| Adriana Archenti y Lucrecia Ametrano |
Nuevas figuras y formas de razón de la imagen
Palabras clave
Ciudadanía - migración - derechos ciudadanos - transnacionalidad
Desarrollo
Partiremos de una aproximación a la concepción clásica de ciudadanía en el contexto de la modernidad -en relación con aquella de nación-, y la confrontaremos con algunas concepciones actuales que la hacen aparecer -a la manera en que sucedió con el concepto de cultura- unida a otra categoría o adjetivación. Esto en las condiciones de globalización de la economía y mundialización de la cultura y en referencia particular a las situaciones migratorias. Se trata entonces de repensar la cuestión de la ciudadanía en el contexto de la movilidad migratoria y, de manera particular, de un intento de articulación-problematización de los conceptos teóricos, las normativas, las reflexiones académicas y políticas a nivel superestructural con la experiencia concreta de aquellos sujetos destinatarios de normativas, políticas y reflexiones.
La ciudadanía en cuestión
Cuando aludimos a la ciudadanía estamos remitiéndonos a un concepto y a una instancia política con derivaciones sociales y económicas evidentes y vitales para las personas, que surge en el contexto del ciclo revolucionario que inició el proceso de la Modernidad y se liga en su trayectoria a aquellos otros de nación y estado.
Desde el campo de la antropología, Marcel Mauss (1920) definía a la nación como una sociedad material y moralmente integrada a un poder central estable y permanente, con fronteras determinadas, regida por un sistema legislativo y administrativo, incorporando nociones de derechos y deberes del ciudadano y hacia la patria y una relativa unidad moral, mental y cultural de los habitantes.
La noción de ciudadanía, junto a aquellas de integración, territorio compartido y unidad moral y cultural que incorpora la caracterización de Mauss, marcan la novedad histórica (la noción de ciudadanía no ha existido siempre en tanto categoría política), de un tipo enteramente nuevo de organización social ligado al afianzamiento de los estados nacionales y al desarrollo del capitalismo, en el cual la movilidad será un factor central (Ortiz, 1995). La sociedad industrial, a través de la nueva división del trabajo, dislocará las fronteras preexistentes promoviendo la circulación constante de individuos, cuyas regiones dejarán progresivamente de ser consideradas como base territorial de sus acciones. La nación genera un nuevo lugar simbólico, más amplio y “homogéneo” donde esos sujetos ya no aparecen ligados a un solo espacio social sino, interpelados como ciudadanos, a una nueva totalidad expresada en su significante.
Esta idea de ciudadanía ligada a un concepto centralizado y uniforme de nación cristalizará en la concepción del ciudadano en términos de “miembro de la comunidad nacional, señalado visiblemente por la posesión del pasaporte, certificado de nacimiento o certificado de nacionalidad apropiados. Los ciudadanos poseen una gama de derechos sociales, políticos y civiles. Tales derechos se equilibran con obligaciones, de las que las más importantes son las de obedecer las leyes, pagar impuestos y defender el país en caso de guerra. En principio se piensa que cada ciudadano pertenece solo a un Estado Nación y que el Estado Nación incluye como ciudadanos a toda la gente que vive permanentemente en su territorio.” (Castles, 2003).
Dicho sentido presupone un acuerdo cultural suficiente que permite la comunicación y la inclusión de todas las personas habitantes de ese territorio.
Sin embargo desde sus orígenes este concepto -y la misma membresía y aplicación del carácter de ciudadano- contenían contradicciones latentes basadas en diferencias de ascendencia, identidad étnica, raza, clase y género.
Parte de la visibilización de esas diferencias y las contradicciones inherentes al concepto de ciudadanía se ponen en acto en los procesos migratorios actuales, los cuales lo interpelan desde la heterogeneidad, la diferencia cultural y de clase, y los reclamos por derechos en situación de pertenencia a otro estado nacional.
