César Luis Díaz /Mario Jorge Giménez /María Marta Passaro




El Herald y la doble transición política y comunicacional
entre 1982-1982*


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DÍAZ, César Luis; GIMENEZ, Mario Jorge y PASSARO María Marta: “El Herald y la doble transición política y comunicacional entre 1982-1983”, en Anuario de investigaciones 2011, La Plata, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP, 2012.
Presentación

El actual debate que se desarrolla en nuestro país en torno de la institucionalidad democrática, el rol de los medios, la función del periodista, los nuevos modos de comunicar, las nuevas tecnologías, los usos y alcances de las redes sociales, tiene un lugar privilegiado en la disputa por la hegemonía del poder. Como docentes e investigadores de la historia del periodismo en el ámbito de la universidad pública desde hace más de dos décadas, entendemos que la revisión de las condiciones en las que los medios producían sus discursos y los comunicadores desempeñaban su profesión durante la última dictadura cívico militar, resulta significativa para intervenir en ese debate público ya que, el terrorismo de Estado, la proscripción de las mayorías, la persecución de los disidentes, la exclusión social y educativa y el consecuente empobrecimiento, en el sentido lato del vocablo, de amplios sectores de la sociedad, representan ejes constitutivos de la discusión.

En primer término resulta importante recordar que la contribución del Herald y la mayoría de sus colegas en la construcción mediática del golpe de Estado de 1976 (Díaz, 2002 y Díaz, Passaro, 2002), así como también en la legitimación del Proceso de Reorganización Nacional (PRN), no eximieron a medios y comunicadores de sufrir las políticas comunicacionales negativas[1]. Entre ellas, la desaparición y el asesinato de un centenar de trabajadores de prensa, la clausura de órganos gráficos, la aplicación de la censura (previa y/o punitiva) y su “efecto deseado” la autocensura, consecuencias directas del terrorismo de Estado en el ámbito mediático (Díaz, Giménez, Passaro, 2002, 2004). De todos modos, a poco de producirse la asunción de los usurpadores dictatoriales y merced al comportamiento por ellos evidenciado, algunos medios comenzaron a tomar un cierto distanciamiento de las autoridades en tanto otros se alinearon definitivamente con el proyecto dictatorial. En ese sentido, la conformación de la empresa Papel Prensa S.A. dividió aguas en el periodismo gráfico permitiendo identificar por un lado a quienes decidieron convertirse en “socios” del Estado terrorista (La Nación, La Razón y Clarín) de los que hemos dado en llamar “no socios” (La Prensa, The Buenos Aires Herald y El Día) (Díaz, Giménez, Passaro, 2008; Díaz, Passaro 2009). En el caso de los primeros, pusieron en práctica el “periodismo hermesiano” (Díaz, 2011) legitimando al estado represor; en el segundo caso, lo confrontaron, de forma más o menos sistemática, desde su espacio editorial en diversos aspectos y postulando diferentes argumentaciones, en particular relacionados con las políticas comunicacionales, comportamiento que nos ha permitido identificarlos como representantes de un “periodismo pendular” (Díaz, Giménez, Passaro, 2009a).

En este caso, analizaremos el discurso editorial del Herald (veintitrés notas) sobre la libertad de expresión durante la transición democrática pos Malvinas (14/6/82-30/10/83).

El Herald entre el golpe y Malvinas

Para comprender el apoyo inicial al PRN exhibido por el medio de la comunidad angloparlante, debe recordarse su postura confrontativa frente a la tercera gestión justicialista. Durante el malogrado gobierno constitucional, su incisiva mirada se centró en las políticas comunicacionales negativas y en la violencia social y política, por lo cual consideró necesaria la “restauración del orden social” alterado por el gobierno de Isabel Perón, el sindicalismo y las organizaciones armadas (Díaz, Giménez, 2009).

Con todo, la continuidad de las políticas negativas contra medios y periodistas (Díaz, Giménez, Passaro, 2005a y 2005b) y también las violaciones a los derechos humanos (Díaz, 2009a y Díaz, Passaro, Giménez, 2009a) impulsó al Herald a asumir el posicionamiento “pendular” explicitado. Precisamente, la perseverancia con la que hizo suya la causa de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado (Díaz, Giménez, 2005), le trajo aparejadas represalias tales como el exilio del columnista Andrew Graham-Yooll, a quien se sumarían, en diciembre de 1979, el del director Robert Cox y más tarde el de su reemplazante James Neilson quien debió abandonar el país durante la guerra de Malvinas (Díaz, 2012).

Respecto de otras temáticas, debemos señalar que, durante el conflicto por el Beagle advertía a la dictadura sobre las consecuencias negativas que produciría un enfrentamiento bélico (Díaz, Giménez, Passaro, 2011), mientras apoyaba al plan de José A. Martínez de Hoz[2], dada su cercanía ideológica a los postulados de la reestructuración económica; aunque luego de la crisis de 1981, una vez alejado el ministro del cargo, asumiera una posición crítica frente a la gestión económica.

En relación con los aspectos político-institucionales, el diario manifestaba su preocupación por la crisis al interior de las Fuerzas Armadas; causada por la designación y la posterior asunción del general R. Viola como presidente, en marzo de 1981 y, en particular, por su alevoso desplazamiento del mando a manos de quien se convertiría a la postre en el tercer dictador del PRN en diciembre de ese mismo año, el general L. Galtieri. La recuperación territorial de las Islas Malvinas, la guerra contra el imperio británico y la bochornosa conducción del conflicto, que trajo aparejada una nueva pérdida de los territorios australes, abrió un tiempo de transición hacia la democracia y el Herald dio cuenta de él.

Las condiciones de la transición democrática

En ese período de descomposición del proceso (Quiroga, 2004) renunció L. Galtieri luego del fracaso bélico -15/6/1982- y, tras unos días de acefalía, fue designado como su sucesor -el 22/6/1982- el general R. Bignone, quién finalmente asumió el 1/7/82. Iniciaba su “mandato” enfrentando la crisis institucional más profunda del Estado autoritario[3] (Quiroga, 2005: 79), pues la autodisolución de la Junta Militar (JM)[4] agravada por la delicada situación económica y social terminaría por minar aún más la confianza ciudadana en el PRN. La ruptura de la cúpula castrense sería resuelta en septiembre de 1982, mientras que el cuarto dictador debía garantizar la rápida salida de los militares del gobierno para 1984; por lo que sería el encargado de efectuar la convocatoria a elecciones generales fijadas para el 30 de octubre de 1983 cuyo vencedor sería Raúl Alfonsín.

