| César Díaz y otros |
Las tres columnas que no pudo avasallar la dictadura militar
CÉSAR LUIS DÍAZ
MARIO GIMÉNEZ
MA. MARTA PASSARO
Las persecuciones a los hombres de prensa
Los efectos no deseados de una detención: la vuelta a la democracia
Notas
Los estudiosos interesados en los aspectos comunicacionales durante la última dictadura han tenido como uno de sus propósitos centrales demostrar lo “expuestos” que estaban los hombres de prensa al ejercer su profesión. Sin embargo, consideramos que todavía no se ha reparado debidamente en el tratamiento público que el urticante tema tuvo en los espacios institucionales de algunos medios. Por lo cual, exploraremos los editoriales de los matutinos que no formaron parte de la empresa Papel Prensa S.A.(1), La Prensa, The Buenos Aires Herald y El Día, entre 1977 y 1979, aspirando a demostrar que los riesgos vivenciados por los periodistas eran sometidos a la consideración pública de un modo más frecuente de lo que comúnmente se cree, circunstancia que estaría corroborando que éstos “no socios” del poder político no estaban dispuestos, luego de haber coadyuvado a la construcción periodística del golpe de Estado de 1976 (2), a que la dictadura actuase “despiadadamente” en contra del cuarto poder a través de mecanismos represivos.
Los tres matutinos supieron abordar aspectos centrales al quehacer periodístico buscando trascender la coyuntura en la que se encontraban inmersos. De ahí que hayan destinado no poca cantidad de notas para reflexionar acerca de cuál era la función que debía cumplir la prensa de cara a la opinión pública, desplegando argumentos basados, principalmente, en los preceptos constitucionales que prescriben taxativamente las garantías y derechos a la libertad de expresión por los que deben velar los gobiernos, así como también en su obligación de respetar el principio republicano de informar a la ciudadanía sus actos. Con relación al cumplimiento de éste último mandato, el periodismo gráfico “ofrecería”, perseverantemente aunque en vano, sus páginas para acercar a la opinión pública la publicidad de la actuación oficial en la medida que desde las esferas gubernativas se la brindara sin cortapisas. En este sentido, sabedores de que el régimen carecía de legalidad democrática aducían que los medios podrían actuar a modo de “puente” comunicacional entre el poder ejecutivo y la población, convirtiéndose en mecanismos idóneos de legitimación del régimen, no sólo ante la opinión local sino, además, a los ojos de gobiernos y órganos de prensa del exterior quienes carecían de una imagen positiva de la gestión castrense.
Asimismo, resulta conveniente aclarar que, además de las zozobras vivenciadas por los comunicadores, otros temas vinculados a la problemática de la libertad de expresión se hicieron igualmente públicos en la superficie editorial de los órganos examinados, tales como: cierres compulsivos y apropiaciones de diarios independientes, clausuras provisorias, confiscación de ediciones, llamados de atención más o menos “informales”, exacciones económicas y reticencias informativas a las que eran sometidos los medios en virtud del monopolio informativo y publicitario ejercido por la agencia Télam, arbitrario manejo del precio de papel por parte del gobierno y la implementación de distintos mecanismos legales entre los que sobresalen las leyes 20.840 (3), pergeñada durante el gobierno de Isabel Perón, y la 21.322 (4) que dieron lugar a coerciones no sólo llevadas a cabo por el poder ejecutivo sino también a través del poder judicial(5).
Este conjunto de medidas atentatorias contra el periodismo hizo que las expectativas generadas originalmente por las autoridades castrenses en los distintos diarios no perduraran mucho tiempo. En efecto, a poco de ostentar los atributos formales del poder institucional, los militares, en lugar de diferenciarse de la gestión depuesta el 24 de marzo de 1976 respecto al tratamiento de los medios de comunicación, “perfeccionaron” los instrumentos legales gestados por sus antecesores a través de una estrategia de intimidación que, enmarcada en el terrorismo de Estado generalizado, terminaría convirtiendo al cuarto poder en “una víctima privilegiada”. De este modo, la relación entre los medios y los gobernantes se iría resquebrajando hasta culminar en la ruptura de aquel “pacto” preexistente, sobre todo con aquellos que asumieron el carácter de “no socios” del Estado(6). En tal sentido, la permanente violación de los derechos humanos estrechó los márgenes de libertad para el desenvolvimiento de los medios y, sin lugar a dudas, contribuyó a que el “divorcio” entre las partes se fuera agudizando con el correr del tiempo. Los medios colegían que si la situación de “guerra” contra las organizaciones armadas, en la que desde el golpe decía estar embarcado el ‘proceso’, había servido para que el cuarto poder ‘comprendiera y aceptara’ algunas restricciones imprescindibles en relación con la circulación de informaciones que podían ser utilizadas por los ‘subversivos’; ante el anuncio de los mandos castrenses de su ‘eliminación’, ya no resultaba una buena excusa para demorar el regreso al estado de derecho y mucho menos para continuar cercenando a la prensa(7).
Por las condiciones en las que debieron desenvolverse los medios durante los primeros años de la dictadura en la cual, como hemos dicho, predominaron el temor y el retaceo de la información oficial, la utilización de canales de comunicación alternativos también fue un lugar común para el acceso a la información(8). Ahora bien, al leer con detenimiento los centenares de editoriales que La Prensa, The Buenos Aires Herald y El Día destinaron para examinar los asuntos públicos (económicos, políticos, sociales) más candentes de nuestro país, corroboramos que temáticas tan irritantes para el gobierno militar, como la que tratamos en este estudio, eran puestas periódicamente a la consideración de la opinión pública. Consideramos, empero que el análisis de las políticas comunicacionales implementadas en esta etapa requiere, paralelamente, poner atención en otro aspecto fundamental –el de la recepción-, que a pesar de no abordarse específicamente, será esbozado en nuestro estudio. Este interés se sustenta en que no obstante circular información clandestina además de la publicación de editoriales de los medios comprometidos con esta problemática, aún hoy se afirma que en esos años la opinión pública desconocía esa nefasta realidad. Por cierto, si los diarios le otorgaban estatus editorial a la desaparición de ciudadanos, sobre todo a la de quienes se desempeñaban como periodistas, no deberíamos suponer entonces que el “problema” no puede reducirse a los medios –censura y autocensura- sino que también involucraba a una sociedad que no estaba “dispuesta” a conocer, analizar y comprender lo que algunos órganos periodísticos se empeñaban en publicar(9).
Finalmente, consignaremos que el corte propuesto comprende desde mayo de 1977 hasta septiembre de 1979, momento en el que se hicieron presentes en nuestro país los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de evaluar la situación de esas libertades intrínsecas a la condición de las personas. Su presencia y las entrevistas que mantuvieron con dirigentes de distinta extracción permitieron de algún modo “reavivar el fuego”, aunque tenue, de la democracia en la Argentina.