A partir de la década del ‘80 comienza a surgir aquello que llamáramos adjetivación del concepto de ciudadanía, el cual, tal como sucedió con aquel unificado y totalizador de cultura, busca dar cuenta de realidades heterogéneas, conservando de maneras diversas la idea de ciudadanía asociada al Estado Nación, aunque bajo premisas de reconocimiento de las diferencias -en el caso de la ciudadanía multicultural- en cuanto a la heterogeneidad interna y, bajo categorías como la de transnacionalidad, intentando dar cuenta de las tensiones del concepto y la práctica de la ciudadanía en un contexto de dislocamiento del territorio y complejización de las pertenencias, las lealtades y las reivindicaciones presentes en la movilidad actual del capital y las personas.
Multiculturalismo y transnacionalidad
Las posiciones asumidas por algunos autores -tales como Taylor, Kymlicka, Sassen, Glick Schiller- presentan, desde el campo filosófico y socio antropológico, intentos por contextualizar la cuestión de la ciudadanía en las condiciones actuales y bajo significantes tales como multiculturalismo y transnacionalidad.
Reflexionando sobre las diferencias en las democracias liberales actuales, Charles Taylor (1993) sitúa la categoría de reconocimiento en el centro de los valores y virtudes de la sociedad democrática. Ante el interrogante sobre si el liberalismo es necesariamente homogeneizante, Taylor hace foco en un modelo multicultural en el que el respeto a la diferencia va de la mano con la adopción de metas comunes y la salvaguardia de las libertades fundamentales. En sus términos, la lucha por el reconocimiento es un lugar de encuentro de los diferentes movimientos minoritarios o subalternos, de algunas formas de feminismo y del multiculturalismo, movimientos que en la lucha por el reconocimiento involucran la lucha por la identidad, situando estas dos variables de la petición de derechos actual en la transición del holismo al individualismo. La democracia desembocó desde su perspectiva en una política de reconocimiento igualitario, que adoptó varias formas con el paso de los años, y que ahora retorna en la forma de exigencia de igualdad de estatus para las culturas y para los sexos.
Por su parte, el trabajo de Kymlicka (1996) se inscribe en el análisis de las llamadas políticas de la diferencia y constituye un intento por correlacionar las reivindicaciones de los grupos étnicos y nacionales con los principios liberales de libertad individual y justicia social a través de la formulación de una teoría liberal de los derechos de las minorías. En sus términos: “ciertas medidas pueden incluir los derechos poliétnicos y de representación para acomodar a los grupos étnicos y a otros grupos desfavorecidos dentro de cada grupo nacional, así como los derechos de autogobierno para permitir que sea posible la autonomía de las minorías nacionales junto a la de la nación mayoritaria” (Kymlicka, 1996).
Tanto la posición de Taylor como la de Kymlicka ejemplifican los límites tensionales que las categorías jurídico-políticas de integración al Estado Nación moderno presentan a la problematización de las dinámicas sociales en contextos actuales de circulación generalizada de mercancías, personas[1], información y símbolos.
Por su parte, otros autores como Sassen (2003) señalan la necesidad de corregir los referentes tradicionales de la ciudadanía en el mundo actual, acorde a lo que, afirma, se modifica en el carácter de lo nacional. Se sitúa así en una perspectiva que crecientemente incorpora la idea de transnacionalidad para dar cuenta de ciertos fenómenos. Haciendo referencia por una parte a las posiciones que señalan un desplazamiento de la ciudadanía frente a otras formas, aún no suficientemente catalogadas, de afiliación colectiva cuya característica saliente sería la imposibilidad de referirlas en exclusivo a la nación; y por otra, asumiendo la manera en que conceptos como el de “ciudadanía posnacional” (Soysal, 1984; Jacobson, 1996) resitúan esta condición en los contextos actuales, sostiene: “Desde mi punto de vista existe una tercera posibilidad más allá de las dos posiciones mencionadas. Consiste en lo básico en considerar la ciudadanía -incluso cuando es situada en un marco institucional ‘nacional’- como una institución, que cambia, posiblemente, del mismo modo en que lo hace el significado de lo ‘nacional’. Es decir, en la medida en que el proceso de globalización ha modificado algunas características de la organización territorial e institucional del poder político y de la autoridad del Estado, la institución de la ciudadanía -los derechos formales, las prácticas sociales, la dimensión psicológica- también se ha visto transformada, incluso cuando está regulada todavía en los márgenes del Estado Nación” (Sassen, 2003).
