa puede hacer formar el juicio sobre la administración o sobre los hechos políticos que deban influir en la suerte de un país” (13/1/83). Dejando sentado nuevamente que la vitalidad del país dependía de la situación de su periodismo.
Un mes después, la persistencia de las agresiones a los Medios motivó la editorialización sobre la “Ofensiva contra la libertad de prensa”. Entonces, reconocía que las agresiones examinadas estaban lejos de ser “inéditas en nuestro país” (como un mes después consideraría la detención de J. Fontevecchia) y evaluaba que la prosecución sistemática de los procedimientos restrictivos evidenciaba el “recrudecimiento de una ofensiva gubernamental” contra los Medios Gráficos. El último de ellos fue el secuestro del Nº 11 de la revista Quórum[19] el cual constituía “un eslabón más de la extensa historia –escrita con particular asiduidad en los últimos meses- de violaciones al fundamental derecho de la ciudadanía a informarse”. Este juicio se probaba con la enumeración de los atropellos del PEN producidos en “los últimos cinco meses con las revistas ‘La Semana ’, ‘Línea’ [20], ‘Humor’ y la que hoy nos vuelve a ocupar”. El enunciado editorial volvía a contrastar la incongruencia de esta conducta con las afirmaciones gubernamentales de que “el país avanza inexorablemente hacia la democracia”, máxime cuando habían circulado trascendidos acerca de la intención oficial de aprobar una “ley de prensa que incluirá severas sanciones para quienes cometiesen presuntos delitos a través de ella”[21]. La sola posibilidad de concretar esta medida, que reforzaría la sistematización del discurso censorio implementada desde 1974 y en particular entre 1976 y 1983 (Avellaneda, 1986), motivó un cuestionamiento que apelaba a la auto referencialidad:
Bien vale reiterar los conceptos emitidos aquí en 6 de octubre de 1974, en oportunidad de haberse promulgado la Ley 20.840, que también contenía prescripciones acerca de la prensa: ‘Lo que no puede hacer jamás un Estado es restringir la libertad, en nombre de la libertad misma’” (14/2/83)[22].
Cabe mencionar que en esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido ante otros atropellos gubernamentales, no empleó la Constitución Nacional
Despejadas todas las inquietudes sobre una supuesta promulgación de una norma destinada a restringir aún más al periodismo, el matutino platense incluyó en su columna institucional otra nota dirigida a repudiar un atentado contra un Medio Gráfico. En este caso se trataba de la revista mensual El Porteño cuyas instalaciones sufrieron el estallido de un artefacto explosivo de gran magnitud, el cual había provocado asimismo heridas en dos personas que se encontraban en cercanías del edificio afectado[23]. El diario expresaba su indignación y retomaba conceptos ya vertidos para definir este atropello que “viene a sumarse a una cadena de hostigamiento, presiones, ataques y otros hechos que concurren en desmedro del libre ejercicio de la tarea periodística”. Si en las anteriores notas elegía contrastar estos hechos con declaraciones oficiales respecto de la transición, ante la inminencia de los comicios se centraba en los intereses de la ciudadanía y reclamaba “Sólo el funcionamiento de una prensa sin restricciones que refleje en su conjunto los más diversos enfoques -cada ciudadano- podrá realizar su elección, no sólo ante la circunstancia comicial sino frente a cada una de las que antes y después, requieran su participación” (14/8/83). Nótese que el mensaje no se limitaba al acto electoral o a la transición, sino que anticipaba la jerarquía que debería otorgarse a la función de los Medios en la consolidación del protagonismo ciudadano en el fortalecimiento del sistema institucional del país.
El Día contra Papel Prensa
Entre las políticas comunicacionales negativas de la dictadura objetadas editorialmente por el diario platense, incluimos a la conformación de Papel Prensa S.A. En efecto, desde que se hiciera pública la sociedad formada por La Nación , La Razón y Clarín con el Estado dictatorial en mayo de 1977, fue objeto de numerosas notas críticas cuyo argumento central consistía en la falta de independencia de un Medio asociado con el Estado y la inequidad que implicaba la empresa papelera favoreciendo a sus propietarios periodísticos en detrimento del resto de los colegas a quienes perjudicaba su calidad de “no socios” (Díaz, Giménez, Passaro, 2008; Díaz, Passaro, 2009).
