| Martín Malharro y otros |
El homicidio policial
MARTÍN MALHARRO
DIANA LOPEZ GIJSBERTS
EDITH ROMERO
GABRIEL SARFATI
El método y su discurso
El juicio a picana eléctrica
- El contexto
- Los hechos
- La investigación
- Un juicio dentro de otro
- Las primeras detenciones
- El juicio
- Los laberintos de la impunidad
- Vida interna
- Periodismo de investigación
- ¿Por que Durán?
La “Picana” en los medios
Esquina, birra y muerte
-Los disparos
- El testigo principal
- Los Muertos
- Una camioneta que desaparece
- Las armas
- Las otras armas
- De amenazas y otras yerbas
Budge en los medios gráficos
- Clarín y Crónica
- Página 12 y La Nación
- La frutilla del postre
Notas
En las dictaduras militares como en cualquier otro régimen autoritario cuando el Estado cree amenazada su existencia o en riesgo su proyecto político recurre a una justicia expeditiva llamada también juicio sumario. En muchos casos se deja exclusivamente en manos de las fuerzas represivas la determinación de los mecanismos y destino final a aplicarles a los detenidos. No es extraño que en tales procesos abunden todo tipo de torturas y tratos crueles. En ocasiones esto puede hacerse de manera casi publica u oculta según el efecto que se busque lograr o los condicionamientos del poder de turno.
Durante la última dictadura la desaparición física de personas y las respectivas ejecuciones, formaron parte de un mecanismo político represivo destinado a instalar un orden político-económico nuevo, su discurso justificador fue el de la contra insurgencia. El genocidio tuvo dos objetivos principales, por un lado, desarticular toda posibilidad de organización de resistencia popular, atacando en consecuencia a las fuerzas capaces de producirlas (partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes, etc.); por otra, sembrar el terror que paraliza a todos los afectados por el nuevo modelo a implantarse.
El agente ejecutor, tanto de la transformación económica como del “terrorismo de estado”, fue el llamado partido militar, que utiliza como apoyo principal a las fuerzas armadas. Recuperado el estado de derecho, los militares pasan a segundo plano y en la práctica abandonan el escenario político represivo, asumiendo este rol las policías y otras unidades de seguridad (Gendarmería, Prefectura, etc.). Al igual que durante el gobierno de facto persisten mecanismos represivos públicos y en estos casos legales, por tratarse de gobiernos constitucionales, y otros clandestinos e ilegales. El llamado homicidio policial es uno de los mecanismos ilegales de represión.
“La pena extrajudicial aplicada por verdugo de uniforme”, tal el nombre formal del homicidio policial tendría una función distinta que la represión dictatorial. Se trata de efectuar una represión preventiva e indiscriminada contra los opositores potenciales, léase los sectores marginados por el nuevo modelo. La represión preventiva está destinada a un control social más que al castigo de faltas o infracciones a la ley y para ello el estado moderno faculta a la policía y otras agencias de seguridad.
Los nuevos enemigos para el imaginario policial, pasarían a ser el grupo de jóvenes desocupados morochos y de pelo largo que abundan principalmente en las periferias urbanas, o simplemente los pobres y miserables. Esta construcción del antagonista ideal, sería una interpretación del llamado conflicto de baja intensidad, mencionado en el documento Santa Fe II, que diera a conocer una comisión asesora del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. En el nombrado documento se diferencian los conflictos por el grado en que implican a las distintas fuerzas de coerción del estado, y se sugiere la existencia de un conflicto permanente de baja intensidad (con mínima participación de fuerzas militares), que vincula el accionar ideológico de la búsqueda de consenso con una acción represiva paralizante de aquellos sectores potencialmente peligrosos para el orden vigente.
El homicidio policial: El Caso Durán
La práctica tiene antecedentes en la policía Bonaerense casi desde el momento de su fundación, sin embargo un caso que puede ser tomado como base para el estudio de las torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía bonaerense se podría ubicar en la génesis, desarrollo y desenlace del hecho investigado por Rodolfo Walsh en su libro Operación masacre.
En el texto nombrado, la investigación permite descubrir una trama perversa de acciones y encubrimientos en torno a los fusilamientos ejecutados en los basurales de José León Suárez la noche del 10 de junio de 1956 por parte de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Un crimen político que dejaría su huella indeleble en la historia Argentina.
El fiscal de cámaras del departamento judicial de Morón que actuó en el llamado Caso Durán, Dr. Nievas Woodgate, señala que en el año 1978 -a poco de ser nombrado fiscal en primera instancia- le tocó procesar a cuatro funcionarios policiales por la comisión del delito de homicidio. En aquella ocasión pudo demostrarse que los uniformados sacaron a un detenido de la comisaría y lo introdujeron en un auto robado que se encontraba en el playón policial, lo llevaron hasta un descampado y lo fusilaron.
El móvil de los funcionarios en aquella oportunidad era la búsqueda de una buena nota para su legajo, base para un ascenso. Las internas políticas, la búsqueda de una promoción, la inhabilidad en el uso del arma, las venganzas personales, el uso indiscriminado de la fuerza, la corrupción, aparecen como los emergentes y causales de un fenómeno extendido, que ha crecido a partir de la recuperación del estado de derecho.
El método y su discurso
Si hablamos de una metodología sostenida por los organismos de poder es importante estudiar, y verificar, la existencia de un discurso justificador que construya simbólicamente la necesidad de tal método.
