| César Díaz y otros |
Una de las victimas privilegiadas del “proceso”:
la libertad de expresión (*)
la libertad de expresión (*)
Contenidos
La libertad de prensa, ejercitada con sentido de responsabilidad
tiene una función social que cumplir en un estado moderno (...)
es un espejo que refleja los aciertos y los errores y en el que los gobiernos
tienen que mirarse a diario para la mejor ejecución de sus tareas
tiene una función social que cumplir en un estado moderno (...)
es un espejo que refleja los aciertos y los errores y en el que los gobiernos
tienen que mirarse a diario para la mejor ejecución de sus tareas
Jorge R. Videla, 1976.
En estudios anteriores, hemos comprobado que existió una “sólida” normativa pergeñada durante la gestión de la presidente María Estela Martínez(1) con respecto a la problemática de la libertad de expresión en la Argentina de los años ’70. En este trabajo se procurará seguir esa hipótesis con el propósito de verificar cuáles fueron las modificaciones realizadas por los jerarcas militares para perfeccionar el sistema de amordazamiento a los medios de comunicación.
Esta etapa de “sistematización del discurso censorio”, que comprendió tanto al gobierno democrático como al de facto, aún está esperando investigaciones que puedan examinar detalladamente la amplia gama de matices que permitan dar cuenta de la compleja relación entre el poder político y los medios de comunicación. De manera que, en adelante, no se dé por sentado ligeramente que había dos bandos dentro del periodismo: los “cómplices” y los “opositores”. Decimos esto, pues dentro del sector reconocido frecuentemente como “colaboracionista” también habría ejemplos de quienes sufrieron atropellos por parte de los ejecutores del “trabajo sucio”, que respondían al poder político de turno, denominados “minotauros” por la esposa del director de The Buenos Aires Herald, Maud Daverio de Cox(2). Nos referimos concretamente a los casos de Enrique Llamas de Madariaga, Mariano Grondona, Bernardo Neustadt(3), por mencionar algunos. Inclusive, también fueron víctimas de los excesos de la dictadura, directores de diarios que habían participado en la construcción periodística del golpe de Estado de 1976(4), como Jacobo Timerman y Robert Cox.
Teniendo como premisa complejizar la problemática de la libertad de prensa nos detendremos a examinar los artículos de fondo del diario La Opinión y los editoriales de: La Prensa, La Nación, The Buenos Aires Herald, El Día y Clarín, en el período que va desde el 24 de marzo de 1976 al 19 de mayo de 1977 (publicación de la conformación de Papel Prensa S.A.). Con el propósito de estructurar de un mejor modo este estudio consideramos apropiado dividirlo en cuatro ejes temáticos: a) rol de la prensa; b) riesgos de la profesión; c) cierre y clausura de medios; y d) autocensura. Aspectos que, si bien no dan cuenta de una forma acabada de las vicisitudes que atravesó el periodismo en esta coyuntura, nos aproximan, al menos, a percibir ciertos matices que quedarían ocultos si tan sólo estudiáramos la problemática con reduccionismo maniqueísta. En efecto esta etapa ofrece, desde la perspectiva de sus políticas comunicacionales, las más variadas vertientes, pues nos vamos a encontrar con la censura previa, la punitiva y la autocensura.
En el marco de las políticas comunicacionales negativas (5) implementadas por el Proceso de Reorganización Nacional ocupó un lugar preponderante el comunicado nº 19, dado a conocer el 25 de marzo de 1976, que establecía “pena de reclusión por tiempo indeterminado al que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o a personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o de terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales”. Esta normativa castrense, evidentemente, procuraba acorralar aún más al ya jaqueado cuarto poder argentino(6). Reforzó, además, este primer embate una circular que produjo la Secretaría de Prensa y Difusión de la Junta Militar para reglamentar el manejo de los medios(7), firmada por el capitán de navío Luis Arigotti. Transcurrido tan solo un mes circuló una nueva disposición profundizando la censura y que ofició como carta de presentación del flamante Secretario de Prensa y Difusión de la Presidencia ante los medios: “a cuatro semanas del golpe de marzo, el gobierno militar, irritado con los diarios (dos o tres) que persistían en informar sobre la aparición de cadáveres en zanjas, parques o automóviles, la Secretaría de Información a cargo del capitán Carpintero había dado orden de que no se publicara nada sin autorización oficial sobre las muertes, los secuestros, las detenciones, ni acerca de las víctimas identificadas”(8). Estas iniciativas fueron erróneamente minimizadas por el diario Clarín con el siguiente comentario publicado en tapa: “La rígida censura de prensa impuesta el 24 de marzo duró sólo 36 horas” (9). La “visión optimista” difundida por el matutino de la viuda de Noble quedó como una mera expresión de deseo con la sanción del decreto/ley 21.322, promulgado el 2/6/76, cuyo artículo 8º señalaba “serán reprimidos con prisión de dos a seis años los responsables de cualquier medio de comunicación o información públicos que difundan o propaguen hechos, comunicaciones o imágenes que se vinculen o relacionen con las organizaciones o agrupaciones referidas en el artículo 1º [UES, JP, JUP, Juventud Guevarista, Agrupación y/o Movimiento Peronista Auténtico, entre otras]”(10).
Sin embargo, la férrea vigilancia ejecutada por los militares no se reducía a lo normativo sino que ofrecía diversos niveles de instrumentación ya que el control de la producción y circulación de mensajes se vio fortalecido por la existencia de una “poliarquía”, es decir, por “los conflictos y colisiones de los diversos niveles de decisión en materia de censura” que “ayudó a internalizar el concepto de censura ciega, ubicua, impredecible y, por lo tanto, inevitable”. Andrés Avellaneda reconoce la existencia de cuatro niveles de control, directos e indirectos, que se superponían e imbricaban (11), entre los que consigna “el recurso al asesinato y al terror que se implantó en el sistema como corolario ‘natural’”. Estos niveles eran menos visibles que las disposiciones normativas, situándose en un plano más cercano a lo implícito en virtud de las distintas modalidades adoptadas para hacer efectiva la coerción: comunicaciones verbales, circulares sin membretes, convocatorias a directores y periodistas por las más altas esferas del poder gubernativo, “listas negras”, etc.