Durante la “descomposición del proceso” los enunciados editoriales denunciaron algunos de los mecanismos predilectos que utilizaba la Sociedad contra el resto del periodismo gráfico argentino. Por un lado, el valor antojadizo puesto unilateralmente por la única proveedora nacional en condiciones de proporcionar el insumo vital para la prensa gráfica. Además, lo oneroso que resultaba para las empresas periodísticas la presión fiscal ejercida sobre el papel importado al cual debían recurrir los “no socios” para poder salir a la calle. Esta lucha, en la que El Día concentraba buena parte de su esfuerzo, reforzaba sus cuestionamientos apelando en forma reiterada a la ADEPA como principio de autoridad para interpelar a la dictadura en materia comunicacional[24]. En este punto, cabe recordar que la conformación de la monopólica papelera impactó a tal punto en el seno de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) que llevó a la renuncia de quienes habían sido sus fundadores[25] (La Nación , La Razón y Clarín).
Las situaciones previstas por el matutino y denunciadas desde 1977 fueron jerarquizadas nuevamente en la etapa analizada con el fin de dar cuenta de los avatares a los cuales se veía sometida la prensa en nuestro país. Por caso, hacía suyas las expresiones incluidas en un documento de la ADEPA contra la papelera que resultaba beneficiada por “el mantenimiento del desmesurado arancel a la importación del papel de diario en beneficio de una empresa deficitaria y antieconómica”. Si bien el disconformismo planteaba los perjuicios financieros que afectaban a los competidores de los tres diarios “socios” también se fundaba en la defensa de “la responsabilidad que el periodismo tiene en la lucha por recuperar la vida democrática, reclamando, sin ambigüedades, la vigencia de condiciones que permitan a los diarios brindar el caudal informativo indispensable para que la ciudadanía pueda pronunciarse” (16/10/82). Con lo cual dejaba entrever que su demanda no obedecía a un comportamiento corporativo o de exclusiva defensa gremial de los intereses de un sector, sino a la preocupación por la calidad institucional del país.
Este recurrente reclamo también se presentaría a través de enunciados construidos con un discurso patológico (Rodrigo Alsina, 1991: 81-83), tales como los del título de la nota “Además de nocivo, irracional”. De esta manera, descalificaba el accionar de la firma Papel Prensa S.A., a quien le insumían sesenta días una provisión, mientras que la importación requería “un término aproximado a un mes. Es claro que, en este último caso, con el incremento del 38 por ciento derivado de la necesidad de abonar el arancel fijado por las autoridades como barrera protectora para la empresa local”. Estos inconvenientes y dilaciones, constituían un escollo insalvable para los “no socios”, por lo cual exigía a las autoridades, de manera admonitoria, que terminaran con ese “mecanismo lesivo para el amplio desempeño del deber de informar y el pleno ejercicio del derecho de la ciudadanía a informarse” (23/1/83).
Cuando El Día se aprestaba a ingresar a su primer centenario lejos de publicar un mensaje celebratorio aprovechaba para señalar, entre otros abusos, la situación de asfixia a la cual sometía la empresa papelera al periodismo gráfico nacional debido al “desmesurado” precio del papel local, además del importado (altamente arancelado) sin dejar de mencionar “las estrecheces económicas que sufren los lectores y los avisadores, todo lo cual conduce a un lento, pero inexorable estrangulamiento”. Puede notarse que en simultáneo al perjuicio económico soportado por los Medios Gráficos, El Día deslizaba una crítica a la crisis económica del país personalizada en lectores y avisadores. Concluía la columna de manera autorreferencial expresando su anhelo de “culminar su primer siglo de vida brindando su aporte para recrear las condiciones para la vida en democracia” (2/3/83)[26].
Un mes después publicaría una nota que analizaba un fallo reciente de la Corte Suprema de los Estados Unidos por el cual se declaraba la inconstitucionalidad de un impuesto aplicado por el Estado de Minnesota sobre el papel para diarios y la tinta de impresión, por considerar que constituía una amenaza contra la libertad de prensa. En realidad el editorial servía como excusa para volver a exponer la crítica situación atravesada por los Medios Nacionales[27] y su impacto no sólo para las empresa periodísticas sino para la sociedad:
El arancel argentino no constituye como el considerado inconstitucional por la Corte estadounidense, una mera amenaza, sino un daño presente y actual que se infiere a la prensa y en perjuicio de la posibilidad de que el país cuente con ‘un público informado’, que, como bien afirma el tribunal en el fallo comentado, ‘es la esencia de una democracia en funcionamiento’ (9/4/83).