Para abordar esta etapa la columna editorial del Herald propuso tres claves interpretativas que nos permiten comprender cuáles eran sus apuestas políticas en aquella coyuntura. La primera de ellas fue precisar que los orígenes de la crisis institucional del país se remontaban al primer golpe de Estado en 1930, cuando se vertebró una suerte de “entente militar-peronista” que puso en crisis permanente la institucionalidad del país. Para superar esta forzada apreciación del proceso histórico, proponía el fortalecimiento de la “clave conservadora”, pues entendía que la construcción de una fuerza partidaria que nucleara a las distintas vertientes de la tradición conservadora en la Argentina, podría ganar las próximas elecciones. Ante la imposibilidad de concretar esta propuesta y dada la prevención que tenía respecto de la vigencia de la “entente militar-peronista” en una nueva apertura democrática, al acercarse la fecha de los comicios, plantearía una nueva “clave”, la “bipartidista”. En ese sentido, al entender que el resultado electoral se dirimiría entre el peronismo y el radicalismo y para evitar que la ciudadanía consagrara nuevamente al partido fundado por J. Perón, impulsaría la candidatura de R. Alfonsín como única opción democrática para el país (Díaz, Giménez, Passaro, 2012).

En la misma línea analítica, el matutino angloparlante vinculaba a la denominada “entente militar-peronista” con el sindicalismo, considerado por el matutino un actor que impedía la consolidación democrática. Así como lo había responsabilizado de la crisis antecesora al golpe de Estado de 1976 y había elogiado la represión a la resistencia de los trabajadores frente a las políticas del PRN, el protagonismo sindical durante la transición a la democracia, también sería denostado por el Herald. En ese sentido fustigaba las medidas de fuerza convocadas por las dos centrales de trabajadores (CGT Brasil y CGT Azopardo), reputándolas como conspirativas contra la democratización del país. Por lo mismo, calificaba de “pacto siniestro” al posible acuerdo entre gremialistas y militares, ya que a su entender legitimaría a estos últimos para destituir al futuro gobierno democrático, en caso de que se reiteraran las condiciones previas al 24 de marzo de 1976. En su perspectiva el sindicalismo sintetizaba el autoritarismo, el sectarismo, la violencia y por ende el comportamiento antidemocrático (Díaz, Giménez, 2014).

La transición y la persecución de periodistas

Como lo anticipamos, durante la etapa finidictatorial fueron varias las vicisitudes afrontadas por el periodismo vernáculo, entre las cuales las amenazas dirigidas contra sus trabajadores lamentablemente no estuvieron ausentes. El Herald destinó conceptos críticos a los responsables de los atropellos y admonitorios  para el gobierno militar advirtiéndole sobre su responsabilidad de evitarlos o bien reprimirlos, sin dejar de recordarle el supuesto compromiso que había asumido con la normalización institucional.

Luego de la guerra, denunciaría el hostigamiento del que fuera víctima la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, debido a su compromiso en la defensa de los DDHH, por quienes “trabajan en las sombras, amenazando a quienes no tienen pelos en la lengua mediante llamados telefónicos anónimos, haciendo misteriosas visitas a sus casas o departamentos, y siguiéndoles en automóviles. Si esto no da resultado recurren a acciones más violentas, colocando bombas y golpeando a sus víctimas”. El diario tomaba su caso como ejemplo[5] para reclamar de manera admonitoria a su interlocutor castrense señalándole que “toda persona amenazada por los censores ocultos[6] de la Argentina debiera recibir inmediatamente la más completa protección policial, y el gobierno del momento debiera comprometerse, inequívoca y públicamente, a hacer caer sobre los responsables todo el rigor de la ley”. El diario atribuía estos actos a “ciertos grupos de sujetos”, y si bien reconocía que no los podía “identificar con precisión” interpretaba que su cometido de era sumir en el miedo y en el desconcierto a la mayoría de los ciudadanos quienes calificaba como “la verdadera Argentina, libre, valerosa y adulta, [que] se está alzando una vez más, en gran parte como consecuencia de la labor de personas como Magdalena Ruiz Guiñazú”. De tan elogiosos conceptos, también se puede colegir una suerte de tiro por elevación al resto de los colegas quienes permanecían en un silencio que, para el diario dirigido por J. Neilson, a esa altura de los acontecimientos resultaba injustificable. La conclusión de la nota, además, posee un inequívoco mensaje de aliento a una sociedad para que se sienta parte de un colectivo que estaba llamado a cumplir una tarea trascendental: “esta Argentina podrá desempeñar un papel respetado y sobresaliente en la comunidad de las naciones independientes” (1/9/82). De este modo, continuaba en su intento de comprometer a la sociedad a enfrentar a quienes perturbaban el tránsito hacia la institucionalización y sostenía la lógica binaria nosotros-ellos generalizada desde antes del golpe de 1976; y sobre todo en ese momento cuando el matutino ya animaba a la ciudadanía a estrechar filas junto a las autoridades contra el “enemigo subversivo” (Díaz, Giménez, Passaro, 2009a).

También mereció su atención editorial la represión ocurrida “el 16 de diciembre, durante la violenta ‘marcha por la democracia’ organizada por la Multipartidaria, cuando el fotógrafo Jorge Durán, del Diario Popular[7], quedó inconsciente a raíz de los bastonazos que le propinara un policía” (24/12/82). El diario interpretaba que el reclamo popular encontró como respuesta la brutalidad de las fuerzas de seguridad, que apalearon al reportero gráfico mencionado así como también en el (ignorado por el editorialista) asesinato del obrero metalúrgico Dalmiro Flores ejecutado por un sujeto que había descendido de un Ford Falcon perteneciente a esa fuerza pero sin identificación.