En este punto veremos como los medios analizados asumían la gravedad de la coyuntura histórica sometiéndose a resignar la atribución inclaudicable del cuarto poder –libertad absoluta- por un ejercicio “responsable” de la profesión bajo el no menos eufemístico pretexto de defender “los intereses nacionales”. Claro está que existieron matices, ya que para algunos periódicos ese concepto de responsabilidad fue variando de significado conforme pasaban los meses. A nuestro entender en este grupo se encontrarían La Prensa, The Buenos Aires Herald y El Día quienes, en un primer momento, coincidían en que su rol debía adecuarse a la situación de “guerra” que sufría el país, por citar el caso del diario angloparlante que apelaba a un lenguaje directo. En tanto, El Día supo utilizar términos más imprecisos tales como “situación excepcional que vive la Argentina” (6/7/76). Clarín, en cambio, si bien coincidía en que se vivía en un contexto bélico estimaba que no afectaba el libre desempeño de la profesión, negando taxativamente cualquier limitación en la tarea de informar: “la prensa argentina ha aceptado la necesidad de la vigencia de ciertas restricciones que resultan indispensables en los momentos difíciles que vive la nación. Lo ha hecho porque es conciente de que ella debe también efectuar su aporte al combate contra la subversión (...) dentro de este contexto, mal puede hablarse de prensa amordazada o de inexistencia de adecuadas garantías para el ejercicio de la tarea de informar” (2/8/76). Esta polémica posición fue sostenida aún cuando había transcurrido un tiempo considerable de producido el golpe de Estado y otros colegas ya objetaban el comportamiento del gobierno frente a los medios. A modo de cierre del ejercicio anual proponía a sus lectores “un balance de lo ocurrido en los últimos nueve meses -el tiempo que lleva vigente el proceso revolucionario- destaca que periodismo y gobierno han procurado preservar la libertad de prensa, asegurando su ejercicio como práctica esencial y característica del sistema democrático. En la medida en que se asegura la victoria militar, la prensa -información y opinión- se perfila, de más y en más, como un ingrediente imprescindible de la consolidación de la victoria” (26/12/76). Aquí se manifiesta, de un modo incontrastable, el compromiso del matutino con el poder castrense a punto tal de adoptar un lenguaje propio del discurso militar para expresar la identificación con el objetivo de suprimir la “subversión”. Actitud que para nosotros esta íntimamente ligada a la inminente publicidad sobre la conformación de la empresa Papel Prensa S.A. integrada por La Nación, La Razón, Clarín y el Estado nacional. En tal sentido, no resulta extraño que también el matutino de los Mitre, redujera toda problemática de la libertad de expresión a una negación de las limitaciones que imponía el poder político, pues estimaba que debía seguirse como hasta el momento, reduciendo la función del periodismo al deber de decir la verdad porque era el modo de invalidar “los canales que alimentan la demagogia y la subversión” (18/5/76).
En tanto, los periódicos que fueron paulatinamente variando su discurso respecto a esta problemática, pues no terminaban de resignarse ante la “asfixiante” situación, comenzaron a recordar a los alocutarios excluyentes -el poder ejecutivo y la ciudadanía- que el único modo en que se fortalecían las instituciones republicanas era a través de un ejercicio pleno de su tarea, de ahí que “estando la información de prensa restringida, como lo está hoy, hace que el gobierno no esté totalmente informado. La prensa debe ser exhortada a informar ampliamente. De lo contrario el gobierno se encontrará divorciado de la opinión pública y puede reaccionar equivocadamente” (TBAH, 4/6/76). Por su parte El Día, esgrimiendo similares conceptos, agregaba que “la salud moral de la comunidad ha necesitado siempre de un elemento básico, cual es la información directa, y también de una interpretación diversificada, para recoger así los variados elementos que debe atesorar una participación crítica en los acontecimientos que a todos interesa. Eliminar ese factor de equilibrio en el desenvolvimiento de un país sería atentar contra principios sustanciales de la democracia” (12) (11/7/76).
Otra de las objeciones realizadas contra el poder de turno estuvo centrada en la falta de información oficial, la que generaba “olas de rumores” como las denunciadas por el matutino platense en oportunidad de producirse el fallido atentado contra J. Videla. En esa ocasión, profundizó los conceptos anteriormente vertidos al expresar que “el silencio magnifica y distorsiona los sonidos más débiles y excita la imaginación, creando fantasmas donde sólo hay realidades, a menudo -como en este caso- desprovistas ya de repercusión dañosa” (11/10/76). La Prensa también formuló cuestionamientos al gobierno militar pero los mismos estaban sesgados por el monopolio que ejercía en la información y no por restringir el normal desempeño del cuarto poder. En efecto, conforme la opinión del centenario matutino la agencia de noticias TELAM no sólo se encontraba “hipertrofiada” debido a “su abultado costo, su ineficiencia y su deplorable administración”, sino que, además, “desde el punto de vista de la actividad informativa, la agencia se apartó de las normas más elementales de imparcialidad y objetividad”(13)(18/11/76).
El Herald, en tanto, se fue destacando por incorporar en sus comentarios editoriales críticas cada vez más severas. Acaso haya optado por la introducción de las mismas cuando aludió a la persecución que estaba sufriendo el periodismo, “el hacer listas para la caza de brujas debe cesar ahora, antes que se haga más daño” (16/12/76). También se refirió a la existencia de “una conspiración del silencio” (9/3/77) cuando analizaba uno de los temas tabú durante el proceso: los desaparecidos. Respecto de ésta y otras cuestiones altamente conflictivas, consideraba que “el gobierno argentino ha transformado la carencia de información en una política”(14) (23/3/77).
Párrafo aparte, merece la actuación del matutino de J. Timerman durante este período. Contrastando fuertemente con su comportamiento durante la gestión de María E. Martínez de Perón, en el primer año de la dictadura militar eludió en forma sistemática involucrar a sus principales plumas en comentarios acerca de la situación del periodismo en la Argentina. Tal como lo hizo frente a otras problemáticas, desde el preciso momento del golpe militar eligió un estilo meramente expositivo para dar cuenta de las vicisitudes que sufrían los medios; extractando fundamentalmente las declaraciones emanadas de las asambleas periódicas organizadas por la SIP y la ADEPA. Además, al igual que El Día, objetó la posible sanción de una ley de prensa por parte del gobierno de facto. Sin embargo en este punto conviene subrayar que el severo cuestionamiento del diario platense se fundaba en las garantías que emanan de la Carta Magna al advertir que “la redacción de una ley de prensa es un camino en cuyo tránsito está constantemente presente el peligro de caer en la coerción que deforma, y su sola existencia puede suscitar la desconfianza del público en cuanto que las noticias que recibe no reflejan con exactitud la realidad” (6/7/76). En tanto, el enjuiciamiento de La Opinión se reducía a parafrasear los argumentos esgrimidos por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) para señalar al Poder Ejecutivo la inconveniencia de esa norma (24/4/76). El único artículo firmado que presentó este medio fue el de Nelson Domínguez quien, a diferencia del propio diario, encontraba su inspiración en el texto constitucional para reflexionar acerca de los derechos y responsabilidades que todos tenían para informar y ser informados “en un régimen republicano, forzoso es conciliar el interés de la investigación de los hechos ilícitos que afectan a la sociedad, con el principio de la publicidad de los actos de gobierno y con el derecho del pueblo a ser informado, emanado este último del reconocimiento constitucional de la libertad de prensa y del artículo 33º de la Carta Fundamental (...) La misión de informar es inherente al régimen democrático. La responsabilidad es compartida, e incumbe no solamente a quienes buscan la información, sino también a quienes la suministran o deben suministrarla” (1/12/76).