El editorial de despedida del último gobierno dictatorial optó por un estilo explicativo combinado con una serie de inflexiones que permiten entrever el agotamiento de la moderación con la cual venía expresándose. En este caso, el matutino platense volvía a cargar las tintas sobre las medidas de supuesto saneamiento de la economía nacional, adoptadas por el ministerio de Hacienda, y que repercutían negativamente en buena parte del universo periodístico nacional. Para ello, como en otras ocasiones, valiéndose del principio de autoridad de la ADEPA , denunciaba que “el aumento del 49,37% en el precio del papel nacional para diarios autorizado en los últimos 24 días por la secretaría de comercio de la Nación , triplica el crecimiento operado en el mismo lapso en el costo de la vida, que fue del 16%”. La presión económica sufrida por los Medios era agravada por la “prohibición vigente de importar mercaderías desde el exterior” que, por supuesto, también recaía sobre el papel para diarios; en consecuencia la compra del insumo al productor monopólico nacional se volvía la única opción viable “para poder continuar sirviendo a los lectores empobrecidos” que eran los destinatarios del esfuerzo empresarial de El Día. A una semana de efectuados los comicios generales, volvía analizar la medida de “estrangulamiento” hacia los Medios, referida en la nota anterior, concluyendo: “es lamentable que esto ocurra cuando renace la República y cuando los diarios acaban de desempeñar un papel preponderante en el retorno a la democracia” (6/11/83). Un argumento sensible y válido en ese contexto pues de este modo se limitaba el acceso de la ciudadanía al pluralismo informativo indispensable para formar un juicio sobre la democracia y los gobernantes.
Hasta el último día de la dictadura el diario platense se ocuparía de la espuria relación del estado y sus “socios” periodísticos en la monopólica papelera. Un particular título subjetivo, “Hasta el último minuto” (9/12/83), daba cuenta del poco disimulado esfuerzo de las autoridades para “consolidar la situación de la empresa papelera y fortalecer su dominio sobre el mercado interno”. En esta oportunidad daba cuenta de la resolución 1395, mantenida en secreto por el ministro de Economía pues estipulaba el traspaso total de la empresa papelera a los “socios” periodísticos. Calificaba la decisión como una “deformación” que introducía en el mercado a los “no socios” en calidad de “consumidores que son virtuales prisioneros en el encierro creado por las resoluciones de las autoridades”. La indignación que le provocaba esta nueva pero no menos arbitraria decisión -razonable para quien tuviera una percepción más certera de la verdadera significación del poder dictatorial- fue explicitada en el final de la nota cuando acusaba a los militares de reiterar “la tozuda decisión de favorecer hasta el último minuto a Papel Prensa, ciegos y sordos al deterioro de la prensa independiente, cuya destrucción paulatina amenaza el cabal desenvolvimiento de la democracia recuperada” (9/12/83). Claro que debe entenderse por Papel Prensa a La Nación , La Razón y Clarín que fueron los principales beneficiarios de la dictatorial medida.
Consideraciones finales
Durante la gestión de Bignone, El Día consideró en su agenda editorial que la defensa de la libertad de prensa y de expresión condicionaba de manera inequívoca el destino de la transición a la democracia. En consecuencia, si el matutino jerarquizó esta temática en forma sistemática durante los años más duros de la dictadura, con más razón en esta etapa continuó analizándolo.