Dentro de las perspectivas sobre transnacionalismo, los estudios migratorios se han mostrado como un campo relevante. En ese sentido, y de manera crecientemente apelada en la actualidad, el análisis de la migración considerada, más allá o a pesar de la frontera nacional, busca en principio centrarse en la forma en que los migrantes crean, fortalecen y renuevan vínculos sociales, económicos, políticos y culturales con sus países, lugares de origen (expresados por ejemplo en el envío de remesas a la familia que quedó atrás, el trabajo alternativo en los dos lugares, el comercio de mercancías étnicas y otros) entendiendo la ruptura espacial y la movilidad como rasgos del contexto en el que tienen lugar relaciones humanas socio culturalmente interconectadas. Mientras que, desde la perspectiva de autores como Glick Schiller, los desplazamientos y relocalizaciones geográficos que caracterizan los procesos migratorios y que envuelven no solamente el espacio geográfico, sino también el socio-cultural, producirían procesos particulares y sujetos particulares, con peculiaridades que van más allá del desplazamiento e implicarían, en sus términos, sujetos transnacionales y transculturales. En muchos casos, estas personas establecerían sus proyectos de vida y tomarían decisiones de mediano y largo plazo a partir de situaciones y acontecimientos multilocalizados, estableciendo redes de parentesco y redes comerciales, tomando decisiones de carácter político o interviniendo en las estructuras económicas desde diferentes lugares del planeta (Glick Schiller, 1992). Asimismo, desarrollarían nuevas formas de expresión y de demandas de participación constituyendo un campo social transnacional que, en términos de los autores, discursiva y organizacionalmente trascienden las demarcaciones implícitas en la idea de nacionalidad. Este tipo de experiencia migratoria, que no se correspondería con las categorías clásicas de migración transitoria, inmigración de destino y diáspora, conformaría un cuarto tipo de experiencia que autores como Kivisto (2003) denominan trasmigración.
La multiplicidad de formas de relaciones sociales intrínsecamente unidas al avance de las nuevas tecnologías, del transporte y las comunicaciones es un hecho empíricamente contrastado. En ese sentido, Portes, Escobar y Walton (2006), afirman la evidencia empírica como soporte de lo novedoso de las prácticas denominadas transnacionales y de su importancia estructural para las regiones emisoras y para las propias comunidades migrantes.
La nueva perspectiva del transnacionalismo permitiría analizar cómo los migrantes construyen y reconstruyen sus vidas de forma simultánea en más de una sociedad (Caglar, 2006).
Siendo que en la experiencia concreta de los que migran aquello definido variablemente como transnacionalismo no es de ninguna manera un fenómeno nuevo ni actual, ya que al menos la participación en la vida doméstica de los países y pagos de origen, con distintas modalidades y en variados grados, es una cuestión común en sus trayectorias; sí es relativamente reciente su focalización por parte de la academia.
En ese sentido tanto la caracterización del transnacionalismo como fenómeno nuevo y original como la apelación a una ciudadanía transnacional en base a ciertas reivindicaciones de grupos migrantes -tal por ejemplo el derecho a voto en el exterior y en la sociedad de residencia- han de seguir confrontándose con situaciones empíricas concretas, diferencias y similitudes regionales, más allá de los términos de su formulación académica. Volveremos sobre esto más adelante.
Aunque no desarrollaremos aquí sus implicancias, citamos algunas críticas al enfoque transnacional que consideramos deben ser objeto de debate:
“Imprecisión en los referentes utilizados y confusión entre los mismos en lo que se refiere a conceptos como transnacional, internacional, multinacional, global o diaspórico.
“El concepto puede ocluir el registro y la comprensión de otras prácticas transfronterizas no necesariamente con características transnacionales.
“Necesidad de extender la indagación a las siguientes generaciones tras la pregunta por la continuidad e institucionalización –o no- de las actuales prácticas transnacionales.