Para finalizar, creemos conveniente comentar que todos los medios analizados editorializaron críticamente acerca de las disposiciones sobre el avance contra la libertad de prensa que proponía la UNESCO. Del mismo modo, todos los periódicos a excepción de Clarín, citaron las declaraciones de la SIP y la ADEPA quienes denunciaban los riesgos que implicaba ejercer la profesión en nuestro país.
En este apartado indagaremos el tratamiento editorial que los diferentes diarios destinaron a la reflexión de las innumerables acechanzas que deparaba el trabajo informativo. Como aseveramos en el punto anterior, el compromiso contraído por La Nación y Clarín como futuros socios del Estado en Papel Prensa S.A. puede resultar una explicación válida para entender el silencio que mantuvieron en este aspecto. Ya hemos referido que en la década del ’70 el hecho de ser un trabajador de prensa entrañaba un riesgo manifiesto, pues el gobierno democrático al igual que el de facto avizoraban al periodismo como potenciales “conspiradores” contra sus respectivas gestiones. Si bien durante la presidencia de Isabel Perón algunos periodistas debieron pagar el alto precio de perder la vida por ejercer su profesión, D. Kraiselburd y J. Money(15) constituyen casos emblemáticos. A partir del golpe de Estado, las situaciones límite por las que debieron atravesar muchos de los hombres vinculados al periodismo se tradujeron en secuestros, asesinatos, desapariciones y amenazas o detenciones legales, en el mejor de los casos(16). Debemos agregar que esta problemática tuvo un tratamiento al que podemos denominar acotado, pues apareció en una sola oportunidad en La Prensa; con mayor frecuencia en El Día y el Herald, en tanto que La Opinión lo abordaba exclusivamente en la sección informativa.
Dos de los más llamativos casos que representan los atropellos perpetrados en contra de la integridad física y psíquica de periodistas fueron sin duda los sufridos por Enrique Llamas de Madariaga y Mariano Grondona, ambos con trayectorias profesionales que de ningún modo podrían permitir que se los considerara sospechosos de opositores al régimen. Al primero, el 2 de mayo lo “llevaron” de su casa a un descampado donde le propinaron una golpiza. Al segundo, lo interceptaron junto a su esposa en la vía pública el 8 de agosto y lo “demoraron” por tres horas, con el claro propósito de que su experiencia alcanzara notoriedad periodística. En sendas ocasiones, los secuestradores estaban vinculados a los grupos de tareas y seguramente el objetivo era dirimir conflictos internos suscitados entre las distintas Armas a la vez de constituir un claro mensaje aleccionador a todos aquellos que fuesen críticos con el gobierno. En tanto a los periodistas Heriberto Kahn y José Ignacio López se los intimidó por medio de otras metodologías. Al primero, por medio de misivas y llamadas telefónicas, mientras que el segundo fue blanco de un mensaje más contundente: “ayer, el domicilio de uno de los columnistas del diario y uno de los periodistas más prestigiosos del país, conocido por su probidad profesional y moral, fue objeto de un atentado con una bomba” (LO, 12/11/76).
Por otra parte, entre los periodistas que sufrieron secuestros prolongados y fueron posteriormente liberados podemos mencionar el caso de Roberto Vacca, quien entre el 5 (fecha de su desaparición) y el 22/12/76, momento en el que recuperó su libertad, fue avizorado por La Opinión como víctima de una “nueva modalidad en los secuestros”, pues su privación ilegal “robusteció ayer la impresión de que existen en el país, al margen de la subversión – grupos dedicados al secuestro de ciudadanos, como si ello ya fuera parte de una actividad política normal (...) Hasta ahora se ha elegido a periodistas y ex funcionarios” (23/12/76). Otro caso resonante de privación ilegítima de la libertad fue el que tuvo por víctimas a los periodistas Mario Mactas y Oscar Blotta, cuyas esposas asumieron la responsabilidad de peticionar ante las autoridades en favor de la aparición de sus cónyuges y a los que el diario de Timerman sindicó como “periodistas desaparecidos” (4-5 y 8/3/77).
Los diarios ante la problemática de la desaparición de los periodistas adoptaron disímiles actitudes. Por caso, el Herald “fue el único diario que publicó un artículo sobre el rapto del señor Conti, un destacado escritor, llevado a cabo por cinco hombres armados, el 5 de mayo” (21/5/76). Casi un año después, hizo lo propio ante un suceso similar sufrido por el más emblemático de los hombres de prensa que se enfrentó a la dictadura: “tal vez otro periodista, Rodolfo Walsh haya sido secuestrado por motivos políticos” (5/4/77). Por el contrario, tuvo una significativa repercusión en los medios la desaparición de Edgardo Sajón puesto que movilizó a la opinión pública nacional e internacional en pos de su liberación. Un ejemplo ilustrativo lo constituyó el titular del crítico editorial que publicó El Día el 28/4/77: “La desaparición de Edgardo Sajón”. Asimismo, no podemos dejar de señalar que La Opinión - donde se desempeñaba como directivo- publicó durante varios días consecutivos, en el mes de abril y en la primera plana, el persistente reclamo de un pronto esclarecimiento del caso como estrategia periodística de presión.