Las persecuciones a los hombres de prensa
La Argentina históricamente resultó un lugar riesgoso para el desempeño de los hombres de prensa(10) pero en la coyuntura analizada alcanzó el más triste de los apogeos, llegando la represión a su punto más álgido con la desaparición de Edgardo Sajón(11) y las detenciones de Jacobo Timerman y Robert Cox, en abril de 1977. Estos hechos marcarían un futuro sumamente incierto para el periodismo argentino dado que si apellidos con tanto peso internacional quedaban sometidos a los arbitrios demenciales de la voracidad de los militares, pues cabe recordar que el asedio había comenzado tiempo atrás(12), no existían posibilidades mucho más promisorias para otros miembros de la prensa. Tal como denunciaban los diarios estudiados en esta ocasión, a la ya importante nómina de comunicadores detenidos, desaparecidos y asesinados, continuaron incorporándose nombres que corroboran que quienes perseveraron en no silenciar sus voces ni “domesticar” sus ideas enfrentarían un destino trágico.
Los medios aquí examinados dieron desigual cuenta de los “riesgos profesionales”. En este aspecto, la consecuencia demostrada por el Herald para sostener esta problemática en sus editoriales no fue más que un rasgo de continuidad respecto de su conducta en años anteriores. A pesar de que el propio R. Cox había sido detenido ilegalmente el 24/4/77, lejos de amilanarse, condujo al diario a no llamarse a silencio ante los atropellos cometidos por el poder político, destinando numerosas notas sobre los padecimientos de los periodistas. Con menor número de editoriales, pero con similar compromiso fue “acompañado” por El Día, quedando en una posición contrastante La Prensa pues abordó esta temática desde otras perspectivas(13). Sin embargo, en las tres columnas institucionales ocupó un lugar preponderante el encarcelamiento y las distintas alternativas “procesales” que padeció el despojado director de La Opinión, J. Timerman.
La “celebración” del día del periodista en 1977 fue propicia para que El Día editorializara, a modo de alegato, efectuando una fuerte crítica a la dictadura por el trato al que se sometía a no pocos periodistas. Destacaba la contradicción que significaba exaltar la función que podrían cumplir los hombres de prensa en el ‘proceso’ en tanto fuesen víctimas de diversas arbitrariedades padecidas inclusive por algunos de los más notorios. Así, mientras desde las altas esferas gubernamentales “se reiteran conceptos positivos en cuanto a la necesidad de que el periodismo afirme su independencia de criterio, como un elemento vital en la búsqueda en que está embarcado el país todo, subsisten actitudes que han derivado en la existencia de miembros de esta actividad detenidos sin proceso, como Antonio Di Benedetto, Raúl D’Atri o Jacobo Timerman”, añadiendo a la “lista” las desapariciones de Edgardo Sajón y Enrique Raab(14) las que “mantienen vigente una sensación de incertidumbre que no puede menos que afectar el cabal ejercicio del quehacer periodístico”, pues “cayeron o desaparecieron en el cumplimiento de su misión, como consecuencia de su negativa a torcer el rumbo que, entendían, era su deber mantener” (7/6/77). Dicho en otras palabras, pagaron el precio por perseverar en la irrenunciable tarea de informar sin doblegarse a las presiones de la dictadura.
Por su parte, el Herald también aprovecharía esta fecha para solidarizarse con los mismos nombres que su colega platense, aunque desarrollara una estrategia diferente. Justamente, no sólo le hacía cargos al gobierno recordándole lo beneficioso que sería para su imagen publicitar las causas de la privación de libertad del director de La Opinión sino que además, demandaba a los comunicadores para que acudieran en su defensa, dirigiéndose hasta aquéllos que se hallaban en las antípodas de su pensamiento. Por caso, “Emilio Hardoy, uno de los columnistas argentinos más notables, un dirigente conservador y actualmente principal editorialista de La Prensa, [quien] escribió para La Opinión y para otras publicaciones del señor Timerman” (8/6/77), pues en virtud del prestigio con que contaba podría prestar una importante colaboración en favor del “preso sin nombre”(15). Por supuesto, que este “privilegio” de permanecer detenido sin causa manifiesta, no le era exclusivo, ya que en el mismo editorial, sin apelar a nombres propios, continuaba efectuando una suerte de “reproche” a la comunidad periodística, al manifestar lo positivo que resultaría que “todos los periodistas prestaran atención a la penuria de A. Di Benedetto, el subdirector del diario Los Andes, un distinguido novelista como así también periodista que ha estado consumiéndose en prisión desde el 24 de marzo de 1976 sin que se le haya hecho cargo alguno”(16). Asimismo, registraba su inquietud por las “desapariciones” de Sajón y Raab, empleando el término que por cierto ya era habitual en los medios gráficos y, por su intermedio, en la ciudadanía. El Herald, además iría aún más lejos en su planteo, pues le advertiría admonitoriamente al gobierno que era su obligación asegurar al público “la diversidad de fuentes de información que es indispensable para la existencia del verdadero periodismo, pero es necesario agregar que no hay diversidad sin pluralismo, ni pluralismo donde no existe vivencia democrática” (8/6/77). Las dos notas examinadas, evidentemente daban cuenta de una preocupación compartida que, fue explicitada a través de otros mecanismos por La Prensa, ya que no aludía directamente a estos casos específicos sino que optaba por denunciar las situaciones opresivas sufridas por los medios en el mundo (9/6/77) y recordaba que la libertad de prensa había sido la piedra fundamental que inspiró a los padres de la patria (10/6/77). Resulta notorio que mientras el Herald y El Día elevaban su voz para reclamar por la suerte que le depararía a los periodistas el plan represivo instrumentado por la dictadura, el diario de los Paz si bien apelaba al principio de autoridad de los organismos que nucleaban a la prensa para hacer referencia a la situación de los periodistas desaparecidos, privilegiaba discursos genéricos favorables a la libertad de expresión. Así enumeraba, abrevando en el informe de la ADEPA, las penosas circunstancias que atravesaban algunos de ellos(17), destacando en particular la de J. Timerman, sin desaprovechar la ocasión para exponer el juicio desfavorable que le merecía su persona(18), al tiempo que reconvenía al gobierno por la intervención de su matutino(19) (5/7/77). Unos días después el diario de Kraiselburd volvería a explayarse críticamente sobre la situación enojosa que le provocaba la detención del conocido director(20), además de declarar que la “intervención ha derivado en la total desvinculación de La Opinión, de las ideas, enfoques e intereses de quienes lo crearon” (19/7/77), lo cual brindaba de algún modo, una de las pistas para entender que el “peligro” para la dictadura no se reducía a una persona, sino a la orientación de un medio que si bien había sido un decidido constructor de un discurso favorable al golpe de Estado de 1976(21), no por ello se resignaba a ser un periódico “oficialista”.