“Confusión entre transnacionalismo y translocalismo, en tanto un llamado de atención a experiencias migratorias e identificaciones que relacionan espacios locales particulares en lugares de origen y destino” (Vertovec, 2004; Grimson, 2011).
Anclajes empíricos y ciudadanía
Nos interesa recuperar, en este punto, la relación entre transnacionalidad y ciudadanía, que entendemos se manifiesta en la reivindicación de ciertos derechos políticos y a la cual subyace una correlación entre la pertenencia nacional y el carácter de ciudadano que trasciende el anclaje territorial cuando la petición es hacia el estado de origen, a la vez que este mismo aparece focalizado más allá de la pertenencia nacional cuando se reclaman derechos de participación política o acceso/ampliación de derechos sociales en los estados de residencia.
En ese sentido, desde nuestra área de investigación, hemos venido trabajando con diversas asociaciones de inmigrantes de origen latinoamericano en la ciudad de La Plata.
Dentro de ellas focalizamos en una Federación de Asociaciones que agrupa referentes de Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y Bolivia y cuyo origen está ligado al reclamo del acceso al voto en el exterior. A lo largo del proceso de su constitución se han sumado otras reivindicaciones, como la regularización documentaria y diversas formas de promoción de derechos de los inmigrantes.
Esta Federación[2] ha realizado tres foros a los que ha denominado de Migración y Derechos Ciudadanos; el primero de ellos, en el año 2007 en Santiago de Chile, en conjunto con la Federación de Asociaciones Chilenas residentes en Argentina (FEDACh). El segundo, en el año 2008 en la ciudad de La Plata, Argentina, y el tercero, en 2010 en Asunción del Paraguay.
Analizando los debates y conclusiones de los tres Foros encontramos que en el primero, programado y realizado en coincidencia con la XVII Cumbre Iberoamericana, se parte de contextualizar desde la propia perspectiva la condición de migrantes como eje de las problemáticas, reclamos y reivindicaciones enunciados.
Resaltamos, a continuación, algunos aspectos señalados por los participantes y que, entendemos, fungen en su contenido contextualizador como una carta fundacional que, en los Foros posteriores, va a ser tematizada, especificada y focalizada en la reivindicación de determinados derechos, entre los cuales ocupan un lugar destacado aquellos asociados a la esfera de la ciudadanía política:
- Los trabajadores migrantes no solo contribuyen con el desarrollo económico de los países de acogida, sino que también permiten el “equilibrio” demográfico de la fuerza laboral en descenso (de los países receptores) y de aquellos de los que emigran. Los migrantes cumplen el doble papel de aportar con su trabajo al país de acogida y de remesar sus escuálidos ingresos a sus países de origen.
- No obstante, estos mismos migrantes, carecen por lo general de derechos económicos, sociales, culturales y políticos, y pueden permanecer la mayor parte de su vida productiva, en calidad de no ciudadanos, debido a las barreras culturales, el racismo y la xenofobia que ha recrudecido en los años recientes en distintos países del mundo.
- A pesar del reconocimiento unánime de que la migración es un tema urgente a gestionar, tanto por los estados de origen, tránsito y destino, hasta ahora los gobiernos no han dado señales de voluntad política para hacerlo, limitándose a la simple tarea de administrar la migración.
En los Foros subsiguientes las reivindicaciones parten de la centralidad del derecho a voto en el extranjero, surgiendo además la cuestión de la participación en instancias electivas de la sociedad de destino. Así, en las conclusiones del 2do. Foro se plantea:
- La cuestión del derecho a voto en el extranjero para autoridades del país de origen y las situaciones particulares de cada uno de los países de pertenencia con respecto a la implementación de ese derecho -incluida aquella de los propios argentinos en el exterior-.
- El derecho a voto de los migrantes en las elecciones argentinas[3].
- Implementación de Consejos Consultivos Consulares, organizaciones propuestas como autónomas y representativas de los ciudadanos residentes en el exterior, que tienen como cometido la vinculación con el país de recepción en sus más diversas manifestaciones.