Otro tópico que nos hemos propuesto examinar en este punto es el referido a los profesionales asesinados. Integraron esta macabra lista, entre otros, Zelmar Michelini(17), Alfredo Mónaco y Héctor Ferreirós. Estos casos tienen en común que al saberse las noticias de sus desapariciones, algunos funcionarios las tergiversaron tras el remanido argumento de que formaban parte de una “campaña de prensa” tendiente a desprestigiar al “proceso de reorganización nacional”. Conceptos reproducidos, con cierta complicidad, por algunos medios estudiados. Por ejemplo, ante la aparición del cuerpo sin vida de H. Ferreirós, La Opinión aprovechó para reprochar al vespertino La Razón su desafortunada afirmación acerca de la inexistencia del secuestro del periodista: “se ha sabido en las últimas horas que existiría preocupación por determinar propósitos y finalidades de quienes alientan y alimentan versiones sin asidero en relación a la desaparición o supuestos secuestros de personas de actuación relevante, ex dirigentes políticos o ex funcionarios, ya que se estimaría que la resultante de esas especies sería el alimentar las campañas que desde el extranjero vienen afectando la imagen del país y de su gobierno”; manifestándole que no eran “versiones, no son nocivas sino útiles: alertan acerca de la situación de ciudadanos” (LO, 6/4/77).
El último de los aspectos analizados en este apartado es el referido a las privaciones ilegítimas de la libertad que posteriormente fueron legalizadas. Encabeza esta nómina el periodista del diario de Los Andes Antonio Dibenedetto y el director del diario La Arena de La Pampa, Raúl D’atri, aunque los casos que provocaron mayor conmoción social fueron sin duda los de Robert Cox y Jacobo Timerman quienes merecieron el único editorial que el matutino La Prensa publicó sobre este tema. En esa oportunidad se encargaba de circunscribir la detención de Cox a lo estrictamente periodístico, en cambio la de J. Timerman la interpretó como un delito de subversión económica (26/4/77).
La razón del arresto del director del Herald se fundó en la aplicación de la ley 21.322, puesto que el P.E.N. entendía que R. Cox había incurrido en una violación flagrante de esa normativa al publicar la creación del Movimiento Peronista Montonero en Roma. Resulta sumamente sugestivo que la única detención efectuada por la difusión de tal noticia recayera en el periodista del Herald, ya que la misma información había sido publicada con antelación en otros diarios; e, incluso, el título que llevó este editorial reproducía literalmente términos vertidos por el redactor de la influyente columna política del diario La Nación: “El período de posguerra”; quien tal vez por pertenecer a un diario que estaba pronto a ser socio del Estado no sufrió ninguna represalia. Retomando las posibles causas del apresamiento de Cox, consideramos que quizás una de las razones que debe haber ofuscado a las autoridades militares haya sido el remate con que culminó su crítico editorial: “el mecanismo de liberar a las personas -algunas de ellas retenidas durante un año o más- que no han sido acusadas por delito alguno, debe ser acelerado. Debe recordarse que de nada sirve ganar la guerra si perdemos la paz” (21/4/77). Resulta igualmente revelador el dato proporcionado por la esposa del periodista detenido cuando refiere que “por la presión que ejerció de inmediato toda la prensa del mundo, esa vez los ‘Minotauros’ tuvieron que llevarlo ante un juez un día sábado y después dejarlo en libertad”(18).
Las circunstancias que suscitaron la detención de J. Timerman, por su parte, generaron mayores controversias pues se le imputaban vinculaciones empresariales con el banquero David Graiver quien administraba los fondos de la organización Montoneros. Recordemos que el director de La Opinión había sido detenido en el mismo operativo que el subdirector Enrique Jara quien recuperó su libertad rápidamente. Por el contrario, Timerman debió permanecer, en primera instancia, en carácter de desaparecido y luego de sufrir múltiples vejaciones, accedió al “beneficio” de una detención “legal” que se prolongó hasta septiembre de 1979(19). Proceso en el cual no sólo perdió la ciudadanía sino la propiedad del diario. Si bien La Opinión y El Día se encargaron de repudiar la situación por la que atravesaba J. Timerman se destacó la enfática denuncia que realizó el director del matutino angloparlante quien se preguntaba retóricamente dónde estaban los amigos de Timerman que guardaban silencio ante su detención.
Resulta inobjetable que estos desatinos cometidos contra la libertad de expresión constituyeron para el gobierno militar el principio de su descrédito nacional e internacional.
Como hemos podido apreciar en los apartados anteriores, el miércoles 24 de marzo no constituyó sólo un golpe mortal para el sistema institucional del país, sino que también provocó análogas consecuencias en la vida de los medios gráficos y más precisamente en las publicaciones del interior. Debemos tener presente que la Junta Militar ni bien se hizo cargo del gobierno reunió a los directivos de los más destacados diarios capitalinos, convocando el 2/4/76 a Horacio Rioja y Héctor Magnetto (Clarín); Patricio Peralta Ramos (La Razón); Bartolomé Mitre y Bartolomé Mitre (h) (La Nación); Alberto Gainza Paz y Máximo Gainza Castro (La Prensa); Jacobo Timerman (La Opinión); Luis Clur (La Tarde) y Héctor Ricardo García (Crónica)(20). Sin embargo, las previsiones adoptadas por los facciosos del nivel central, al menos en un principio, no tuvieron su correlato en la conducta de los interventores provinciales, quienes al tiempo que se producía el golpe intervenían autoritariamente en las rutinas de muchos medios. Los embates iniciales contra la libertad de expresión se registraron en el norte de la Argentina. El primero en caer en desgracia fue el diario salteño El Tribuno. Ese infausto día debió modificar la primera página en varias oportunidades, debido a la velocidad de los acontecimientos, para anunciar finalmente que a la 1.50 de la madrugada un destacamento militar se hacía cargo del control del diario. Otro medio coterráneo El Intransigente fue clausurado el 26/3/76 “por falta de seriedad y menoscabo de la imagen de las autoridades de la intervención militar de esta provincia”(21). Seguidamente engrosaron la lista La Arena (La Pampa), El Independiente (22) y El Sol (La Rioja) y finalmente Crónica (Comodoro Rivadavia), el que presentó la singularidad de ser clausurado por un Consejo de Guerra. Seguramente, estos desentendimientos entre las intervenciones y los medios gráficos provinciales llevaron al dictador a convocarlos a una rueda de prensa con su sola participación, prescindiendo de los medios capitalinos. Entonces, “al hablar con hombres de prensa, reconociéndoles jerarquía y merecida importancia a través de la labor periodística, quedó determinada la participación de la opinión pública en un proceso que no puede prescindir de ella” (LN, 18/5/76).