Distintas fueron las consecuencias padecidas por dos directores de revistas, puesto que ambos, para evitar la agresión física, debieron exilarse. El primero de ellos, José Palozzi director de Quórum logró eludir su captura cuando se produjo la segunda confiscación de la publicación que dirigía. Al respecto, resulta interesante destacar la perspectiva desde la cual el Herald examinaba este caso, al destacar que la decisión del mencionado de “refugiarse en la embajada italiana[8] (…) no contribuirá a realzar el prestigio del régimen aquí ni en el extranjero” (12/3/83). Esta estrategia de interpelar al PEN era común cuando, en los primeros años de la dictadura, el diario lo inducía a abandonar las prácticas represivas ilegales, invocando además de las razones humanitarias y legales, precisamente la mala imagen que dejaba en el exterior (Díaz, Giménez, Passaro, 2009b). Además, consideraba que si la versión brindada por los medios de comunicación sobre el dispositivo represivo no les satisfacía a sus ejecutores, éstos debían entender que la proporcionada por ellos tenía el mismo descrédito, por lo cual estimaba que “sólo hay una clase de ‘explicación’ o ‘descripción’ de la ‘guerra sucia’ que podría ser tomada en serio, y es la que produjese una comisión independiente de argentinos prestigiosos, sin vinculación con el régimen ni con organizaciones hostiles a él, a la que se le permitiese efectuar una investigación a fondo del conflicto y sin impedimentos de origen castrense” (27/3/83). Nótese la similitud de esta propuesta con la que llevó adelante el primer presidente de la actual etapa democrática, Raúl Alfonsín, cuando conformó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) mediante el decreto 187 del 15 de diciembre de 1983.

 El segundo caso sobre el que editorializó el matutino fue el sufrido por el director de La Semana quién, además del secuestro de una edición de su revista por segunda vez en esta etapa, también fue destinatario de una orden de captura. El matutino conjeturaba que la espectacularidad empleada para llevarla a cabo “-el régimen envió una pequeña flota de Ford Falcons a efectuarlo- fue, casi con seguridad, su deseo de apaciguar a los extremistas de sus propias filas” (25/3/83). No conforme con estas demostraciones de arbitrariedad y aparatosidad represiva y, seguramente como represalia ante la maniobra urdida por Jorge Fontevecchia para desairar[9] a sus captores, casi un mes más tarde el diario anglófono señalaba compungido: “en las últimas semanas aparecieron signos poco tranquilizadores de que la Argentina podría entrar en otro período de conflictos cívicos en el que las bombas y las balas tomen el lugar de las palabras y los votos para resolver las diferencias políticas”. Por supuesto que no era una alusión metafórica a los padecimientos de los argentinos por esos años ya que la nota estaba relacionada con el estallido de “cuatro bombas incendiarias en la residencia del presidente de la compañía editora Perfil, Alberto Guido Fontevecchia”[10]. Ante esta amenaza el diario volvía a insistir en que el cometido de los agresores era impedir la institucionalización el país, “no quieren que la Argentina se convierta en una democracia”; por lo cual se dirigía de manera admonitoria al gobierno exigiéndole “la aplicación directa de la ley y el mantenimiento del orden son asuntos muy importantes y esenciales a la democracia” (23/4/83).

En el mismo orden, llama la atención que esta columna omitiera el tratamiento de una serie de amenazas producidas por personas que se presentaban como integrantes de la tristemente célebre en tiempos de Isabel Perón, Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), entre cuyas víctimas además de una serie de corresponsales de diarios británicos se hallaba el propio director del Herald[11], y hasta se adjudicaban el atentado con bombas incendiarias al domicilio del padre de J. Fontevecchia anteriormente mencionado[12].

Los cierres y los atentados contra los medios

Además de las asechanzas contra los miembros del periodismo, el Herald también cuestionó los ataques a los órganos gráficos que también formaron parte de las políticas punitivas ejecutadas por la dictadura. Una de las estrategias argumentativas usuales en la sección opinativa, consistió en contraponer las declaraciones de los personeros de la dictadura con las acciones que ejecutaban. Para ello, a modo de racconto, el diario recordaba a su alocutario castrense que “en muchas ocasiones desde marzo de 1976 los voceros del régimen militar proclamaron su devoción por la libertad de prensa”. No obstante, también hacía notar que el jefe del Ejército, general Cristino NIcolaides el 13 de octubre de 1982 al dirigirse a sus subordinados “insistió en que la prensa debiera actuar siempre ‘responsablemente’”. Definición a la cual se vino a sumar una comunicado de la JM difundido el 22 de octubre en el que se denunciaba que “‘algunos medios de comunicación social’ han incurrido en una ‘prédica disociadora, perniciosa y desestabilizante’ que, según la junta, ‘coadyuva a la reactivación de ideologías subversivas’”. Por supuesto que para la mirada quirúrgica del medio anglófono, el comunicado no necesitaba brindar detalles sobre los aludidos, ya que por las líneas editoriales sostenidas en sus colegas se animaba a deducir que los mandos castrenses tenían en mente a “‘Humor’[13], que como todas las revistas humorísticas se opone enérgicamente a cualquier clase de autoritarismo, inclusive el de la variedad izquierdista, que se ha convertido en un notable defensor de los valores democráticos en una época en que con gran frecuencia se los ha despreciado, así como el quincenario ‘Línea’ y el diario ‘La Voz’, peronistas. Estas publicaciones han criticado ciertas acciones y actitudes militares en términos casi tan severos como los que los mismos militares solían aplicar en situaciones tan vitales a los partidos políticos y los sindicatos” (23/10/82). Resulta elocuente el remate del párrafo en el cual no sólo confrontaba las acciones de los jerarcas del régimen con sus afirmaciones, sino también lo hacía con las denuncias mediante las cuales intentaron justificar su asalto a la Casa Rosada en marzo de 1976.