Las acciones oficiales que avasallaban el libre ejercicio de la prensa eran condenas con argumentos que incluían como fuentes de autoridad a la ADEPA , la auto referencialidad y, en menor medida, a la SIP. El discurso editorial crítico-admonitorio evidenciaba que, más allá de las declaraciones oficiales acerca de su compromiso con la institucionalización, y no obstante el debilitamiento del último dictador y su gobierno, las medidas oficiales las refutaban. Sin embargo, el diario se veía impedido, quizás por su contemporaneidad, de considerar que esa aparente contradicción no era tal, pues la verdadera naturaleza del terrorismo de estado le impedía abandonar la política comunicacional negativa ampliada desde 1976. Como el matutino interpretaba que la vigencia de las medidas represivas arriesgaban el devenir del camino a la institucionalización, denunciaba las amenazas y detenciones de periodistas, el cierre y atentados contra Medios; del mismo modo que cuestionaba, como desde 1977, el monopolio de Papel Prensa, dando cuenta del perjuicio que producía a los Medios Gráficos sin nombrar a los “socios” periodísticos del Estado terrorista.
Además, señalaremos algunas peculiaridades de su discurso editorial que motivan su inclusión en el periodismo pendular. Por caso, si bien el diario platense jerarquizaba las intimidaciones y agresiones sobre el universo periodístico lo hacía a través de explicaciones basadas en la teoría de los dos demonios, y en consecuencia construía sus enunciados basándose en una lógica binaria -ellos/nosotros- de interpretación. Así y todo puede inferirse que la representación del nosotros construida en editoriales no incluía a todos los militares, como hiciera en los primeros años de la dictadura, pues sugería que los autores de las agresiones eran “grupos” que querían volver al pasado. En ese sentido, mencionaba el regreso de la “sensación del miedo” frente a las intimidaciones, ligándolo al periodo previo al golpe e inmediatamente posterior al mismo, evaluando que entonces, en 1983, momento en que aún transcurría la dictadura, se había superado el terror que invadió a la sociedad al implementarse el poder desaparecedor.
En tanto, el principal cuestionamiento que el matutino exponía con respecto a la Ley de Radiodifusión era su “inconstitucionalidad” debido a la limitación que establecía a los propietarios de Medios Gráficos para acceder a la titularidad de emisoras radiales y televisivas y limitando así la pluralidad informativa, por lo que insistía en la derogación del articulo 45 Inc. E. En ningún momento expuso que la ilegalidad de la norma estaba dada por el carácter ilegítimo del gobierno que la aprobara.
Por último, diremos para ratificar nociones analíticas incorporadas por nosotros que, el cotidiano de diagonal 80 confirmaría su carácter de no socio al ejercer un periodismo pendular en oportunidad de examinar editorialmente los efectos nocivos que tenían para el “periodismo independiente argentino” el monopolio de la empresa Papel Prensa que encarecía el insumo básico produciendo quebrantos económicos en el resto de sus colegas.
Bibliografía
AVELLANEDA, A. Censura, autoritarismo y cultura. Argentina: 1960-1983 , Buenos Aires, CEAL, 1986.
BORRAT, H. El periódico, actor político, Barcelona, Gilli, 1989.
CANELO, P. El proceso en su laberinto. La interna de Videla a Bignone, Buenos Aires, Prometeo, 2008.
DÍAZ, C. y GIMÉNEZ, M. “El Día ‘opina’ sobre el sindicalismo y su participación institucional. Desde la muerte de Perón hasta la renuncia de Gelbard”, Segundo Congreso de Historia del Movimiento Obrero, CGTRA, Biblioteca Nacional, 1998.
__________ y PASSARO, M. “Un opositor inesperado. El Día y la libertad de expresión en la última dictadura”, IV Congreso RedCom, 2001.
__________ “La libertad de expresión en la transición a la democracia según La Prensa ” en Anuario de Investigaciones 2010, La Plata , Universidad Nacional de La Plata , Ediciones de Periodismo y Comunicación, 2011.
__________ “Los mensajes del silencio: El Día, Clarín y el golpe de Estado de 1976” . En: C. Díaz. La cuenta regresiva, Buenos Aires, La Crujía , 2002.
__________ La cuenta regresiva, Buenos Aires, La Crujía, 2002.
__________“La intolerancia militar y la problemática comunicacional desde la perspectiva de El Día”, en Actas de V Congreso RedCom, 2003.
__________ “Cuando ni los ‘objetivos’ ni los ‘plazos’ respetaron la libertad de expresión. La legislación entre 1976-1981” , en Anuario de Investigaciones 2003, La Plata , Universidad Nacional de La Plata , Ediciones de Periodismo y Comunicación, 2004.