Lamentablemente para la libertad de expresión la actitud del presidente de facto no fue suficiente para terminar con las medidas coercitivas. De allí, que el registro de publicaciones provinciales clausuradas se viera incrementado en oportunidad de producirse los cierres de los diarios Los Principios, de Córdoba, y Época, de Corrientes, éste último dirigido por el ex gobernador constitucional Julio Romero. En este punto efectuaremos una aclaración pertinente al objeto principal de nuestro estudio. El Herald, quién no solía eludir el tratamiento editorial de temas tan sensibles a la libertad de expresión, nada dijo acerca de todos estos sinsabores experimentados por sus colegas provinciales. En tanto Clarín, elidió en forma absoluta cualquier reflexión sobre esta problemática adoptando un “sugerente” silencio editorial(23). Por su parte, uno de sus socios en Papel Prensa SA, si bien no silenció el atropello cometido contra el periódico cordobés Los Principios, lo hizo apelando a conceptos muy desafortunados: “ésta es una de las provincias cuyas autoridades han acudido con mayor nitidez a las imágenes de una república con vocación pluralista y tradición afirmada en el intercambio respetuoso de ideas. De esta actitud se desprende que acaso haya que considerar como un hecho accidental el que determinó a aquella clausura” (LN, 17/9/76). Mientras que el diario La Prensa introdujo a sus lectores en una crítica basada en aspectos jurídicos (si correspondía la aplicación de medidas punitivas por parte de interventores provinciales cuando regía el estado de sitio) evitando, de este modo, un pronunciamiento taxativo en defensa de la libertad de expresión (15/9/76). Podríamos decir, para finalizar, que El Día fue el que mayor compromiso evidenció, pues jerarquizó en su columna los diversos cierres soportados por los medios del interior; actitud que, tal vez, obedeciera al fuerte vínculo empresarial-periodístico que lo unía a ellos a través de la agencia Noticias Argentinas.
Cumplido el primer año de la gestión militar persistía con una coherencia implacable la acechanza hacia los hombres de prensa, como señaláramos en el punto anterior, así como también sobre los periódicos provinciales. Esta suerte de doble persecución se comprueba con la clausura del diario chaqueño Norte y con la detención de Juan Carlos Rousselot, director propietario, del gerente general y del secretario general de redacción quienes fueron puesto “a disposición de la autoridad militar por presuntas vinculaciones con actividades empresarias de carácter subversivo, y posteriormente se dispuso la intervención judicial de la editorial” (ED, 27/4/77).
Estos “inconvenientes” sufridos por las publicaciones del interior, suelen verse injustamente “opacados” ante la mucho más resonante clausura de un afamado matutino porteño. Nos referimos concretamente, al diario La Opinión, cerrado por el PEN (los días 29 y 30/1/77) por considerarse desafiado, tal como lo expresaba el propio decreto 210/77, con la publicación de un artículo que “tiende a desprestigiar, por vía de inferencia la imagen de las Fuerzas Armadas de la Nación, acusándolas indirecta y veladamente de actitudes violatorias de los derechos humanos...” (LO, 1/2/77). En efecto, la disposición señalaba que La Opinión (suplemento cultural) había trascripto en dos oportunidades. (el día domingo 9/1/77 y en la revista La Opinión, número 31 de la semana del 30/1/77 al 5/2//77), bajo el título “La Iglesia y los derechos humanos”, un artículo aparecido en el mes de diciembre en otra revista(24), que desacreditaba la imagen del gobierno.
La crónica realizada por la propia víctima daba cuenta de los ingentes trámites efectuados en pos de informarse fehacientemente sobre los motivos de la prohibición de la distribución de sus ejemplares, impresos el día sábado 29/1/77. Con posterioridad La Opinión transcribió la noticia publicada en La Razón quién había dado la primicia de lo ocurrido, demostrando que ese vespertino conocía, aún antes que los propios damnificados, los fundamentos del cierre. Asimismo resulta útil consignar que La Opinión se encargó de reproducir, conforme iban editorializando los distintos colegas, los contenidos esenciales de las objeciones formuladas a la arbitraria medida. El primero en romper el fuego fue el matutino angloparlante que calificó la actitud del poder político como “un paso retrógrado” (31/1/77). Similar determinación asumió el diario platense que sin demasiados preámbulos inscribió la arbitrariedad bajo el admonitorio título “Sólo la justicia” (3/2/77). Por su parte los medios de formato “sábana”, si bien criticaron la medida apelaron erróneamente a variables incomprensibles cuando se trata de defender la libertad de expresión. Por caso La Prensa, objetó la medida considerándola inapropiada para “combatir la subversión” (2/2/77). En tanto La Nación, al señalar que si bien “los principios rectores de la libertad de prensa son, por cierto, de rigor permanente, es aconsejable que el gobierno argentino observe el contexto político internacional, antes de inclinarse por los medios punitivos de excepción” (3/2/77), dejaba evidenciada que su principal preocupación no estaba centrada en la defensa de los derechos constitucionales, sino en la conveniencia o no de la medida en virtud de la imagen del gobierno en el exterior.
Añadiremos finalmente que, el matutino Clarín fue el único que no editorializó, pero también que fue el único privilegiado al verse favorecido por la concesión de un reportaje exclusivo al dictador J. Videla. Este beneficio, conforme los conceptos del Herald se verían totalmente disminuidos ante la opinión pública nacional e internacional, pues era simultáneo a la clausura de un colega.
Sobre este asunto consideramos indispensable, ofrecer a nuestros lectores ciertos elementos de juicio que permitan comprender por qué se produjo esta suerte de ruptura en las excelentes relaciones entre el diario de J. Timerman y el proceso de reorganización nacional. En tal sentido, entendemos que está íntimamente ligada, por una parte, a los primeros movimientos ejecutados por el poder de turno tendientes a la conformación de una sociedad productora de papel para diarios, que debía reemplazar a la que hasta ese momento encabezaba David Graiver. Por otro lado, es necesario asociar la desaparición física de éste último, en agosto de 1976, con el comienzo de las agresiones hacia el medio del cual era copropietario. El primer embate fue el cierre recientemente referido, que tuvo su continuación en el ya expuesto encarcelamiento del director y copropietario J. Timerman y que alcanzaría su corolario fatal con la intervención y posterior confiscación del diario(25) por parte del Estado nacional.