En el foro de Asunción, se suma a las anteriores la demanda de representación parlamentaria de los migrantes enunciada como instancia de consolidación ciudadana.
Mientras que en el II Foro organizado por la Federación y realizado en su territorio inmediato de funcionamiento, la ciudad de La Plata, el énfasis en las participaciones y discusiones y los reclamos enunciados en las conclusiones estuvieron puestos básicamente en las demandas de ciudadanía política hacia estados de origen, a través del derecho a voto en el exterior y el reconocimiento a ciertas formas de habilitación de la participación en Argentina junto al pedido de su generalización; en el contexto del Foro de Asunción se amplía el espectro de demandas extendiéndolo a reivindicaciones del campo más amplio laboral y social, señalando la necesidad de atender a cuestiones tales como:
- Trabajar en los países de recepción en los derechos de los migrantes, pero también busca de mejores condiciones en los países de origen.
- Situaciones de discriminación que sufren los migrantes en el complejo panorama de las migraciones actuales. Muchas veces las situaciones de xenofobia están atravesadas por otros causales de discriminación, como son las cuestiones de género, edad, lengua o clase social.
- Políticas migratorias integrales (transversales) que incluyan los aspectos involucrados en todo el proceso migratorio (políticas laborales inclusivas, reunificación familiar, homologación de estudios, aspectos previsionales, ejercicio pleno de ciudadanía, infancia, género, derecho al retorno, etc.).
- Desvincular la temática migratoria de la agenda de Seguridad Nacional, vigente en muchos Estados.
Siendo que este foro se realizó en diciembre de 2009 y ante la realidad del proceso político-institucional que atravesaba Paraguay con la asunción del Presidente Lugo, aparecen otros planteos de nivel estructural que entendemos se asocian a esta coyuntura:
- Ratificar y fortalecer los procesos democráticos, especialmente en los países de la región; afianzando el principio de que estos encuentros de ciudadanía con autoridades y funcionarios solo son posibles en democracia.
- Ratificar el derecho a migrar como un derecho humano, exigiendo a los Estados que velen por él.
Cabe señalar aquí el carácter particular de esta Federación, cuyo cuerpo directivo está a conformado por personas asentadas en Argentina hace más de 10 años y por lo menos dos de sus integrantes han sido objeto de persecución política en sus países de origen o en la misma Argentina.
Entendemos que esta situación experiencial, junto con la afirmación mencionada anteriormente en las conclusiones del Foro, de la importancia del envío de remesas de los migrantes hacia sus lugares de origen en cuanto a presencia económica y afluencia de divisas, contribuyen a explicar (al menos en el caso empírico) la relevancia asignada a los reclamos de ciudadanía política a través del voto en el exterior, portavoceados por la Federación e instalados en los distintos Foros.
Podríamos pensar que esas experiencias transitadas en un contexto histórico particular de América Latina forman parte de una conciencia y una demanda de legitimidad del reconocimiento de la actualidad en tanto ciudadanos de sus Estados Nación desde una prescindencia de la fijación territorial. Lo que de transnacional tiene esto último no es el abandono de los parámetros que asocian en términos teóricos a un territorio, una nación y un ciudadano, sino una ampliación simbólica de los alcances de los tres referentes en una realidad de nuevo tipo que, aunque no escapa a las normativas concretas de cada unidad política, sí se sitúa en la búsqueda de nuevas categorías para nuevos tipos de concepción y ejercicio de la ciudadanía. Al mismo tiempo se realizan peticiones de participación eminentemente política hacia los estados de destino esgrimiendo las contribuciones en términos laborales, económicos, sociales y culturales realizadas por los migrantes asentados, y reclamos laborales, sociales, de infraestructura, de servicios. Estos son ilustrados y legitimados con situaciones vividas por contingentes migratorios actuales, con especial referencia a aquellos que no están regularizados.