__________“El día a día del gobierno de Viola”. Ponencia presentada en X Congreso de Historia de los Pueblos, AHPB, Coronel Suárez, 2005.
__________ “Dos dictaduras en el límite de la guerra. El testimonio editorial en el conflicto del Beagle (1977-1979)”, en Question, Periodismo y Comunicación social, 2005.
__________“La asfixia legal a la libertad de expresión durante la dictadura. Desde la asunción de Viola hasta la Guerra de Malvinas (1981-1982)”, en Oficios Terrestres n° 17, La Plata , Universidad Nacional de La Plata , Ediciones de Periodismo y Comunicación, 2005.
__________ “Estrategias censorias de la dictadura. Desde la asunción de Viola hasta la guerra de Malvinas (1981-1982)”, en Anuario de Investigaciones 2004, La Plata , Universidad Nacional de La Plata , Ediciones de Periodismo y Comunicación, 2005.
__________ “Las voces colegiadas en los ‘no socios’ para defender la libertad de prensa durante el proceso”, en Actas de VII Congreso RedCom, 2005.
__________ “La demanda recurrente de El Día a la dictadura: la ley de radiodifusión”, en Revista Question, Facultad de Periodismo y Comunicación social, 2006.
__________ “19 de mayo de 1997. De eso no se habla”, en Anuario de Investigaciones 2006, La Plata , Universidad Nacional de La Plata , Ediciones de Periodismo y Comunicación, 2008.
__________ “Papel Prensa y la dictadura. Una historia de silencios, alianzas y oposiciones”, en Alejandro Verano (comp.), Medios de Comunicación en Argentina: diagnóstico y perspectiva. EPC, La Plata , 2009.
__________ “El Día contra los ‘signos’ de la violencia política (1974-1982)”, en C. Díaz (Dir.). Nos/otros y la violencia política 1974-1982. El Herald, La Prensa y El Día, La Plata , Ediciones al Margen, 2009.
__________ Nos/otros y la violencia política 1974-1982. El Herald, La Prensa y El Día, La Plata , Ediciones al Margen, 2009.
FERREIRA, F. Historia de la censura, Buenos Aires, Norma, 2000.
NOVARO, M. y PALERMO, V. La dictadura militar 1976/1983. Del golpe de estado a la restauración democrática, Buenos Aires, Paidós, 2004.
O’DONNELL, G. y SCHMITTER, P. Transiciones desde un gobierno autoritario, Buenos Aires, Prometeo, 2010.
QUIROGA, H. El tiempo del “Proceso”. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares 1976-1983, Rosario, Fundación Ross, 2003.
__________ “El tiempo del Proceso”, en Suriano, Juan (comp.), Nueva Historia Argentina. Dictadura y democracia (1976-2001), Buenos Aires, Sudamericana, 2005.
RODRIGO ALSINA, M. Los Medios de Comunicación ante el terrorismo. Barcelona, Icaria, 1991.
SIRVEN, P. El rey de la TV , Buenos Aires, Clarín-Aguilar, 1996.
__________ Quien te ha visto y quien te TV, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1998.
[1] Las políticas comunicativas negativas comprenden las medidas de control y fiscalización (censura punitiva y preventiva), prohibiciones, medidas económicas y medidas indirectas adoptadas por el gobierno (Borrat, 1989: 51).
[2] Ya durante la etapa democrática 1973-1976 el matutino sostenía una visión crítica sobre el gremialismo (Díaz, Giménez, 1998).
[3] Durante la guerra el matutino había efectuado el mismo reclamo en el editorial “Cuestiones que es necesario aclarar” (20/5/82).
[4] Fue modificado en 1989, durante la presidencia de Carlos S. Menem, con la Ley de Reforma del Estado, posibilitando la creación del multimedios de Clarín.
[5] Se trataba de Magdalena Ruiz Guiñazú por entonces, como en la actualidad, conductora de un programa en radio Continental.
[6] Recuérdese que a partir de 1979 la posición editorial de El Día y sus colegas “no socios” sufrió un cambio cuando comenzaron a cuestionar diferentes aspectos del “proceso” al sentirse decepcionados por el mismo (Díaz, Giménez, Passaro, 2009a).