Las iniquidades concretadas contra los periodistas, directores y editores, adoptaban formas “novedosas”, generando una sensación de desconcierto fortalecida por la imposibilidad de predecir los limites que estaba dispuesto a respetar el plan sistemático del terror. El caso más paradigmático lo representó la “reconvención” que se le efectuara a Bartolomé Mitre (h)(22) director de uno de sus socios (ED, 19/7/77), por lo cual el amplio espectro de “no socios”, y La Opinión era un caso testigo, difícilmente podía esperar actitudes “piadosas” de parte del gobierno. Por cierto, un mes después a través de un decreto el gobernador correntino efectuó un “llamado de atención” a los editores de La Época por considerar “irreverente” la diagramación de una de sus páginas (23) (LP, 31/8/77). Tan variados motivos de presión de las autoridades sobre los comunicadores, conducirían a desconfiar acerca de hasta dónde podría llegar la dictadura. Las consecuencias de las dudas sobre los ‘márgenes’ fueron expuestas en forma incontrastable por el matutino platense quien evidenciaba a sus lectores las consecuencias: “una regulación de limites tan vagos, se ejerza una contención excesiva, con auto anulación del espíritu critico” efectuando, de este modo, una alusión directa a la tercer forma de control que deriva de las estrategias censorias punitivas y preventivas: la autocensura(24) (11/11/77).
Mientras tanto el diario de la comunidad anglosajona emplearía su columna para requerir del gobierno la aclaración sobre cuáles podían ser los motivos para que después de haber anunciado la “derrota de la subversión”, los periodistas siguieran soportando por parte de las autoridades el mismo trato que “en el momento más álgido de la guerra contra el terrorismo”. Esta inquietud era explicitada ante la “no explicada desaparición por 18 horas” del periodista de Associated Press International en Buenos Aires Oscar Serrat(25). Si bien no dejaba de aclarar el beneplácito que le producía la aparición con vida del colega, llamaba la atención sobre lo que denominaría metafóricamente como “corolario de una cadena de violencia que ya le costó la vida a muchos periodistas” (12/11/77). Pocos días después, cargaría nuevamente las tintas sobre el tema, en esta ocasión para manifestar la perplejidad que le provocaba el hecho de que mientras “el consejo de guerra’ lo declaró inocente de cualquier participación en las supuestas actividades subversivas”, Timerman no sólo no fue liberado inmediatamente, en virtud del habeas corpus interpuesto por su esposa a mediados de año, sino que la “Junta Militar anunció que, juntamente con las mujeres de Juan e Isidoro Graiver(26), había sido incluido en el Acta de Responsabilidad Institucional”(27). La posibilidad de encontrar una alternativa a tan injusta medida, condujo al Herald a presentar a su alocutario un argumento que le permitiera no solamente al “acusado” recobrar su libertad, sino también al gobierno mejorar su imagen en el exterior. De este modo, exigía la aplicación de un instrumento vigente durante el estado de sitio para los detenidos a disposición del poder ejecutivo, es decir, la posibilidad de abandonar el país mientras fuesen investigados. Esta medida, representaría una buena respuesta a la “propaganda antiargentina”. En otras palabras, su liberación junto con la de otros presos “sin acusación formal, demostraría la preocupación del gobierno por los derechos humanos en un momento en que la visita del señor Vance(28) focaliza en la Argentina la atención mundial” (19/11/77).
Hacia fines de ese año, la desaparición de Luis Guagnini(29) motivó la publicación de una columna en la que se apuntaba que podría ser una nueva “víctima de ‘excesos’ de las fuerzas de seguridad”. En este caso, de modo admonitorio, el Herald efectuaba una objeción a las limitaciones de la dictadura, señalando que “la población, aún se siente expuesta a la arbitraria violencia de grupos anónimos, a casi dos años desde que las fuerzas armadas tomaron el poder para dar precisamente fin a todo esto” (30/12/77).
La consecuente denuncia de este diario se vería nuevamente reflejada en la columna institucional cuando, mediante un irónico y metafórico título, aludiera al triste destino de algunos de los más reconocidos hombres de prensa. En fecha cercana al día del periodista, ni siquiera mencionado probablemente por la imposibilidad de aludir a una celebración, encabezaba la nota denunciando la existencia del “Triángulo de la Argentina”. La comparación servía para graficar, después de más de dos años de dictadura militar, el cruel paralelismo existente con “el Triángulo de las Bermudas”, lugar en el cual ‘desaparecían’ los que se atrevían a acercarse a ella. El motivo del artículo no era otro que registrar una nueva escalada de violencia contra los comunicadores, aunque en este caso el llamado de atención no se limitaba a las esferas gubernativas o a los periodistas como en otras ocasiones, sino que incluía al conjunto de la opinión pública. El diario enumeraba: “Edgardo Sajón, Rafael Perrota(30), Héctor Hidalgo Solá, Rodolfo Fernández Pondal(31) y ahora Julián Delgado(32). Estos cinco nombres debieran dar el toque de alarma en todo el país para advertir tanto al gobierno como al pueblo que, despierten a la realidad antes que sea demasiado tarde”. Casi un año después el diario volvería a recordarlos al tiempo que intentaba despertar la conciencia anestesiada de la sociedad argentina(33).
Esta suerte de “ultimátum” lanzado por el periódico –al gobierno, a sus colegas y al público- no podía considerarse un mensaje estentóreo ni mucho menos oportunista. En tal caso, debiera tomárselo como un nuevo llamado de atención, en el que buscaba involucrar a distintos sectores de la comunidad para que acudieran en defensa de los periodistas. Para ello se encargaba de remarcar la antigüedad de su demanda: “el Herald se sintió hoy casi solo en su reclamo por las medidas por barrer lo que se ha dado en llamar ‘el otro terrorismo’. Pero también estábamos solos cuando a comienzos de 1970 advertimos sobre la amenaza de terrorismo izquierdista y señalamos que el país estaba en guerra”, solicitando admonitoriamente que ante el anuncio del fin de la ‘conflagración’ las autoridades debían demostrar “que el país ha regresado a un grado de normalidad, poniendo fin a todo misterio y secreto sobre las medidas que ordenan la seguridad”. Esta petición, compartida por las columnas de los otros dos “no socios”, señalaba a la junta como responsable de poner coto al accionar los “grupos de tareas”, denominados mediante eufemismos tales como “el otro terrorismo” y “amplia área de ilegalidad responsable de la mayor parte de la así llamada ‘campaña antiargentina’” (13/6/78). La categórica imputación expuesta en la columna del diario de R. Cox, sería citada unos días después por La Prensa quien, para diferenciarse de su colega frente a la desaparición de J. Delgado, optaba por subrayar la ambigüedad de las circunstancias que rodeaban el suceso manifestando que “si bien no existen razones fundadas para establecer que haya una analogía entre la desaparición del periodista Delgado y otras que continúan sin aclarar, nada autoriza a descartarla” por lo cual exigía a las autoridades una exhaustiva investigación (23/6/78).