A modo de cierre
Los tres Foros que hemos traído a colación son ilustrativos de la voluntad y el esfuerzo de ciertas formas asociativas de migrantes latinoamericanos por imaginar y llevar a la práctica filiaciones ciudadanas, que no anclan en una sola unidad territorial. Esto en el marco de organismos que, a nivel superestructural, intentan formalizar y dar una entidad jurídico-política a los procesos que están acaeciendo al tiempo que afianzar y legitimar un proyecto de unidad latinoamericana (MERCOSUR, UNASUR, por ejemplo)
Nos interesa introducir aquí una categoría, aquella de reconocimiento, que entendemos complementa el análisis.
Cuando más arriba, y a propósito de la reflexión sobre ciudadanía asociada a un contexto de multiculturalidad (Taylor, Kymlicka), se menciona el significante reconocimiento, consideramos que el mismo aparece asociado a lo que se ha dado en llamar las políticas de la diferencia o políticas de identidad, con un énfasis privilegiado sobre la cultura.
Por nuestra parte rescatamos desde una lectura propia la versión que del reconocimiento presenta Axel Honneth (2010) -en tensión crítica con aquella de Tylor- poniendo énfasis en aspectos sociales, laborales, morales que van más allá, sin pretender anularla, de la reivindicación de la diferencia cultural. En ese sentido, y haciendo foco aquí sobre el honor social, destacamos su tesis sobre una forma de reconocimiento que denomina solidaridad. Mediante el reclamo de la misma, un colectivo -en la búsqueda de objetivos considerados relevantes- orienta prácticas dirigidas a poner de relieve cualidades percibidas como valiosas frente a formas de menosprecio que corresponden a su privación en términos de no reconocimiento de dignidad o deshonra.
A modo de hipótesis, tanto en los reclamos a los países de origen que afirman la necesidad de ser reconocidos como ciudadanos activos a través de la elección de representantes -aun cuando circunstancias históricas específicas hayan determinado el alejamiento- como en aquel de reivindicación de múltiples derechos más allá o por causa de la condición de migrantes a los países de destino, las asociaciones con las que trabajamos interpelan el concepto y la práctica de ciudadanía desde una dimensión ético-moral -entre otras posibles-, anclada en el reconocimiento de la pertenencia, la especificidad y heterogeneidad. La lucha por el reconocimiento -plasmada en demandas hacia ambas direcciones: sociedad de origen y sociedad de destino- implica situarla también en el plano de confirmación de capacidades y de valor por parte de los otros, que para el caso de las asociaciones se expresa en la exigencia de la restauración de derechos y el acceso a aquellos vedados, interpelando en forma directa a las concepciones restrictivas de ciudadanía.
La presencia de grupos migrantes en interacción con las sociedades de destino que a su vez se reconocen y reivindican como sujetos de derecho de sus sociedades de origen impone una revisión más completa de esta noción y sus derivaciones actuales.
Bibliografía
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GLICK SCHILLER, N. BASCH, L y C. y BLANC-SZANTON, C. “Towards a Transnacional Perspective on Migration”, en Annals of the NY Academy of Sciences, 1992.
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MAUSS, M. “La nation”, en Ouvres, Tomo 3, París, Minuit, 1920.
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TAYLOR, C. El multiculturalismo y la política del reconocimiento, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
VERTOVEC, S. “Migrant transnationalism and modes of transformation”, en International Migration Review, 2004.
[1] Entendiendo que la movilidad de las mismas -en otras condiciones que el capital- está sometida a restricciones, selecciones, barreras, condicionamientos.
[2] A los fines de la presente nos referiremos a la misma como “Federación”.
[3] Cabe aclarar aquí que en la provincia de Buenos Aires, a partir de la sanción de la Ley Electoral 14.086, de diciembre de 2009, todos los residentes extranjeros inscriptos en el registro previsto en la Ley Nº 11.700 tendrán que votar en forma obligatoria en las elecciones preliminares del 14 de agosto y en las generales del mes de octubre para gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes municipales, concejales, consejeros escolares y diputados. En los anteriores comicios, los legislativos de 2009, la participación de los extranjeros residentes era voluntaria a partir de los 21 años, pero desde el año 2011 es obligatoria a partir de los 18.