[7] Se trataba de José Palozzi y Carlos Mollard quienes entonces investigaban las ramificaciones de la Logia Pla Argentina según había informado El Día el 29/9/1982.
[8] El extinto era hermano de Gregorio Dupont diplomático que fuera querellado por el almirante E. Massera a raíz de la imputación del asesinato de la diplomática Elena Holmberg, ultimada en 1978 después de haber denunciado que la Armada había organizado el Centro Piloto de París para realizar tareas de inteligencia contra los exiliados argentinos utilizando como máscara la embajada Argentina en Francia.
[9] Volvería sobre este paralelismo cuando ante la amenaza sufrida por un juez de la provincia de Buenos Aires “la sombra de la inseguridad que signó la época en la que los argentinos vivieron sometidos a la cotidiana tarea de intimidación ejercida por los grupos terroristas” (30/4/83).
[10] Además, omitiría el tratamiento editorial sobre el atentado perpetrado contra el director del recientemente aparecido diario La Voz , el dirigente del agrupamiento peronista Intransigencia y Movilización, el ex gobernador catamarqueño Vicente L. Saadi, víctima de un atentado por Medio de un artefacto explosivo. De igual modo, apeló al silencio editorial ante el allanamiento que el 21 de junio de 1983 dictó el juez federal Nicasio Dibur sobre las instalaciones del mencionado órgano periodístico.
[11] El diario detallaba que las amenazas fueron proferidas “contra el corresponsal del diario londinense The Times y otros cien ciudadanos británicos residentes en nuestro país; otro presunto miembro de la misma organización intimó, también telefónicamente, al director del diario ‘Buenos Aires Herald’ a abandonar el país en el plazo de 48 horas, porque de lo contrario ‘sería ejecutado’; un grupo autodenominado ‘Comando 2 de Abril’ formuló similares advertencias a los corresponsales de los diarios ingleses ‘Financial Times y ‘Daily Mail’”.
[13] La dictadura clausuró la publicación por Medio del decreto 1075/82, con la excusa de que el n° 313 presentaba en la portada una foto del animador y libretista de TV Gerardo Sofovich posando con una gorra militar. La medida punitiva disponía la restricción desde el 29 de octubre y el juez Mauricio Obarrio la declaró nula en primera instancia el 10 de noviembre de 1982. Años después evocaría los acontecimientos el propio damnificado: “La sociedad había cambiado y había una actitud antigobierno militar. Nosotros hicimos una acción de amparo ante la Justicia y en tres meses conseguimos que la Corte de Justicia reabriera La Semana. Algola Corte del gobierno militar dijera usted se equivocó, tiene que reabrir la circulación (sic), fue fuerte”. (Ferreira, 2000: 397).
[14] Así recordaba El Día lo expresado casi siete años atrás de manera sentenciosa “’nunca fue más imperiosa – decía – para nuestro país la plena vigencia de la libertad de prensa. Si no se tratara de una de las condiciones esenciales del régimen democrático consagrado por fundamentales garantías constitucionales y respaldada por las mejores tradiciones argentinas, las circunstancias que atraviesa la Nación impondrían el más amplio ejercicio del derecho de información’. ‘La reapertura de la política de diálogo – expresaba luego – por parte del gobierno nacional lo mostraría dispuesto a restablecer la concertación de voluntades de acuerdo con principios de unidad nacional que lamentablemente quedaron desvirtuados en los últimos tiempos. Esa búsqueda de la conciliación, única forma, por lo demás, de preservar las instituciones, no se compadece con la aplicación de medidas como la que termina de adoptar el Poder Ejecutivo al disponer el cierre por 10 días de uno de los principales matutinos metropolitanos’” (31/10/82).
[15] Centraba su reclamo en los artículos 14 y 32 pues ambos consagran respectivamente que todos los habitantes de la nación gozan del derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, que el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.
[17] La revista La Semana sería nuevamente secuestrada en marzo de 1983 acusada de publicar “información inexacta sobre las fuerzas armadas”, al tiempo que se ordenó la detención de su director Jorge Fontevecchia quien se asiló en la embajada de Venezuela (Ferreira, 2000: 397).