Por supuesto que este mensaje no quedaría reducido a pura verborragia militar, pues a sólo una semana de haber alarmado a su público sobre las posibles víctimas de la alocución de la JM, el Herald debería referirse al cierre de la revista La Semana[14]. A pesar de no haberla tenido en sus cálculos siete días antes, el atropello quedó registrado en el título de la columna mediante una metáfora característica de los ámbitos rurales para denunciar que el objetivo perseguido por el PEN era “Amansar a la prensa”. La excusa utilizada por los represores se basaba en la aparición en la tapa del entonces animador televisivo Gerardo Sofovich posando con gorra militar. El matutino entendía que una clausura “definitiva” invocando que ofendía al “sentimiento nacional” no era una justificación, e insistiría en su estrategia argumentativa de confrontar las afirmaciones de los jefes castrenses, las cuales eran “elocuentes respecto a su presente convicción de que el país necesitaba una prensa libre” pero cuando algún órgano periodístico no les resultaba aceptable, lo perseguían como si formara parte de una “conspiración intencionalmente dirigida a ‘desestabilizar’ su régimen”. En el remate de la nota se dirigía a sus colegas mediante una ironía sobre el mensaje oficial, señalando “quizás fuese mejor que el régimen reconociera que se opone en forma implacable a la libertad de expresión, y que clausurará toda publicación que no trate invariablemente a los militares con la reverencia que obviamente creen merecer” (30/10/82).

A poco de producida esta clausura, el diario volvería a insistir con su prédica para rechazar otros cierres compulsivos y, parafraseando a los miembros de la JM con la ironía que caracterizaba la retórica de la sección editorial, titulaba la columna: “Los desestabilizadores”. En su desarrollo, centraba la responsabilidad de esas acciones, no en los acusados por los mandos castrenses, sino precisamente en los acusadores, al sentenciar “difícilmente haya en el mundo un régimen que menos atraiga la atención de los expertos en desestabilización que el que gobierna hoy la Argentina, ya que día tras día viene demostrando un talento para desestabilizarse a sí mismo”. Después de una catalogación tan lacerante para el ánimo de quienes conducían el PRN, el matutino hacía una breve nómina de las víctimas: “el viernes pasado clausuró una revista, La Semana. Ayer cerró dos más, Línea[15] y Quórum[16]. También manifestó grave desaprobación con Humor[17] y el diario peronista La Voz”. En el caso de la revista dirigida por Jorge Fontevecchia, especulaba que los motivos no serían lo aludidos en la medida punitiva, sino en el contenido de una nota en la que daba cuenta del hallazgo de una treintena de cadáveres en una fosa común en “el cementerio de Grand Bourg[18], que es probable que irritara a las autoridades militares más que la tapa”. Asimismo, agregaba como un factor alentador para contrarrestar la perseverancia de política represiva dictatorial que “la prensa de los países democráticos ha prestado tanta atención al asesinato de Marcelo Dupont[19] y al hallazgo de sepulturas innominadas como la prensa argentina”. En ese sentido, la demanda de información no sólo de los órganos periodísticos, sino también de los familiares europeos de los desaparecidos en la Argentina, comenzaba a cerrar un cerco en torno de los responsables del terrorismo de Estado en nuestro país y consecuentemente los dictadores reaccionaron mediante la clausura de esos medios. En el final de la nota el matutino volvía a esgrimir su conocida estrategia de confrontar las declaraciones de los mandantes castrenses con sus acciones, señalando la probabilidad de que  “la agresión a la prensa intensifique las dudas ya existentes sobre la sinceridad de las promesas del régimen, repetidas en docenas de oportunidades, de que consentirá que la Argentina se transforme en una democracia” (3/11/82). Argumentación que reiteraría días después cuando saludara con beneplácito que “el juez Mauricio Obarrio declarara nula y sin efecto la clausura”[20], del semanario de Fontevecchia, al tiempo que hacía votos a favor de la reapertura de Quórum y Línea pues la libertad de expresión forma parte de “un principio vital que anida en el mismo corazón de la civilización democrática que el régimen declara promover”. Al respecto, explicaba que el gobierno podía actuar con ese grado de arbitrariedad porque consideraba “que el ‘estado de sitio’ le permite hacer lo que guste, por bárbaro o extravagante que fuere, sin que la justicia pueda plantear objeción alguna”. Para concluir con un mensaje de estilo admonitorio daba cuenta de un cierto hartazgo por el accionar militar al señalar “ya es tiempo de que el régimen sepa que esta clase de omnipotencia absolutista que reclama para sí es absolutamente incompatible con todo lo que siempre ha manifestado defender (12/11/82). Puede observarse la consecuencia con la cual insistía en acicatear a la JM con sus propias afirmaciones, al tiempo que parecía encontrar en el poder judicial, tan proclive durante la mayor parte de la dictadura a hacer caso omiso de las denuncias por violaciones a los derechos humanos y los atropellos a la prensa, una conducta auspiciosa para terminar con el “absolutismo”, aunque ello no significara un reaseguro en la transición democrática. En ese sentido, la ratificación del fallo del juez Obarrio de anulación del cierre de La Semana por parte de la Cámara Federal lo llevaba a expresar con leve optimismo: “la Argentina está bastante lejos de la democracia o siquiera de un simulacro preelectoral de democracia, pero ello no obstante ha dejado atrás la supremacía total de la arbitrariedad” (25/11/82).

El comienzo del último año de la dictadura cívico-militar encontraría nuevamente a sus personeros censurando a los medios que se atrevían a poner en tela de juicio su accionar y, como de costumbre, la columna institucional del Herald se convertía en su principal fiscalizador. De tal modo, el editorial titulado “Lo que degrada a la República”, daba cuenta del secuestro de la ya amenazada revista Humor[21] antes de su distribución en las paradas de los canillitas. El diario calificaba el comportamiento de las autoridades con una serie de adjetivaciones peyorativas tales como: “un acto evidente de ciega desesperación e incalificable arrogancia”[22]; “el pretexto es débil, pueril e inverosímil”. A su entender, la justificación que pretendieron darle a un atropello de esa índole era revelador de la “hipocresía” castrense, pues resultaba inaceptable que “los militares reprendan a la prensa por ‘degradar’ las instituciones republicanas, cuando muy pocas cosas puede haber más degradantes para una república que el que su pueblo reciba órdenes, en virtud de la fuerza armada, respecto de todo, desde las ideas políticas permitidas hasta la información que puede leer en la prensa” (13/1/83). Igual conjetura que la explicitada con motivo de la interrupción de la salida de La Semana, emplearía el matutino en esta oportunidad para advertir que se utilizaba como excusa la tapa de la publicación, cuando el principal objeto de censura lo constituía la información que proporcionaba en su interior[23].