Por último consignaremos que en ocasión de producirse la muerte del dirigente del ERP Mario R. Santucho, el diario Crónica publicó la noticia en tapa y contratapa de su edición matutina, motivo por el cual fue allanado por las autoridades militares quienes además de ordenar la detención de algunos de sus principales periodistas, enviaron a un censor para asegurarse de que en la edición vespertina solamente se diera difusión a un comunicado oficial(26). El episodio no fue condenado editorialmente por ninguna de las publicaciones aquí estudiada.
Las políticas comunicacionales negativas se manifiestan a través de la aplicación de la censura cuya implementación, tanto en forma preventiva como punitiva, se refuerza mutuamente dando lugar a la existencia de un tercer tipo que es la "autocensura". Autoinhibición que se imponen el periódico y/o los periodistas cada vez que deciden la exclusión de aquellos mensajes que consideran susceptibles de provocar futuras represalias(27). En tal sentido el golpe asestado a la libertad de expresión en los primeros días fue suficiente para dejarla en terapia intensiva durante la mayor parte del régimen. En este punto existe una amplia coincidencia de criterios brindados por quienes protagonizaron aquellos días de oprobio. Asimismo, todos los testimonios convienen en señalar en que esta censura férrea se limitó solo a los primeros días, lapso más que suficiente para que luego germinara en los hombres de prensa la semilla de la autocensura. No obstante ello las prácticas coercitivas hacia el periodismo continuaron el todo el período con diferente intensidad.
Sin duda hablar de este tópico entraña un esfuerzo considerable por parte del cientista social pues se trata, nada más ni nada menos, que de experiencias sumamente traumáticas vivenciadas por los hombres de prensa cuya reconstrucción presenta manifiestas dificultades. Desde luego que contamos con algunos testimonios proporcionados por los propios protagonistas quienes venciendo sus más íntimos “pudores” asumieron ante la posteridad haber atravesado, muy a pesar suyo, esta ingrata situación. En principio, algunos periodistas han aludido al tema sobrepasando el plano personal al señalar la decisión institucional de las empresas periodísticas en las que trabajaban. En el caso de Luis Gregorich, quién se desempeñaba en La Opinión, expresaría descarnadamente que “consumado el golpe de marzo, los grandes empresarios periodísticos pactaron explícitamente con los gobernantes castrenses una serie de pautas de autocensura que serían metódicamente cumplidas en los años que siguieron. La excusa básica era ‘no favorecer’ a las organizaciones guerrilleras, aunque ello llevara a la desinformación del conjunto de la población"(28). Una posición igualmente cuestionadora respecto al comportamiento empresarial de los medios asumen E. Blaustein y M. Zubieta al aseverar que “en cuanto a las políticas editoriales de la mayoría de los medios gráficos, la única expresión que se nos ocurre, ha sido empleada en estos años para asuntos similares: la certidumbre de una escandalosa claudicación ética”(29). En tanto, la mirada más benévola del director del diario La Razón, Félix Laiño, quizás por sus fluidos y públicos “contactos castrenses” enfatizaba: “el 24 de marzo de 1976, día de la revolución, había que llevar página por página del diario para que la sellara la censura, sin cuyo requisito no podía salir a la calle la edición. Cuando cesó la censura previa fue reemplazada por la autocensura”(30). Esta autoinhibición que tiempo después reconocieron algunos comunicadores, fue abordada valientemente en ese álgido momento por dos espacios institucionales: The Buenos Aires Herald y El Día.
El primer diario que se atrevió a exponer esta problemática a la consideración pública fue el que tiene su sede en la calle Azopardo cuando a tan solo dos meses de consumada la destitución del gobierno constitucional reflexionaba acerca del llamativo vacío de información en que incurrieron los medios ante los secuestros de Haroldo Conti, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Estos luctuosos episodios “fueron durante días del dominio público en los círculos periodísticos, antes de su publicación. Sin embargo, no fue fácil llegar a la decisión de publicarlos”. Naturalmente, la determinación de incluir en la sección editorial la alusión implícita de las limitaciones autoimpuestas por los propios periodistas y medios no debe haber sido una decisión fácil de concretar por parte del director Robert Cox. Pues los temores que agobiaban a los profesionales se sintetizaban en una imagen que, a la postre, se volvería un símbolo de la represión: “tenemos que continuar considerando la posibilidad de que esos ford falcons, sin patentes, nos estén esperando afuera en nuestra puerta” (21/5/76). Resulta interesante apuntar que también este medio supo reconocer públicamente que era capaz de apartarse de su misión fundamental. En oportunidad de que apareciera un comentario editorial del New York Times denunciando la sistemática violación de los derechos humanos en nuestro país comunicó sin eufemismos: “Ayer, el Herald cometió un acto voluntario de auto-censura”. Posteriormente procuró efectuar una autocrítica que comprendía al desempeño de la prensa argentina en ese particular período: “lamentablemente la auto-censura de algunos sectores de la prensa (y esto es en realidad una forma de eludir la responsabilidad), basada en un temor seguramente injustificado provocado por las pautas en gran parte razonables del gobierno, han dado como resultado una manera singular de eludir los temas importantes” (28/5/76). Este reconocimiento también podemos encontrarlo en uno de los periodistas de este medio que debió exiliarse en el mes de septiembre de 1976: “la censura, sin legislación que la rigiera, se extendía. La inmoralidad de la autocensura se volvía menos reprensible a medida que aumentaba el número de periodistas muertos. Los diarios no informaban sobre arrestos, muertes ni desapariciones”(31). Otro colega del staff, James Neilson, evocaba la incómoda disyuntiva a la que debía someterse al momento de escribir una nota “no fui inmune al clima de miedo que envolvía al país Me acostumbré a cargar las tintas toda vez que aludía a los atropellos de los terroristas, lo que no me era difícil, y dar a los militares el beneficio de la duda, lo que sí era humillante, pero, dadas las circunstancias, recomendable (...) ¿Por qué se paraba detrás de mí un Ford Falcon sin patente?”(32).
Como hemos podido apreciar en apartados anteriores, el discurso sostenido por el Herald, fue profundizando sus objeciones al gobierno militar, especialmente a partir de los primeros meses de 1977 cuando la cuestión de los “derechos humanos” adquirió una relevancia significativa en sus columnas de opinión. Respecto a la problemática examinada en este capítulo, volvió a manifestarse públicamente para advertir que perduraba cierta proclividad en sus colegas a desconocer los preceptos básicos del periodismo: “es muy poco aleccionador el hecho que continúe la práctica de suprimir las noticias -o de dar solamente la versión oficial sobre las mismas” (25/3/77). Por supuesto que no podemos desconocer que la reiteración de las intimidaciones, por parte de los “grupos de tareas” mantenía su vigencia, tal como lo testimonió Uki Goñi, quien se estaba incorporando a la redacción en esos momentos, “mi ingreso en el Herald no pasó inadvertido para los espías del proceso (...) Un Ford Falcon empezó a dormir frente a mi puerta”(33).