La magnitud y las diversas formas que adquirió el plan represivo que “devoró” a importantes sectores dirigentes y militantes de base en los ámbitos políticos y gremiales, así como también a hombres y mujeres de las artes y letras(34), científicos y profesionales de distintas disciplinas, por parte de la dictadura, repercutió internacionalmente en lo que desde los mandos castrenses y su aparato de difusión se dio en llamar “campaña antiargentina”. El martirologio padecido por los comunicadores en la Argentina, los hizo merecedores de una distinción anualmente asignada por la Sociedad Interamericana de Prensa a quien se destacara por su trayectoria y aporte al campo de la comunicación y el periodismo. Esta suerte de reconocimiento póstumo se concedió a “los periodistas que fueron asesinados, desaparecieron, debieron soportar restricciones por vía de normas legales –de las cuales algunas ya no rigen, como los decretos recientemente derogados(35), pero otras subsisten-, o detenidos por largo tiempo sin que se iniciara el pertinente proceso judicial” (ED, 26/6/78). Claro está que la represión desatada contra las “víctimas privilegiadas” fue sentida también por el conjunto social, donde se evidenció que “la reticencia y el miedo hicieron presa a la sociedad y fueron acallando discrepancias, creando un círculo de silencio donde cada uno prefirió encerrarse en su ámbito íntimo y desentenderse de sus responsabilidades como miembro de la comunidad” (28/6/78). Este “círculo de silencio”, en realidad era una metáfora efectista -que ya había sido empleada por El Día con anterioridad(36)- pues como venimos corroborando, numerosos hechos que la Junta Militar no deseaba se difundieran, tomaban estado público por la valentía de quienes se atrevieron a romper ese “oprobioso perímetro”, tributando la osadía con su incorporación a la “larga lista de periodistas -más de 40- que han sido víctimas del terrorismo tanto de derecha como de izquierda o que están detenidos sin que se les haya formulado cargo alguno”(37). El último que venía a agregarse a esa poblada nómina era el “periodista de Clarín, Enrique Esteban, que fuera secuestrado por hombres armados no identificados” (27/7/78). En este caso el Herald deslizando su fundada sospecha sobre la responsabilidad oficial en el empleo abusivo de la fuerza sentenciaba “no puede haber justificativos para usar métodos terroristas para derrotar al terrorismo”, a la vez que no ocultaba su beneplácito por la inmediata reacción del ministro del interior “general Harguindeguy [quien] expresó su preocupación sobre la desaparición del señor Esteban y reveló los pasos que él diera para investigar el caso”. Extrañamente, repetiría a pie juntillas los argumentos del funcionario, al referirse al caso de J. Delgado a través del poco convincente argumento de que su situación podía “ser explicada por la mala salud del desaparecido pues se hallaba bajo tratamiento psiquiátrico(38) y por ende cualquier relación política o criminal podía ser descartada” (27/7/78). Seguramente, dado el consuetudinario silencio oficial en torno a los distintos casos de desapariciones, estas declaraciones significaban un grado de compromiso de quienes en realidad eran los responsables principales de los luctuosos sucesos y eso alentaría expectativas en el diario.
Diferente fue el caso de Horacio Agulla(39), director de la revista política Confirmado, quien cayera asesinado a sangre fría. En efecto, la modalidad empleada por el victimario, abordarlo cuando estaba por ascender a su auto particular y descerrajarle varios disparos de arma de fuego al mejor estilo “mafioso”, llevó al Herald a reflexionar sobre las posibles causas que explicaran cómo era posible que se vivieran situaciones de ese tenor. En este caso, complementando el análisis de El Día, que entendía que el problema era el individualismo derivado del miedo imperante en la sociedad, utilizaba el discurso organicista evaluando críticamente que “Argentina se ha convertido en una sociedad enferma (...) La enfermedad es moral, es no querer afrontar lo que ocurre”(40). Aunque es justo acotar que para el matutino, la responsabilidad de nefastos acontecimientos como éste no podían “diluirse” en un colectivo tan inconmensurable como “la sociedad”. De ahí que interrogara abiertamente a las autoridades, aún conociendo a priori la respuesta, “¿hará algo el gobierno para proteger a aquellas personas que, como el Dr. Agulla, honradamente intentan atraer una democracia abierta y genuina? O seguirá como antes, diciéndole al país y al mundo que nada sabe de abusos a los derechos humanos”. Sin esperar la contestación de los jerarcas del proceso y asumiendo su rol de cuarto poder, capaz no sólo de interpelar a las autoridades sino de conducirlas al camino de la democracia, que era la meta evidente del diario, afirmaba enfáticamente: “el gobierno tiene el deber de asegurar un mínimo orden y legalidad que aún no existe aquí ni ha existido en muchos años”. El argumento desarrollado por el columnista, probablemente fundado en la “ilegalidad” del régimen, concluiría de un modo imperativo que permitiría “entender” las represalias sufridas por él(41): “los gobiernos militares, particularmente, deben hacer esto bien aunque no hagan bien otra cosa” (1/9/78). Esta última generalización por medio de la cual identificaba a la dictadura con anteriores “gobiernos militares”, expresaba además, el escaso respeto que a esta altura de los acontecimientos, el Herald profesaba por el régimen. Su denuncia vendría a demostrar que informaciones de esta naturaleza, no sólo circulaban clandestinamente, lo cual nos permitiría suponer que el problema se extendía también a los receptores ya que, como se había encargado de advertir, la sociedad se volvió ‘ciega y sorda’ desarrollando como mecanismo de autodefensa la indiferencia ante la crudeza de la realidad que se les revelaba.
Por su parte, el matutino platense, no se llamaría a silencio editorial al conocer la desaparición del director de la revista La Semana, Jorge A Fontevecchia(42), episodio que como los casos de los directores de Confirmado y El Cronista Comercial, no sólo volvía a ensombrecer el ya oscuro “escenario en que deben desenvolverse los representantes de una prensa empeñada en cumplimentar íntegramente su misión de servicio”, sino que daba cuenta exacta de que “el ejercicio de la libertad de expresión sigue constituyendo un factor urticante para algunos sectores” (12/1/79), haciendo referencia a la posición adoptada por la facción “dura” de las Fuerzas Armadas(43).
Los efectos no deseados de una detención: la vuelta a la democracia.