En este clima de censura y represión, el diario de la comunidad angloparlante encontraría otro motivo para respirar aliviado por la actuación del poder judicial. En efecto, su columna titulada “Una decisión loable”, la del juez Buján por la decisión de dejar sin efecto la prohibición de la distribución de la revista Humor, pues “el gobierno no podía valerse del artículo 23 de la Constitución (más conocido como decreto de estado de sitio) como instrumento legal para la incautación y venta de la edición de Humor, ya que las razones alegadas por el P.E. en la orden de prohibición no venían al caso en lo pertinente a las disposiciones del artículo 23”. Este “error” en la aplicación de la ley por parte de los dictadores, no sólo le devolvía al medio dirigido por A. Cascioli la libre circulación, sino que además era utilizado por el columnista para sentenciar “en la Argentina se vivirá mejor cuando se entierre el estado de sitio” (20/1/83). De todos modos, esta leve sensación de amparo duraría muy poco y paradójicamente por una nueva decisión de los ámbitos tribunalicios. En efecto, el fallo de la Cámara Federal que revocaba el anteriormente elogiado y le servía para advertir que la decisión de ese tribunal de alzada “le da al régimen un arma jurídicamente aceptable que le permite eliminar al medio que desee aunque pierda todas las instancias jurídicas que se le presenten en contra”. No obstante, además de actuar solidariamente con su colega, aprovechaba la ocasión para reivindicar el rol de los órganos de prensa al afirmar que con esta medida “el perdedor será país. El periodismo podrá ser muy imperfecto en general, pero es la única institución que puede decirles al gobierno y al público en general qué es lo que piensan los diversos sectores del país”. En el remate predecía las consecuencias que traería aparejada esta medida judicial pues “estimula al régimen a que aumente su campaña legal contra quienes se atreven a decir lo que piensan” (11/2/83).

La segunda clausura de Quórum, por denunciar que la Escuela de Mecánica de la Armada[24] había funcionado como un centro clandestino de detención a partir de 1975 “cuando Isabel Perón aún estaba en el poder pero ya comenzaba la ‘guerra sucia’, y 1978[25], cuando ese conflicto brutal había alcanzado su punto culminante”, también sería motivo de un artículo institucional. En este caso, además de la crítica a la medida gubernamental, incluía un mensaje admonitorio para su alocutario castrense, al espetarle “si el régimen desear impedir que el público tenga acceso a material escrito de cualquier clase debe tratar de hacerlo de la manera apropiada, mediante acciones judiciales, y no ordenando sencillamente su confiscación, con lo que demuestran además que su respeto por la ley es limitado. Además, secuestrar la edición de una revista sólo asegura que el contenido, que el régimen encontró tan ofensivo, recibirá mucha mayor publicidad de los hubiera obtenido de no ser así” (12/3/83). Resulta elocuente que aquella predicción efectuada un mes atrás se empezaba a concretar y que esta situación minaba las fuerzas del Herald, quien lejos de exigir a la cúpula del PRN que cesara de hostigar a los medios, optaba por recomendarle que actuara por la vía judicial.

El último aniversario de la dictadura padecido bajo el estado de sitio fue recibido mediante un editorial cuyo título lo reputaba como “Una celebración inapropiada”. El motivo, no estaba relacionado con lo acaecido siete años atrás dado que el matutino nunca en ese lapso se autocriticó por haber contribuido desde su lugar al advenimiento de la sangrienta dictadura, sino que estaba vinculado con una nueva clausura de La Semana[26]. La argumentación, además de insistir en recomendarle la acción judicial, empleaba el recurso de la concesión al afirmar “el régimen militar, como todo el mundo, tiene por cierto derecho a disgustarse por artículos publicados por la prensa y puede, si se siente muy afectado por ellos, exigir reparación ante una corte de justicia”. Seguidamente, agregaba un mensaje de neto corte admonitorio al señalarle al alocutario castrense “lo que no debe hacer, y hace repetidamente, es blandir un arma y ordenar el secuestro de un diario o revista antes de que una autoridad legal haya tenido ocasión de considerar su contenido” (24/3/83), tal como lo había hecho con la revista de editorial Perfil. Al día siguiente ironizaría sobre las consideraciones de los jefes castrenses respecto a los motivos para detener a Fontevecchia refutándolo como “Grotesco y siniestro” pues pusieron al comunicador de marras a disposición del PEN acusándolo de actuar como “agente británico” para “desestabilizar” (25/3/83).

La última nota institucional de esta etapa referiría al allanamiento policial producido en el diario La Voz, al cual, si bien el Herald calificaba como un diario peronista, aclaraba que para el régimen era el “vocero de la organización terrorista Montoneros”[27] aunque careciera de pruebas. Nuevamente apelaría a la argumentación admonitoria para señalarles a los militares que si bien tenían derecho a objetar el contenido y el estilo de un medio de comunicación “lo que no tiene derecho a hacer es a tomar ninguna medida contraria a ella, salvo que la justicia haya aceptado que en verdad ha violado alguna ley”. Si bien el personal policial se presentó requiriendo los libros contables “mostraron al parecer un interés especial en las agendas y nóminas de relaciones de los redactores de La Voz, las agencias noticiosas que sirven al diario y las gacetillas enviadas por organizaciones de derechos humanos, elementos que parecen considerar como pruebas incriminatorias de alguna especie” (14/6/83). Días después reflexionaría sobre los alcances de los últimos atropellos sufridos por los órganos gráficos sentenciado que en el gobierno había “cierta gente que ahora aspira a volver el reloj a una época en la que la mayoría tenía miedo de hablar” (19/6/83)[28].

Consideraciones finales

El Herald, después de haber apoyado el golpe en marzo de 1976, se convirtió a poco de comenzada la dictadura cívico-militar en un consecuente crítico de las políticas violatorias de libertades y derechos humanos, así como también en un batallador favorable de la libre práctica del periodismo. En ese sentido, luego de finalizada la guerra de Malvinas en la transición a la democracia sostuvo su discurso editorial con algunas peculiaridades.