El diario El Día, también asumió la responsabilidad de editorializar acerca de la autocensura. Aunque en su razonamiento no lo hacía desde un análisis introspectivo, sino que involucraba al periodismo en un colectivo más amplio: la sociedad en su conjunto. Allí el editorialista apelaba a una metáfora por demás elocuente: “ese círculo de silencio, donde las discrepancias no se manifiestan o se manifiestan en secreto, no puede menos que condicionar la tarea periodística y restarle agudeza en el análisis de las cuestiones que afectan a la comunidad, por simple carencia de fuentes de información. [Primando entonces en los periodistas] el miedo, temor que agudizaron los extremistas de izquierda con la complicidad de muchos y el silencio de otros. Después aparecieron violentos grupos de derecha y por otra parte se acentuaron las extralimitaciones del Estado” (17/3/77). La conclusión a la que arribaba el comentario editorial, no daba lugar a dudas acerca de los distintos factores que operaban en esa compleja realidad condicionando inexorablemente, a través del “terror”, el normal desempeño de la labor periodística.
A modo de conclusión
Tal como enunciáramos al iniciar este trabajo creemos indispensable repensar el desempeño de los medios en una coyuntura tan singular como la de la dictadura militar, ya que a través de lo expuesto, en adelante resultará más impreciso para cualquier análisis la apelación a estereotipos y la reducción de la actuación de diarios y periodistas en “dos bandos”. En otros términos, creemos conveniente resaltar que al examinar detalladamente la problemática de la libertad de expresión percibimos un escenario mucho más rico y complejo porque nos abre un amplio abanico de matices que deja atrás la aludida visión simplista y maniquea.
Con relación a los medios analizados hemos constatado, en primer lugar, que existió un consenso generalizado de los periódicos y de muchos profesionales en cuanto a la necesidad, en los inicios del régimen, de controlar la información por parte del gobierno militar para impedir la proliferación del “mal subversivo”. Sin embargo, al transcurrir algunos meses se haría evidente que el plan del autodenominado “proceso de reorganización nacional” consistía en el amordazamiento de todas las voces criticas, en especial la de los medios. Fue entonces cuando algunos periódicos comenzaron a reclamar tímidamente, y luego con mayor ímpetu, a favor de la postergada libertad de prensa.
A través de los cuatro ejes analizados hemos podido corroborar que los diferentes diarios adoptaban dispares posiciones ante las mismas problemáticas y también que, conforme se sucedían los meses, los medios iban variando su política editorial. Un aspecto a subrayar fue que tanto La Nación como Clarín, sobre todo este último, adoptaron una posición institucional favorable a la administración castrense, a partir del uso de la estrategia del silencio editorial. Y lo que resulta más llamativo fue que en las pocas ocasiones en que jerarquizaron el tema de la libertad de prensa arribaron a la temeraria conclusión de que en esa coyuntura histórica no se aplicaban medidas censorias. Consideramos que asumieron esa conducta pública especulando con la proximidad de convertirse en socios del Estado en la empresa Papel Prensa SA.
Contrariamente, El Día y el Herald fueron los que de una manera u otra adoptaron las voces editoriales más críticas en variados aspectos referidos al libre ejercicio de la profesión, habiéndose constituido en los únicos matutinos que hicieron referencia explicita a la práctica de la autocensura en esos momentos. Subrayaremos que, en el caso del diario platense, mantuvo un discurso critico llegando a denunciar la existencia de desaparecidos y los excesos cometidos por el terrorismo de Estado. En tanto, el cotidiano angloparlante asumió análoga actitud denunciando como “impersonas” a las víctimas de los atropellos concretados por los grupos de tareas. Asimismo, ambos coincidieron en publicar un importante registro acerca de los riesgos que representaba en ese momento el ejercicio de la profesión; diferenciándose, sin embargo, ante los cierres compulsivos y clausuras arbitrarias sufridas por medios provinciales, determinaciones que El Día objetó públicamente y que no aparecieron en el Herald.
La Prensa, por su parte, se caracterizó por subsumir la problemática en un marco jurídico, estrategia que le posibilitó tomar una prudente distancia de cuestionamientos que, a la postre, podrían resultar riesgosos. Un tema para el que no escatimó críticas fue el monopolio estatal ejercido por la agencia noticiosa TELAM, condición que consideró como una forma concreta del cercenamiento periodístico por parte del Estado.
Por último, destacaremos que en el caso del diario La Opinión, trocaron las notas de reflexión por las meramente informativas. Aunque en este espacio, se comunicó a la opinión pública acerca de temas álgidos para la época como las amenazas y secuestros de periodistas y los cierres de medios.
En suma, la libertad de expresión fue una de las víctimas privilegiadas de la dictadura pues si tenemos en cuenta las declaraciones efectuadas por el dictador Videla era indispensable romper “el espejo” para que no devolviera la verdadera imagen del proceso militar.
Notas
(*) El presente trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación denominado “El discurso periodístico de los medios y el Golpe Militar de 1976. Desde la muerte de Perón hasta la `Reorganización´ de Papel Prensa S. A.” dirigido por el licenciado César Luis Díaz entre el 01/05/98 y 31/12/01. Formaron parte del equipo de investigación: Mario Giménez y María Marta Passaro. Colaboraron en la realización de este trabajo: Tamara Domenech, Cecilia Mainini, Lautaro Pagnutti, Juan P. Roselló, Ma. Adela Ruiz y Cristian R. Vázquez.
(1) Véase C. DÍAZ, M. GIMÉNEZ, M. PASSARO. “La libertad de expresión entre dos fuegos” 1975-1976. En: Oficios Terrestres. Año 6, Nº 9/10, 2001, pp. 111-123.
(2) MAUD DAVERIO de Cox, Eduardo G. WILDE. Salvados del infierno. A 25 años de la dictadura argentina.Gofica Editora, Salta, 2001, p. 10.
(3) Puede consultarse Bernardo Neustadt. No me dejen solo., Planeta, Buenos Aires ,1996.