Desde el último trimestre de 1978 prácticamente un tema sería hegemónico en las tres columnas: la privación de la libertad de J. Timerman(44). Al respecto La Prensa, tomando palabras de la ADEPA para condenar los casos de detenciones de periodistas puestos a disposición del Poder Ejecutivo, se expedía particularmente sobre el ex director de La Opinión. Si bien reconocía tímidamente que “la situación del periodismo en la actualidad no es ciertamente satisfactoria”, el argumento central de su discurso exponía que la detención del “imputado” perseguía un “efecto moralizador, pero que ello no autorizaba la violación de garantías constitucionales que han sido instituidas para proteger a los inocentes pero también a los culpables, que deben ser juzgados y condenados por los jueces y no por el Poder Ejecutivo, como se infiere de los artículos 23 y 95 de la Constitución” (1/10/78). Mientras este diario efectuaba una interpretación jurídica del caso Timerman, utilizando como principio de autoridad la Carta Magna, para el Herald(45) representaba una contradicción política de la Junta Militar, pues implicaba la ruptura de un ‘pacto preexistente’, o sea, el incumplimiento de un compromiso contraído para con la ciudadanía desde que asumiera el poder ya que “permanece en cautiverio a despecho de la ley y no a raíz de ella. Esto convierte en absurdo el compromiso del gobierno para devolver al país su adecuada orientación legal”. Concluía el argumento llevándolo prácticamente a un punto de ruptura con la dictadura, cual era la posibilidad de aceptar que su fortaleza menguaba según se interpretaba de sus propios actos. La percepción de estas grietas en un “gobierno blindado” lo llevaron a enfatizar que “al detener al señor Timerman tan obstinadamente, el gobierno está poniendo de manifiesto no sus fuerzas, sino la más peligrosa debilidad” (14/12/78). Para desarrollar esta suerte de “ofensiva” ampliaba los ejes discursivos apelando a un ardid mediante el cual se identificaba con el anticomunismo sustentado por los mandos castrenses pero proponiéndoles una reorientación “metodológica” que considerara que en lugar de la represión física “la barrera más poderosa para los planes marxistas es un sistema democrático” (31/12/78). En otras palabras, no dudaba en descalificar como “caprichosos” a los militares, señalando que continuar ignorando la representación popular sería la expresión más acabada de una gestión “vulnerable”(46).
La idea de la debilidad en la que se hallaba sumido el gobierno fue retomada por el Herald pero robustecida con la reincorporación en su argumento del impacto negativo de estas circunstancias en el plano internacional, apoyándose en la postura adoptada particularmente por los Estados Unidos y las democracias europeas, quienes observaban con preocupación el comportamiento abusivo de los militares hacia las libertades cívicas en la Argentina. Por ello, les recordaba que con su empecinamiento en mantener detenido a Timerman contra la decisión de la Suprema Corte “el gobierno no hace más que perjudicarse así mismo y a la imagen nacional” (5/3/79). Sin contentarse con lo expuesto continuaría presentando razones para reprobar la decisión de mantener prisionero al despojado director de La Opinión, emparentando su ideología con los principios profesados por los mandos castrenses. De ahí que les recordara que su prisionero “siempre se opuso a la subversión izquierdista y condenó toda forma de terrorismo. Depuró a su diario de extremistas de izquierda” cuando trataron de quitarle el control ideológico del medio antes de que se restaurara el sistema democrático en 1973. El Herald recurriría nuevamente a una suerte de explicación patológica, para descalificar la sinrazón de la suerte corrida por el director quien “parece ser aún el prisionero de las fuerzas irracionales e histéricas liberadas en esa época” (25/3/79) (47). Por supuesto que tan contundente reclamo no quedaría reducido sólo a los personeros del poder de quienes el editorialista seguiría sumando encono(48), sino que, como era habitual en sus páginas, a la hora de buscar responsabilidades intentaría encontrarlas también en otros sectores. En tal sentido, se dirigía nuevamente al subsistema de los medios para interpelarlos taxativamente sobre su comportamiento en relación con los padecimientos del polémico periodista: “todos los propietarios de periódicos deberían reflexionar sobre la dura prueba que sufre Timerman. Un día, la Argentina podrá tener un gobierno de centro izquierda y alguien a la derecha del centro se podrá encontrar apareciendo como chivo expiatorio por ‘delitos’ imaginarios e inespecíficos contra el régimen izquierdista que detente el poder” (24/6/79). Evidentemente esta mención a un posible futuro gobierno sustentado en las antípodas ideológicas de la dictadura intentaba llamar a la razón a los militares apelando a un ejemplo que, a todas luces, era ridículo.
Naturalmente, que la necesidad de restaurar el orden y la legalidad que el Herald venía reclamando, era compartida por sus colegas. Es así que El Día esgrimiera conceptos a favor de la institucionalización del país, al declarar que “la libertad de prensa no puede existir en una sociedad en la que no se encuentren garantizadas las demás libertades que caracterizan a una democracia” (25/9/79). Indudablemente, después de transcurridos tres años y medio de dictadura militar, el editorialista consideraba oportuno avanzar sobre una condición insoslayable para garantizar el estricto respeto por la libertad de expresión en nuestro país: la vida democrática. Además, debemos tener en cuenta que la presencia en la Argentina de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, devolvió el protagonismo a representantes gremiales y políticos, algunos de los cuales venían actuando en un clima de semi-clandestinidad, dada la ilegalidad en la que los había colocado la normativa puesta en ejecución por la Junta. Como en otras ocasiones, El Día, recurría al principio de autoridad que le brindaba una declaración de la ADEPA, quien abonaba la idea de la imposibilidad de recuperar la vida democrática, sin la inmediata “liberación de los periodistas detenidos sin proceso o sobreseídos por la justicia y el levantamiento de las intervenciones que pesan sobre diarios” medidas que “servirán para fortalecer los cimientos sobre los cuales se construirá el futuro que se ha prometido” (25/9/79).