Durante la gestión de R. Bignone, con respecto a las medidas específicas que violentaron el normal desenvolvimiento de los miembros del mundo comunicacional y las propias empresas periodísticas, el Herald contrapuso los intentos de amedrentamiento de los hombres y mujeres de prensa con las posibilidades de institucionalizar el país y conminó a las autoridades a brindar protección a los amenazados para impedir que los sectores antidemocráticos se impusieran a la mayoría ciudadana. En relación con los cierres de medios, además de rechazarlos con la contundencia habitual, elogiaba la actuación del poder judicial cuando mediante sus fallos beneficiaba la circulación de los órganos gráficos afectados y criticaba aquellas medidas que, desde la justicia, avalaban a los dictadores quienes exhibiendo una actitud lesiva de los principios republicanos de la libertad de expresión, se convertían en los verdaderos “desestabilizadores” de la transición a la democracia.

Notas


[1] Las políticas comunicativas negativas comprenden las medidas de control y fiscalización (censura punitiva y preventiva), prohibiciones, medidas económicas y medidas indirectas adoptadas por el gobierno (Borrat, 1989: 51).
[2] Unía una relación de amistad al director Robert Cox con Guillermo W. Klein el secretario de Programación y Coordinación Económica.
[3] Una muestra de esta crisis en el área comunicacional del régimen culminó cuando “el 23 de febrero renunció a la Secretaría de Información Pública el señor Oscar Magdalena. Su desplazamiento obedeció a una presión de las fuerzas armadas. A pesar de que, a mi juicio, su actuación había sido sobresaliente, los mandos opinaban que el área debía ser controlada por un militar. Así, fue designado quien había conducido el canal 9 de TV, coronel (RE) Clodoveo Battesti” (Bignone, 1992: 156).
[4] Con respecto a los entretelones de la crisis en las FF.AA. a partir del 14 de junio de 1982 puede consultarse Yofre (2007: 427-453) y Canelo (2008: 194-200).
[5] Llama la atención que haya omitido toda referencia a una situación similar de amenazas y presiones sufridas por los periodistas José Palozzi y Carlos Mollard quienes investigaban las ramificaciones de la Logia P 2 en la Argentina de las cuales sí dio cuenta El Día en su columna editorial (Díaz, Giménez, Passaro, 2013).
[6] En una entrevista posterior la damnificada brindaría una pista sobre su caso y el padecido por otros colegas “entre Malvinas y las elecciones, hubo muchísimas intimidaciones. Me enteré, por ejemplo, que las amenazas venían del Batallón 601. Uno pensaba: ‘Bueno, ¿pero a mí de dónde me llegan?’ En esa época no había contestadores telefónicos, entonces levantabas el tubo y la voz del otro lado te decía cosas como: ‘Te voy a matar a vos y a toda tu familia’” (Suriano, Álvarez, 2013: 185).
[7] Vale señalar que los hombres de prensa reprimidos fueron cinco, a saber: Rodolfo Del Percio y Julio López de Crónica, Miguel Algañaraz de Tiempo Argentino, Ricardo Alfieri de Editorial Atlántida y el mencionado Jorge Durán de Diario Popular y de la agencia Noticias Argentinas.
[8] Cabe anotar que J. Palozzi era de nacionalidad italiana y tomó esa decisión “luego de ser baleado cuando salía del taller de tipografía” de la publicación que dirigía (Ferrari, 2013: 354).
[9] El periodista se asiló en la embajada de Venezuela donde permaneció una semana y después fue trasladado a ese país. Volvería días antes de las elecciones generales del 30 de octubre de 1983 (Ferreira, 2000: 397).
[10] Cabe anotar que omitiría editorializar acerca del atentado con explosivos contra el estudio del director del recientemente aparecido diario La Voz, el dirigente del agrupamiento peronista Intransigencia y Movilización, el ex gobernador catamarqueño Vicente L. Saadi, aunque como se podrá apreciar más adelante editorializó ante el allanamiento que el 21 de junio de 1983 dictó el juez federal Nicasio Dibur sobre las instalaciones del mencionado órgano periodístico.
[11] Fue El Día quien detallaría editorialmente que las amenazas fueron proferidas “contra el corresponsal del diario londinense The Times y otros cien ciudadanos británicos residentes en nuestro país; otro presunto miembro de la misma organización intimó, también telefónicamente, al director del diario ‘Buenos Aires Herald’ a abandonar el país en el plazo de 48 horas, porque de lo contrario ‘sería ejecutado’; un grupo autodenominado ‘Comando 2 de Abril’ formuló similares advertencias a los corresponsales de los diarios ingleses ‘Financial Times y ‘Daily Mail’” (24/4/83). Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA), con la firma de su presidente Luis F. Etchevere y su secretario General, Ricardo Sáenz Valiente, emitió un comunicado el 22 de abril de 1983 en el que se repudiaba el atentado contra Fontevecchia y la amenazas sufridas por James Neilson.
[12] Otros casos de persecuciones que no tuvieron espacio en la columna institucional del medio fueron las del director de la revista Movimiento, el historiador Fermín Chávez y la de su secretario de redacción Rodolfo Audi (también colaborador de la agencia Noticias Argentinas), el dibujante del diario Tiempo Argentino Raúl Perrone y el delegado de Crónica Claudio Díaz. También recibió amenazas telefónicas el periodista de Noticias Argentinas y El Día Juan Bautista Yofre por sus entrevistas al general Galtieri sobre la guerra de Malvinas, publicadas en Clarín, véase (Ferrari, 2013: 354).
[13] Su director Andrés Cascioli reconocería en un testimonio posterior que para resistir a esta intentona persecutoria de los mandos militares tuvieron un amplio respaldo de los dos partidos políticos mayoritarios “nos ayudaron mucho a fines de 1982 cuando los militares habían decidido que iba a suspender la publicación. Vino Alfonsín, vinieron de la Coordinadora y alguna persona del peronismo también para defender la editorial, y nosotros logramos zafar en octubre de 1982” (Suriano y Álvarez, 2013: 255).