(4) César L. DÍAZ. La cuenta regresiva. La construcción periodística del golpe de Estado de 1976. La Crujía, Buenos Aires, 2002.
(5) Héctor BORRAT. El periódico, actor político. Gili, 1989, p. 51 y ss. Barcelona,
(6) Recuérdese que durante la gestión presidida por María Estela Martínez fue sancionada la ley 20.840 y los decretos 1273, 2770 y 2771.
(7) El único medio que se atrevió a dar a conocimiento público esta circular fue la revista Cuestionario dirigida por Rodolfo Terragno. Véase Eduardo Anguita, Martín Caparrós. La Voluntad. Norma, Buenos Aires, 1998, T. III, pp. 37-38.
(8) ANDREW GRAHAM-YOOLL. Memoria del miedo. Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1999, p. 126.
(9) Clarín, 22/4/76.
(10) Anales de la legislación argentina. Tomo XXXVI-B, 1976, p. 1102-1103.
(11) Véase Andrés AVELLANEDA. Censura, autoritarismo y cultura: Argentina 1960-1983. CEAL, 1986, T.1, pp. Buenos Aires, 43-49.
(12) C. DÍAZ, M. PASSARO. “La voz institucional de El Día rompe “el círculo del silencio” (1976/1977)”. En: VIII Congreso de Historia de los Pueblos. Luján, 8 al 10 de noviembre de 2001.
(13) C. DÍAZ, M. GIMÉNEZ, M. PASSARO. “¿Republicanos...pero no tanto? El discurso editorial de La Prensa sobre la libertad de expresión entre 1974-1977” . En: III Congreso Red-Com . Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP, La Plata, 31 de agosto al 1 de septiembre de 2001.
(14) C. DÍAZ, M. GIMÉNEZ, M. PASSARO. “The Buenos Aires Herald luchando contra el miedo y la calumnia 1974-1977” . En: VIII Jornadas Internacionales de AIJIC. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP, La Plata, 27 al 28 de agosto de 2001.
(15) Véase C. DÍAZ, M. GIMÉNEZ, M. PASSARO. “La Opinión y la libertad de expresión: desde el fin de la protección al alivio” 1974-1975. En: www.question.perio.unlp.edu.ar. Año I, n°1, otoño de 2000.
(16) Entre otros debieron soportar arbitrariedades de diferente magnitud, Héctor Ricardo García y Guillermo Alfieri, detenidos ni bien se consumó el golpe de Estado. El primero por el término de 11 días, mientras que el segundo por cuatro años.
(17) Puede consultarse C. DÍAZ, M. PASSARO. “La ‘guerra’ de papel: La Prensa y la guerrilla en la dictadura militar 1976/1977”; C. DÍAZ, M. GIMÉNEZ. “Los grupos armados ‘en la mira’ del Herald 1976-1977” . En: IV Encuentro de Docentes e Investigadores de la Comunicación del MERCOSUR Endicom/Enpecom. Montevideo, 10 al 12 de mayo de 2001; C. DÍAZ, M. GIMÉNEZ, M. PASSARO. “Un discurso para defender a la ‘La Nación’ de la violencia política. Los editoriales del diario La Nación (1976-1977)”. En: II Coloquio Nacional de Investigadores. El estudio del discurso: metodología multidisciplinaria. La Plata, septiembre de 2001; C. Díaz, M. Giménez. “El Día bajo el signo de la violencia política 1974-1977” . En : VIII Congreso de Historia... Op. cit.; C. Díaz, M. Giménez. “El Buenos Aires Herald: una trinchera contra la violencia política entre 1974-1977” . En: Primer Coloquio Historia y Memoria. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, 18 al 20 de abril de 2002.
(18) MAUD DAVERIO DE COX, Eduardo G. Wilde. Op. cit, p. 61.
(19) Jacobo TIMERMAN. Preso sin nombre, celda sin número. El Cid Editor, Buenos Aires , 1982.
(20) Eduardo BLAUSTEIN, Martín ZUBIETA. Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el proceso. Colihue, Buenos Aires, 1998, pp. 124 y 126.
(21) Humberto ECHECHURRE. Periodistas bajo fuego. El Tribuno, Buenos Aires, 1997. p. 175.
(22) Fue clausurado por un título de tapa que hablaba de la convocatoria de la CGT a la huelga para defender el régimen constitucional. Ibídem, p. 179.
(23) Carmen HERRERO. Periodismo Político y persuasión, Actas, Madrid, 1996, p. 45.
(24) La nota, titulada “Los derechos humanos en el presente contexto socio-político de Argentina”, cuyo autor era el sacerdote Vicente PELLEGRINI, se publicó en el número 259 (diciembre de 1976) de la revista del “Centro de Investigación y Acción Social”.
(25) Puede consultarse Fernando J. Ruiz. Las palabras son acciones. Historia política y profesional de La Opinión de Jacobo Timerman (1971-1977). Perfil, Buenos Aires ,2001.
(26) Véase Héctor R. García. Cien veces me quisieron matar. Planeta, Buenos Aires, 1993, p. 150.
(27) Héctor BORRAT. Op. cit, pp. 51 y ss.
(28) Luis GREGORICH. “La prensa durante el proceso”. En: Jorge Rivera, Eduardo Romano. Claves del periodismo argentino actual. Tarso, Buenos Aires, 1987, p. 73.
(29) Eduardo BLAUSTEIN, Martín ZUBIETA. Op. cit,, p. 51.
(30) Félix LAIÑO. Secretos del periodismo. Un gran diario visto por dentro. Plus Ultra, Buenos Aires, 1986, pp. 200-201. Corrobóra esta afirmación el testimonio de Pablo Mendelevich, quien en ese momento había ingresado a La Opinión: “la censura se mantuvo rígida solamente entre el 24 y 25 de marzo, y se flexibilizó porque alguien les hizo ver a los militares que con semejantes procedimientos los diarios no saldrían. Pero ese sólo día bastó para que se instalara una terrible autocensura. Había temas que no se podían tocar, los de política por ejemplo, pero se podía avanzar en la crítica a la economía". Véase Carlos Ulanovsky. Paren las rotativas. Buenos Aires, Espasa, 1997, p. 250.
(31) Andrew GRAHAM-YOOLL. Op. cit., p. 150.
(32) James NEILSON. En tiempo de oscuridad 1976-1983. Emecé, Buenos Aires, 2001, p. 18.
(33) UKI GOÑI. Judas. La verdadera historia de Alfredo Astiz. Sudamericana, Buenos Aires, 1996, p. 180.