El inocultable regocijo provocado por la liberación de Timerman (24/9/79) llevaría al matutino platense a otorgarle un lugar de hito refundacional para nuestro destino institucional, pues “en la fundamentación de esta decisión histórica, los magistrados delinearon la doctrina que ha de llevar a la restauración definitiva de las instituciones” y haciendo suyos los conceptos que utilizara en su dictamen el más alto tribunal judicial de la Nación, le recordaba a la Junta no haber cumplido con “el deber de proteger los derechos individuales”, es decir “con el propósito y los objetivos básicos para el Proceso de Reorganización Nacional”. En otras palabras, adoptando los argumentos de la Corte, recordaba la vigencia de los “pactos preexistentes”, en virtud de lo cual le marcaba a la dictadura que en el ejercicio del poder se había ido alejando de esos postulados, expresando admonitoriamente: “en la reafirmación de estos principios está el camino para restituir definitivamente a la ciudadanía la convicción que está realmente protegida y es respetada” (27/9/79). Paradójicamente, La Prensa consideraría en forma crítica los errores cometidos en el procesamiento del recientemente liberado, reivindicando lo actuado por el tribunal de justicia, al resaltar que “no ha sido en la Corte Suprema sino fuera de ella que ha faltado prudencia propia de estadistas experimentados”. No obstante ello, señalaba, a pesar de su animadversión hacia J. Timerman, que la opinión pública “aguarda que no se repitan errores que han conducido a exaltar internacionalmente(49) la figura de quien no ha merecido, en el ejercicio de la responsabilidad que el periodismo impone, el respeto de sus pares ni la consideración de la ciudadanía a la que ha dejado de pertenecer(50)” (30/9/79).
De este modo, apelando a distintas estrategias el periodismo intentaba salir del ‘círculo del silencio’ en el que la dictadura pretendiera apresarlo. En su búsqueda permanente por sortear los pocos claros ‘límites informativos’ volvería sus armas hacia quienes amenazaban la libertad de expresión. Las tres columnas analizadas explicitaron sus reclamos a través de argumentos que, aunque dispares, perseguían el mismo propósito: defender los derechos de los hombres de prensa. En su derrotero, registramos dos instrumentos complementarios, uno la denuncia sobre secuestros, detenciones –en particular la de J. Timerman- y desapariciones de periodistas que nos permitió ampliar la lista proporcionada por la UTPBA que no consigna el asesinato de H. Agulla. Otro, la exigencia hacia las autoridades para que actuaran garantizando el derecho a la libertad de informar. En la utilización de ambos sobresalió el Herald, quien predominó en el aspecto cuantitativo, a la vez que empleó un discurso más incisivo al exponer el paralelismo de la dictadura con el gobierno derrocado, hecho que no podía sino constituir un serio agravio a los “oídos” castrenses. A su vez, buscó profundizar en las contradicciones de las autoridades, puntualizando que sólo respetando de libertad de expresión se alcanzaría la restauración democrática, hecho que además mejoraría la imagen de la dictadura en el exterior. Cabe señalar que sus mensajes no tuvieron como alocutario exclusivo al poder político, ya que también supo dirigirse admonitoriamente a sus colegas y a la comunidad. Por su parte El Día, adhería a la idea de que el gobierno de facto debía devolver la vida institucional al país ofreciendo condiciones de seguridad al periodismo, afirmándose, para fundamentar sus alegatos, en el principio de autoridad brindado por organismos representativos de la prensa como la ADEPA y la SIP. Ambos matutinos pudieron comprobar que sus voces institucionales no llegaban a los oídos sordos de una sociedad aturdida por el terrorismo de estado.
Finalmente La Prensa, adoptó un estilo menos comprometido a la hora de referirse a la problemática estudiada empleando una estrategia que eludía la nominación de los comunicadores perseguidos sustentándose, como su colega platense, en los reclamos de la ADEPA además de la Constitución Nacional que era su histórica fuente de autoridad. Por otra parte, cuando optó por puntualizar sobre el caso de J. Timerman, no lo hizo en defensa de la libertad de expresión, sino para criticar al poder ejecutivo por no respetar el “debido proceso”, además de remarcar los motivos que la distanciaban de la trayectoria periodística del detenido en cuestión. En síntesis, las tres columnas sostuvieron durante los años 1977 y 1979 la idea de que sólo un retorno a la vida democrática y un estricto respeto de la legalidad por parte de las autoridades permitiría el desenvolvimiento en libertad de los comunicadores.
Notas
* Este trabajo se inscribe, y es resultado parcial del Proyecto de Investigación: “La voz institucional de los ‘no socios’ del proceso militar: La Prensa, The Buenos Aires Herald y El Día (19/5/1977 – 2/4/1982)”, dirigido por el Lic. César Díaz y aprobado el 01/01/02 en el marco del programa de Incentivos a Docentes e Investigadores. Forman parte del equipo de investigación: Mario Giménez, María Marta Passaro, Martín Oliva, Pablo Torres y Sebastián Tutino.
1 Esta sociedad, integrada por el Estado nacional y los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quedó explicitada para la ciudadanía en la solicitada publicada el 19 de mayo de 1977.
2 Puede consultarse DÍAZ, C. La cuenta regresiva, Buenos Aires, La Crujía, 2002.
3 La ley 20.840 (septiembre de 1974), más conocida por “ley de Seguridad Nacional” o “ley antisubversiva”, imponía prisión de dos a seis años a quien “realice actos de divulgación, propaganda o difusión tendientes al adoctrinamiento, proselitismo o instrucción” que propendan a “alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación”. Puede consultarse DÍAZ, C., GIMÉNEZ, M. y PASSARO, M. “The Buenos Aires Herald luchando contra el miedo y la calumnia 1974-1977” , en: VIII Jornadas AIJIC. FPCS, UNLP, 2001.
4 Esta norma sancionada en junio de 1976, declaraba ilegales a distintas organizaciones políticas vinculadas a los grupos armados, entre ellas: MSB, FAS, JTP, UES y JP. Véase DÍAZ, C., GIMÉNEZ, M. y PASSARO, M. “¿Republicanos... pero no tanto?. El discurso editorial de La Prensa sobre la libertad de expresión entre 1974-1977” , en: III Congreso Red-Com. FPCS, UNLP, 2001.
5 Un análisis del diario platense sobre las formas de cercenamiento normativas y a través del monopolio oficial de Télam se encuentra en DÍAZ, C., GIMÉNEZ, M. y PASSARO, M. “El Día y las cuentas pendientes con la dictadura: desde papel prensa hasta la ley de Radiodifusión”, en: IX Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, AHPBA, Pinamar, 2003.
6 Consúltese DÍAZ, C., GIMÉNEZ, M. y PASSARO, M. “Una de las víctimas privilegiadas del ‘proceso’: la libertad de expresión”, en: Anuario de Investigaciones 2001, La Plata, FPyCS, 2002, pp. 18-29.
7 La Prensa, hacia fines de 1976, afirmaba que se había iniciado “un indeterminado 'comienzo del fin” (9/12/76) del accionar subversivo, para aseverar el 17/5/77 que “resulta probado que ha perdido la guerra en el orden interno". Véase DÍAZ, C. y PASSARO, M. “Periodismo y violencia política en Argentina. Los grupos armados en los editoriales de La Prensa, 1974-1977” , en revista Signo y Pensamiento, Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Nº 40, Vol. 21, 2002, pp. 105-125.