[14] El secuestro de su nº 328 se produjo por decreto 1075 del PEN. En otro orden, redundó en un alza importante de las ventas que “en octubre estuvo en 60.415 y en diciembre trepó a 92.741” (Ferrari, 2013: 350).
[15] La revista dirigida por el historiador revisionista José María Rosa fue clausurada por el decreto 1289.
[16] La publicación era propiedad del ex dirigente de la Alianza Libertadora Nacionalista Guillermo Patricio Kelly y la dirección estaba a cargo del ya mencionado periodista José Palozzi. La revista sufrió el secuestro del Nº 11 por el decreto 1.290. La esposa de Palozzi y secretaria de redacción de la revista, María Josefina Morales, partiría al exilio tres días más tarde.
[17] El Nº 97 de la revista satírica fue secuestrado por decreto del PEN del 12/1/1983.
[18] Hallazgos de esta índole fueron publicitados por algunos medios gráficos, sobre todo quienes habían permanecido indiferentes a las macabras consecuencias producidas por el aparato represor clandestino. Esta divulgación fue denominada “show del horror” por la investigadora Inés González Bombal (1995: 204).
[19] El extinto era hermano de Gregorio Dupont diplomático que fuera querellado por el almirante E. Massera a raíz de la imputación del asesinato de la diplomática Elena Holmberg, ultimada en 1978 después de haber denunciado que la Armada había organizado el Centro Piloto de París para realizar tareas de inteligencia contra los exiliados argentinos utilizando como máscara la embajada Argentina en Francia.
[20] La declaración de nulidad en primera instancia se produjo el 10 de noviembre de 1982. Años después evocaría los acontecimientos el propio damnificado: “La sociedad había cambiado y había una actitud antigobierno militar. Nosotros hicimos una acción de amparo ante la Justicia y en tres meses conseguimos que la Corte de Justicia reabriera La Semana. Algo impensado antes de la guerra. Que la Corte del gobierno militar dijera usted se equivocó, tiene que reabrir la circulación (sic), fue fuerte”. (Ferreira, 2000: 397).
[21] Al igual que lo ocurrido con su colega La Semana, el secuestro de la edición de Humor la proporcionó un aumento ostensible de sus compradores: “En enero llegó a 219.629 ejemplares y al mes siguiente, el mejor del año, a 313.100 (…) En el último trimestre las cifras disminuyeron considerablemente 183.749 en noviembre y 191.332 en diciembre” (Ferrari, 2013: 350).
[22] Su director Andrés Cascioli brinda el siguiente testimonio “Después de ese número con la crítica a la Guerra de Malvinas, nosotros ya decididamente teníamos como objetivo pegarle al gobierno (…) Me da la sensación de que no teníamos ningún límite, y la cosa se puso tan dura que poco tiempo después, en meses, secuestraron la edición. Llegaron con toda la policía con los Falcon, a retirar las que se estaban imprimiendo. Se quedaron con ejemplares, secuestraron 180 mil, yo logré salvar algunos que luego, apoyado por la Asociación de Editores y Distribuidores, pude repartir en algunos quioscos, negocios, farmacias, y se vendieron” (Suriano y Álvarez, 2013: 199).
[23] Se refería a la conversación de un jefe castrense que ante la preocupación del juez Narvaiz por las amenazas recibidas, le “reconoce” que no están en condiciones de garantizarle que pueda controlar a quienes en su fuerza “no lo quieren ver más”, lo cual le permitía sostener que las FF.AA. no constituían un bloque homogéneo pues la confidencia era una “prueba de que a pesar del ostensible empeño de las fuerzas armadas en lograr un país ‘estable, libre y democrático’ aun quedan sectores castrenses que estiman que aunque estos ideales podrán ser espléndidos para ‘el pueblo’ no son aplicables a la élite armada. Estos sectores evidentemente creen que todo lo militar está más allá de las libertades públicas, de la crítica, de los tribunales y de la Constitución” (13/1/83).
[24] El sindicalista e historiador del gremio de prensa, Daniel Parcero, refiere tácitamente que quien ejercía las funciones de “director” de la publicación era G. Kelly y no Palozzi y explica que la revista había surgido “como producto de una interna militar enfrentada al almirante Massera, y a lo que se presta el activista nacionalista [Guillermo Kelly]. Juan Salinas, el cuestionado periodista, ex militante de ‘la orga’ [Montoneros], habría llegado a Quórum y logrado mantener incidencia en la publicación por sobre Kelly, durante un tiempo que estuvo ausente del país. Los artículos que se publicaron ése breve lapso se habían salido de la raya acordada entre los militares y el director. Fue cuando en sus páginas apareciera un artículo bajo el título “Los años calientes de la Escuela de Mecánica de la Armada” (Parcero, 2011: 193-194).
[25] Cabe mencionar que la nota que motivó el acto censorio “incluía una lista con nombres de 63 represores y otra con 156 desaparecidos” (Ferrari, 2013: 354).
[26] Además del secuestro de la edición bajo la acusación de publicar “información inexacta sobre las fuerzas armadas” se ordenó la detención de su director Jorge Fontevecchia quien como ya se expuso. Aunque para el medio aquí examinado la razón era “al parecer un artículo acerca del Capitán Alfredo Astiz, cuyo nombre es actualmente más conocido por su carrera en la Argentina durante la ‘guerra sucia’ que por sus hazañas en las Georgias del Sur” (24/3/83).
[27] Al respecto Daniel Parcero (2011: 189) afirma que el diario apareció como “producto de un entendimiento entre el ex gobernador y señor feudal de Catamarca, Vicente Leónidas Saadi, y la superestructura de Montoneros. El primero aportó la infraestructura y los segundos el financiamiento”.
[28] Otro atentado contra un órgano gráfico que no fue jerarquizado en el matutino angloparlante pero sí por su colegas “no socios” La Prensa  y El Día fue el perpetrado contra la revista mensual El Porteño cuyas instalaciones sufrieron el estallido de un artefacto explosivo de gran magnitud, el cual había provocado asimismo heridas en dos personas que se encontraban en cercanías del edificio afectado.