[18] Señalaba el codificador durante las sesiones de la reforma de la Constitución Nacional
[19] La publicación era dirigida por el ya amenazado periodista José Palozzi y fue clausurada el 2 de noviembre de 1982 por el decreto 1.290. Su esposa y secretaria de redacción de la revista, María Josefina Morales, partiría al exilio tres días más tarde.
[20] Fue clausurada el día 2 de noviembre de 1982 por el decreto 1.289.
[21] Hubo trascendidos de la intención de la Junta Militar de sancionar una Ley de Prensa. El Día, el 13/2/83, reproducía la información de un Medio capitalino que revelaba que la finalidad oficial era que la norma “encuadre legalmente aquellas publicaciones que realizarán la apología a la violencia, difamaran o difundieran falsas noticias con la intención de perjudicar valores personales o institucionales”. Sobre este sensible tema incluyó en la sección informativa dos notas “Oposición de ADEPA a una Ley de Prensa” (15/2/83) y por último “Desmintió Reston la Ley de Prensa” (16/2/83).
[22] Su colega “no socio” La Prensa iría aún más lejos al pedir directamente la derogación de la mencionada ley (Díaz, Giménez, Passaro, 2011).
[23] CFR. Con la nota publicada por Felipe Deslarmes, “Un documental contra la anestesia”, en la que consigna que el atentado se produjo a mediados de 1982 luego de haberse publicado un informe sobre niños desaparecidos. En Miradas al Sur, domingo 13/2/2011, p. 37.
[24] La misma estrategia empleaba su colega “no socio” La Prensa (Díaz, Giménez, Passaro, 2002).
[25] En agosto de 1978 renunció su presidente Juan Valmaggia (que representaba a La Nación ), hecho que fue acompañado con el retiro de La Nación , La Razón y Clarín de esa entidad en febrero de 1979.
[26] Ampliaba lo que consideraba el mandato que debía respetar el diario explicitando que deseaba seguir “ofreciendo –como se dijo aquí en ocasión del 95º aniversario- ‘la información más amplia y circunstanciada para permitir a la ciudadanía formar su criterio sobre los asuntos públicos y adoptar sus decisiones en posesión de todos los elementos de juicio indispensables para ello’. Para el adecuado cumplimiento de esta labor, la prensa argentina debiera verse liberada de los grandes escollos legales y materiales que coartan su acción, pero aunque así no fuera. EL DÍA proseguirá ‘su permanente lucha por mantenerse independiente, al margen de oficialismos circunstanciales y sin concesiones a la masificación de criterio que a menudo se funda en consideraciones cuantitativas, como no lo hizo tampoco ante la violencia que asoló al país, efectuando así su aporte al pluralismo indispensable de la vida democrática a través del ejercicio permanente de su espíritu crítico y por Medio de la inserción en sus columnas de opiniones ajenas, coincidan o no con la propia’. Así, como lo subrayó hace cinco años EL DÍA espera hacer su contribución al esfuerzo que ha de permitirnos celebrar, junto a nuestro centenario, la plena recuperación de nuestra normalidad institucional” (2/3/83).
[27] En el editorial titulado “Gravámenes que comprometen la libertad de prensa” sentenciaba: “pese a las considerables diferencias entre ambas situaciones, son muchos los conceptos expuestos en el fallo que pueden ser aplicados a lo que viene ocurriendo desde hace años en nuestro país, a raíz de la aplicación de un arancel desmesurado que grava la importación del papel para diario, con el pretexto de proteger la producción nacional, en real beneficio de la empresa Papel Prensa. Porque, aunque el gravamen recaiga teóricamente sobre cualquier adquirente, es obvio que prácticamente las únicas destinatarias son las empresas periodísticas. Y la discriminación en desmedro de los diarios es aún más notoria si se considera que el monto del arancel es considerablemente menor cuando el papel se destina a la impresión de revistas. A todo esto debe sumarse como agravante el hecho de que - contrariamente a lo ocurrido en el estado de Minnesota – el derecho que debe abonarse en nuestro país no sólo no es aplicado en reemplazo de otro más gravoso, sino que, por su magnitud, es capaz de desequilibrar por si el desenvolvimiento económico de esas empresas” (9/4/83).
* La agenda editorial de los “no socios” en las postrimerías de la dictadura militar (2/4/82 – 10/12/83), Proyecto de Investigación. Director: César Luis Díaz.