8 Aludimos a las agencias clandestinas ANCLA y Cadena Informativa, implementadas por R. Walsh. Véase VERBITSKY, HORACIO. Rodolfo Walsh y la prensa clandestina 1976-1978, Buenos Aires, Ediciones de la Urraca, 1985; VINELLI, NATALIA. ANCLA. Una experiencia de comunicación clandestina orientada por Rodolfo Walsh, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 2000.
9 “Las personas encontraron, entonces un amplio margen para construir su interpretación y para ‘decidir’ si ver o no ver, saber o no saber, entender o no entender”, en NOVARO MARCOS y PALERMO VICENTE. La dictadura militar 1976/1983. Buenos Aires, Paidós, 2003, pp.133 y ss. R. Cox, por su parte, testimonia: “la gente en la Argentina decidió que no había visto los secuestros de los militares. Existía una situación increíble, donde la gente decía que no existía tal cosa, por ejemplo que no existían las Madres de Plaza de Mayo” en COX DAVID. En honor a la verdad, Buenos Aires, Colihue, 2002, p. 54.
10 Acerca del caso de América Latina puede consultarse C. Díaz. “Relaciones peligrosas, el eterno desencuentro entre el poder político y la libertad de expresión en Latinoamérica. El caso argentino en los ’70”, en: Diálogos de la Comunicación, en prensa.
11 E. Sajón secuestrado el 1/4/77 y nunca apareció. Se desempeñaba como gerente técnico de La Opinión.
12 Véase DÍAZ, C., GIMÉNEZ, M. y PASSARO, M. “La libertad de expresión entre dos fuegos 1974-1976” . En: Oficios Terrestres. La Plata, FPCS, 2001, Año VI, Nº 9/10, pp. 111-123.
13 Jerarquizó en sus columnas cuestiones normativas –en particular sobre la ley 20.840-, las presiones económicas, el monopolio informativo y del papel y la privatización de medios radiales y televisivos.
14 E. Raab fue secuestrado el 16/4/77 y permanece desaparecido. Colaboró en La Opinión, Clarín, El Cronista Comercial, Primera Plana, Siete Días y Confirmado. “En ese momento estaba preparando la edición de una publicación denominada El Ciudadano. (...) Según Spunzberg, era integrante junto con él del grupo guerrillero ERP” en RUIZ FERNANDO. “Periodismo y dictadura. La agonía del diario La Opinión, de Buenos Aires”. En www.saladeperiodistas.org.
15 Aludimos al libro autoreferencial Jacobo Timerman. Preso sin nombre, celda sin número, Buenos Aires, El Cid Editor, 1982.
16 El 12/6/77, un columnista del Herald señalaría: “¿Cómo es posible que A. Di Benedetto permanezca encerrado en una cárcel en La Plata a casi quince meses del golpe, cuando es un demócrata que apenas ha participado en política? ¿Puede creerse que una persona cuya liberación fue reclamada por escritores como Victoria Ocampo y Manuel Mujica Láinez –a quienes ni siquiera La Nueva Provincia tacharía de marxistas- sea un subversivo secreto?”. Véase NEILSON JAMES. En tiempo de oscuridad 1976-1983, Buenos Aires, Emecé, 2001, p. 35. Finalmente el escritor sería liberado el 2/9/77 y se exiliaría en Alemania. Años después confesaría “en mi celda, entendía que los dueños de los diarios en los cuales trabajé, iban a publicar sobre mi arresto. No tenía duda alguna, porque ellos conocían mi vida y mi lucha constante contra la subversión. Me equivoqué”. Véase MAUD DAVERIO DE COX, WILDE, EDUARDO. Salvados del Infierno. A 25 años de la dictadura argentina, Salta, Gofica editora, 2001, p. 73.
17 Señalaba que el director de La Idea de General Viamonte, un redactor de un diario japonés, editado en la Capital, y parte de la redacción El Independiente de La Rioja se encontraban detenidos.
18 Manifestó sus prevenciones con respecto a Timerman en las notas publicadas el 5/7/77 y el 30/9/79. A modo de ejemplo, consignaremos la siguiente apreciación: “el derecho a la libertad de prensa y la seguridad personal es lo que hay que dilucidar, sin que de acuerdo con los principios importe la calidad personal del acusado” (27/1/79).
19 El poder ejecutivo intervino el diario La Opinión, mediante el decreto 1515/77, designando el 25/5/77 como interventor al general (RE) José Teófilo Goyret. Véase RUIZ, F. Las palabras son acciones, Buenos Aires, Perfil, 2001, p. 446-447.
20 Publicó otro editorial sobre el tema titulado “Injusticias Humanas” (23/8/78).
21 Puede consultarse DÍAZ, C. y GIMÉNEZ, M. “La construcción del discurso para la ‘inmensa minoría’ durante marzo de 1976” en DÍAZ, C. La cuenta... Op. Cit., pp. 139-168.
22 “Se citó al director de un diario [La Nación] al despacho de un funcionario, para notificarlo del ‘desagrado’ producido por la publicación de un telegrama de una agencia internacional de noticias”. Véase DÍAZ, C. y PASSARO, M. “Un opositor inesperado. El Día y la libertad de expresión en la última dictadura”, en: IV Congreso Red-Com, UNCor, junio 2002.
23 Publicó fotos de “un elenco revisteril y el anuncio, más abajo, de la visita de la Virgen Peregrina de Itatí al rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste”.
24 También el Herald editorializó sobre las restricciones que se autoimponían los periodistas el 29/4/77, 11/10/77, 7/6/78 y 4/7/78.
25 O. Serrat, abogado, era jefe de redacción diurno y trabajaba en esa agencia noticiosa desde 1963. En su cautiverio fue encapuchado y golpeado mientras “lo interrogaron sobre sus actividades políticas y en especial sus vínculos con (...) Rodolfo Walsh”. Puede consultarse NEILSON, J. Op. Cit., p. 55.
26 Juan e Isidoro Graiver eran hermanos de David Graiver, socio de J. Timerman en la empresa propietaria de La Opinión y financista que “manejaba” parte del dinero de la organización Montoneros.
27 Esta medida, aplicada el 10/11/77, dejaba en suspenso todos los derechos civiles de los acusados (distintos funcionarios del gobierno peronista y a dirigentes políticos y gremiales vinculados a ese partido) “congelando” todos sus bienes mientras se investigaba si habían sido legalmente adquiridos.
28 Cyrus Vance era Secretario de Estado del gobierno de James Carter y uno de los más consecuentes “observadores” de las violaciones a los derechos humanos por las dictaduras en Latinoamérica.
29 Fue secuestrado el 21/12/77 y aún permanece desaparecido. Trabajó en La Opinión, Clarín, El Cronista Comercial y fue corresponsal en la Argentina de destacados diarios internacionales.