BIBLIOGRAFÍA
BIGNONE, Reynaldo. El último de facto. La liquidación del proceso. Memoria y testimonio, Planeta, Buenos Aires, 1992.
BORRAT, Héctor. El periódico, actor político, Gili, Barcelona, 1989.
CANELO, Paula. El proceso en su laberinto. La interna de Videla a Bignone, Prometeo, Buenos Aires, 2008.
DÍAZ, César. La cuenta regresiva, La Crujía, Buenos Aires, 2002.
__________ (Dir.). Nos/otros y la violencia política 1974-1982.El Herald, La Prensa y El Día, Ediciones al Margen, La Plata, 2009.
__________ (Dir). “El Herald y su particular compromiso frente a un tema tabú: los derechos humanos durante la dictadura”, en C. Díaz. Nos/otros y la violencia política 1974-1982, Ediciones al Margen, La Plata, 2009, pp. 365-441.
_________ “La Nación y Clarín frente a la violencia política (1976-1980). Dos casos de periodismo hermesiano”. En Jorge Saborido y Marcelo Borrelli. Voces y silencios. La prensa argentina y la dictadura militar (1976-1983). Eudeba, Buenos Aires, pp.153-180.
__________. “Un discurso argentino escrito en inglés: la guerra de Malvinas en los editoriales del Herald”, 2012, Inédito.
DÍAZ, César, GIMÉNEZ, Mario. ”Las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en la Argentina del golpe a la guerra de Malvinas según el Herald”. En: X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Facultad de Humanidades y Artes, UNR, Rosario, 2005.
_____________________________. “Política armada en la columna del Herald (1974-1982)”, en C. Díaz. Nos/otros y la violencia política 1974-1982. El Herald, La Prensa y El Día. Al Margen, La Plata, 2009, pp. 263-313.
____________________________. “La Prensa y el Herald y su particular construcción de un imaginario sobre el sindicalismo en la transición democrática argentina (1982-1983)”, en Revista de Comunicaciones, Periodismo y Ciencias Sociales Tercer Milenio, Ediciones Universidad Católica del Norte, Chile, Antofagasta, aceptado para su publicación en el nro. 27, mayo de 2014.
DÍAZ, César, GIMÉNEZ, Mario y PASSARO, María. “Una de las víctimas privilegiadas del ‘proceso’: la libertad de expresión”, en Anuario de Investigaciones 2001, EPC, La Plata, 2002, pp. 18-29.
________________. “Cuando ni los ‘objetivos’ ni los ‘plazos’ respetaron la libertad de expresión. La legislación entre 1976-1981”, en Anuario de Investigaciones 2003, EPC, La Plata, 2004, pp. 116-126.
________________ “La asfixia legal a la libertad de expresión durante la dictadura. Desde la asunción de Viola hasta la Guerra de Malvinas (1981-1982)”, en Oficios Terrestres n° 17,  EPC, La Plata, 2005a, pp. 157-166.
________________. “Estrategias censorias de la dictadura. Desde la asunción de Viola hasta la guerra de Malvinas (1981-1982)”, en Anuario de Investigaciones 2004, EPC, La Plata, 2005b, pp. 46-54.
________________. “19 de mayo de 1997. DE ESO NO SE HABLA”, en Anuario de Investigaciones 2006, EPC, La Plata, 2008, pp. 61-69.
________________. “La desilusión de los no socios con el proceso (1976-1982)”. En: C. Díaz. Nos/otros y la violencia política 1974-1982, Ediciones al Margen, La Plata 2009a, pp. 63-107.
________________. “Los no socios frente a la ‘visita indeseada’ de la CIDH””. En: C. Díaz. Nos/otros y la violencia política 1974-1982, Ediciones al Margen, La Plata 2009b, pp. 109-137.
_________________. “La libertad de expresión en la transición a la democracia según La Prensa” en Anuario de Investigaciones 2009, EPC, La Plata, 2011.
_________________. “Entre la guerra sucia y la guerra de Malvinas, la guerra que no fue. Los medios y el conflicto del Beagle (1977-1982)”. En: Jorge Saborido y Marcelo Borrelli (comps.). Voces y silencios: la prensa argentina y la dictadura militar (1976-1983), EUDEBA, Buenos Aires, 2011, pp.83-118.
_______________. “El Herald y las tres claves interpretativas durante la transición a la democracia”. En: Cuadernos de HIdeas, FPyCS-UNLP, La Plata, Año 6, Nº 6, 2012, pp. 92-111.
_______________. “EL DIA frente a las políticas censorias durante la transición democrática”. En: Anuario de Investigaciones 2010, EPC, La Plata, 2013.
DÍAZ, César; PASSARO, María Marta. “Los editoriales de una muerte anunciada: The Buenos Aires Herald y el golpe de Estado de 1976”. En: C. Díaz. La cuenta regresiva,  2002, pp. 215-235.
­­­­­­­­­­­­­­___________________________________. “Papel Prensa y la dictadura. Una historia de silencios, alianzas y oposiciones”, en Alejandro Verano (comp.). Medios de comunicación en Argentina: diagnóstico y perspectiva. EPC, La Plata, Tomo 1, 2009, pp. 137- 162.
DÍAZ, César, PASSARO, María y GIMÉNEZ, Mario. “El Herald y las víctimas de la última dictadura militar (1976 - 1982)”. En Díaz, César (dir.). Nos/otros y la violencia política”. En: C. Díaz. Nos/otros y la violencia política 1974-1982, Ediciones al Margen, La Plata, 2009, pp. 311- 363.
FERRARI, Germán. 1983 el año de la democracia, Planeta, Buenos Aires, 2013.
FERREIRA, Fernando. Historia de la censura, Norma, Buenos Aires, 2000.
GONZÁLEZ BOMBAL, Inés. “’Nunca Más’: El juicio mas allá de los estrados”. En: AA.VV. Juicio, Castigos y Memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1995.
PARCERO, Daniel. Los trabajadores de prensa, Corregidor, Buenos Aires, 2011, V.2.
QUIROGA, Hugo. El tiempo del “Proceso”. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares 1976-1983, Fundación Ross, Rosario, 2003.
QUIROGA, Hugo. “EL tiempo del Proceso”. En: SURIANO, Juan (comp.). Nueva Historia Argentina. Dictadura y democracia (1976-2001), Sudamericana, Buenos Aires, 2005, pp. 33-86.
SURIANO, Juan y ÁLVAREZ, Eliseo. 505 días que la Argentina olvidó, Sudamericana, Buenos Aires, 2013.
YOFRE, Juan. Fuimos Todos, Sudamericana, Buenos Aires, 2007.
*Centro de Estudios en Historia/Comunicación/Periodismo/Medios (CEHICOPEME)
Facultad de Periodismo y Comunicación Social - UNLP