30 Referencias sobre el periodista pueden encontrarse en ANGUITA, EDUARDO y CAPARRÓS, MARTÍN. La Voluntad, Buenos Aires, Norma, 1998, t. III; BLAUSTEIN, EDUARDO y ZUBIETA, MARTÍN. Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el proceso, Buenos Aires, Colihue, 1998; Timerman, J. Op. Cit.
31 Volvería a editorializar al cumplirse un año de su desaparición titulando: “En Homenaje” (5/8/78).
32 J. Delgado dirigía el semanario Mercado, especializado en economía, junto con Mario Sekiguchi, Alberto Borrini y Raúl Sarmiento, quienes condujeron El Cronista Comercial cuando los adquiriera el grupo económico Sasetru durante la dictadura militar. Permanece desaparecido desde el 4/6/78.
33 El editorial se titulaba “Triste y siniestro” (1/4/79).
34 Véase INVERNIZZI, HERNÁN y GOCIOL, JUDITH. Un golpe a los libros, Buenos Aires, Eudeba, 2002.
35 Se refiere a los decretos 587/73 y 1273/75, sancionados durante los últimos gobiernos justicialistas y derogados el 7/6/78. El primero prescribía que para actuar en el país las agencias noticiosas, fuesen nacionales o extranjeras, debían inscribirse en un registro especial. El segundo prohibía a las extranjeras difundir, en órganos de nuestro medio, noticias nacionales.
36 Véase DÍAZ, C. y PASSARO, M. “La voz institucional de El Día rompe ‘el círculo del silencio’ (1976/1977)” en: VIII Congreso de Historia de los Pueblos, Luján, 2001.
37 Dos meses después volvería sobre el número de periodistas desaparecidos, en esta ocasión para discrepar con la ADEPA quien había “informado que desde la toma del mando militar de hace dos años y medio, tres periodistas han sido asesinados, trece han desaparecido, seis siguen en custodia a pesar de haber sido absueltos de cualquier delito y nueve están en prisión sin cargos concretos contra ellos. La lista de ADEPA no es, por cierto, exhaustiva. Cualquier periodista podría agregar nombres de colegas que han desaparecido” (26/9/78). Sin precisar la fecha, TIMERMAN, J., Op. Cit., p. 21, se refiere a 65 periodistas muertos o desaparecidos, mientras que la UTPBA habla de 81 desaparecidos y 15 asesinados. CAMAÑO, JUAN C. Los periodistas desaparecidos, Buenos Aires, Norma, 1998, pp. 245-254. Por su parte, en una entrevista con el ministro del Interior, en junio de 1979, R. Cox le reclamaría por la situación de 60 periodistas desaparecidos. Véase COX, DAVID. Op. Cit., p. 256-257.
38 Años después estas afirmaciones serían corroboradas por un periodista amigo, Orlando Barone, quien testimonió “Justamente lo agarran yendo al psiquiatra. Nunca se supo por qué”. Véase ULANOVSKY, C. Paren las rotativas. Buenos Aires, Espasa, 1997, p. 273.
39 Cabe señalar que al igual que Esteban, su nombre no es consignado en la nómina elaborada por la UTPBA. En CAMAÑO, J. C. Op. Cit.
40 Este reclamo a la sociedad sobre la “despreocupación” con la que consideraba la desaparición de personas volverá a efectuarlo una semana después en el editorial titulado “Silencio peligroso” (8/9/78).
41 “Mientras manejaba lentamente[R. Cox], una de las ruedas del auto se disparó hacia la banquina (...) alguien había aflojado las tuercas. Entonces me confesó que gente del gobierno le había avisado que venían tramando realizar un atentado en contra de él”. MAUD D. DE COX. Op. Cit., p. 88, quien relata los numerosos atentados que sufriera su familia.
42 Además denunciaba la desaparición de un miembro de la redacción de El Intransigente, de Salta.
43 Sobre la explicitación de sectores “duros” y “blandos” en el seno de la dictadura puede consultarse DÍAZ, C., GIMÉNEZ, M. y PASSARO, M. “The Buenos Aires Herald luchando contra...”. Op. Cit.
44 Recordemos que el polémico creador de medios gráficos, permanecía en manos de las autoridades desde que fuera arrestado el 15/4/77. Si bien, el Consejo de Guerra que lo juzgara lo había declarado carente de responsabilidad en “hechos subversivos”, y pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretara en julio de 1978 que al poder ejecutivo no le asistían razones para mantenerlo detenido, todavía pesaba sobre el “imputado” una situación de arresto domiciliario en la que permanecía desde abril de ese año.
45 Sus cancerberos, seguramente sabedores de la dedicación que tenía el Herald para con el periodista le permitían solamente “leer diarios en español, pero no el diario inglés que se edita en Buenos Aires y se vende legalmente en los puestos callejeros. La explicación del oficial de guardia es que toda publicación debe pasar por la censura, y el censor no lee inglés. Le digo que si hubiera algo inconveniente, el gobierno no autorizaría la publicación del diario” en TIMERMAN, J. Op. Cit, p. 105.
46 El último tramo del año 1978 representó una coyuntura significativa para el proceso en virtud de los numerosos problemas que enfrentaba el gobierno en el plano interno (grave crisis económica, renovación del gabinete, mayores divergencias entre las armas ante la imposibilidad de acordar una ‘salida política’) y en el externo (el conflicto por el Beagle con Chile, las embestidas norteamericanas contra los abusos de los derechos humanos traducidas, además de la “campaña” en un rechazo de un préstamo para la Argentina del Eximbank).
47 El Día editorializó al cumplirse dos años de la detención de J. Timerman (19/4/79) titulando la nota “Una situación que no debe prolongarse más”.
48 El 9/3/79 fue llamado por el “Secretario de Información Pública, el general Antonio Llamas para quejarse sobre una serie de editoriales –varias quejas como es habitual- pero esta vez con la advertencia de que no van a aceptar que continúe escribiendo sobre derechos humanos”. MAUD D. DE COX. Op. Cit., p. 67. Finalmente toda la familia Cox partiría hacia Inglaterra el 17/12/79.
49 En su columna en el Herald J. Neilson escribía el 17/6/79 “el Premio Hubert Humphrey de la Libertad que hoy será entregado a Héctor Timerman, hijo del editor cautivo (...) no será el último que reciba, porque para buena parte del resto del mundo ya representa a los más de cien periodistas argentinos que están encarcelados, bajo arresto domiciliario o en exilio forzado, por no hablar de los más de cien que han sido muertos o ‘desaparecidos’ en años recientes”. Véase NEILSON, J. Op. cit., p. 124.
50 Cabe recordar que J. Timerman había nacido en la ciudad de Var en Ucrania y que la Junta Militar, si bien le “concedió” la posibilidad de abandonar el país, lo penó con la quita de la ciudadanía.