En 1987 la “Bonaerense” llevaba en los primeros 90 días la cifra de 103 “delincuentes” abatidos(1). Crónica titularía: “Guerra total al delito”, en esa época se produce la llamada “masacre de Budge”. El título del diario Crónica es una muestra de discurso justificador; el delito y los presuntos delincuentes son tomados como enemigos, a los cuales se debe eliminar en nombre del orden social.
El juicio a picana eléctrica
- El contexto
Morón era en 1992 el quinto municipio en movimiento financiero de la provincia de Buenos Aires, en el momento de ocurrir los hechos estaba integrado por los actuales municipios de Hurlingham, Ituzaingó y el propio Morón y lo poblaban unas 700 mil personas. Juan Carlos Rousselot era por entonces el intendente de este distrito y era vox populi que entre sus antecedentes figuraba su posible pertenencia como integrante del grupo parapolicial de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).
A partir de la aplicación del modelo neoliberal instaurado en el país a partir de 1990, Morón fue pasando de ser un distritito con fuerte presencia industrial, a ser un paraíso de Shopings que crecían en los lugares que antes ocupaban las industrias. Los márgenes del municipio que se poblaban anteriormente de “dormitorios obreros”, se transformaron en forma paralela en grandes espacios de marginalidad y en pequeños barrios cerrados para los nuevos ricos.
El robo y otros delitos conexos comenzaron a aumentar al mismo ritmo que crecían en forma continua las desigualdades sociales; la seguridad estaba al tope en las preocupaciones de una clase media consumidora. El llamado a reprimir el delito con la fuerza era parte central de los discursos del gobernador y de políticos y comunicadores de pensamiento reaccionario o conservador.
- Los hechos
El 6 de agosto de 1992, Sergio Durán se encontraba en Morón a media cuadra de la estación ferroviaria y en pleno centro comercial. Allí fue detenido por personal policial de la comisaría primera de la mencionada localidad, aproximadamente a las 19, acusado de intentar robarle la cartera a la novia de un policía.
Un testigo de la detención se comunicó con la madre de Durán, Olga Castro, que concurrió a la dependencia policial acompañada de Elsa Mabel Guerra, pareja del mismo. En la comisaría la recibió el oficial principal Jorge Ramón Fernández, quien le informa del hecho y según atestiguó posteriormente, le pide 500 dólares para aliviar la situación de su hijo. La señora de Durán no entregó ningún dinero y se retiró, poniendo en conocimiento de la autoridad policial que su hijo se hallaba a disposición de la Jueza de menores Dra. Silvia Ivaldi.
La madre de Sergio Duran pensó que el detenido sería liberado en corto tiempo, por hallarse bajo la tutela de la justicia de menores. Las cuestiones que tenía el joven con la ley, no tenían que ver con el delito, eran producto de una denuncia presentada por la propia madre. Durán de 17 años estaba, por entonces, en pareja con Olga Castro y era padre de un bebé. El motivo de su presencia era la compra de un juguete para su hijo por ser la víspera del día del niño.
El muchacho detenido, fue revisado por el médico policial de turno, el Dr. Rafael Guerra que constata su perfecto estado de salud aunque hiciera notar que Sergio tenía una crisis emotiva.
La madre de Durán regresó a la comisaría al día siguiente de su detención, luego de una larga espera le informaron que su hijo había sufrido un paro cardíaco después de una repentina descompostura. La fuerza policial le comunicó también que, como una especie de atención, ya habían reservado un servicio fúnebre para que fuese velado.
El cajón mortuorio se encontraba tapado cosa que llamó la atención a su familia que decidió abrirlo, comprobando que el cuerpo presentaba muestras de haber sido maltratado. Los familiares decidieron tomarle fotos al cuerpo para luego usarlas como prueba.
El caso hubiera terminado allí si no fuera por la denuncia de la periodista del diario Crónica, Marta Ferro quien recibe de una fuente la información que: “En la primera de Morón se les quedó un pibe, habría que hacerles una rinoscopia a todos.....”.
Esta información es trasmitida a la CORREPI (Coordinadora contra represión policial e institucional), que toma cartas en el asunto a través de los Doctores Maria del Carmen Verdú y Daniel Stragá.
- La investigación
La primera irregularidad del caso es la detención: en el momento en que esta se efectúa no se notifica a ningún juez. Posteriormente, con el joven ya muerto, aparecen unas constancias que en el juicio son llamadas, por los miembros del tribunal, “fárrago de papeles de dudosa factura”.
La sala 2ª de la cámara en lo penal de Morón cree, y así consto en el fallo, que los papeles de la detención se hicieron “de apuro” y una vez que Durán había fallecido. Una cuestión que llamó inmediatamente la atención fue la insistencia de la policía ante el personal de la guardia del Hospital Municipal de Morón, para que declare que Sergio Durán fue llevado con vida, lo cual fue negado por los médicos, principalmente por la Dra. Maria Osorio jefa de guardia la mañana en que el cuerpo de la víctima ingresó al nosocomio. Esto determina que la autopsia sea presenciada por el Juez de Primera instancia Dr. Carreras.
La necropsia realizada por un forense policial, el doctor Carlos Rossi Álvarez, determinó como causal de la muerte un paro cardiorrespiratorio no traumático, el cual equivale a sostener que la víctima: “se murió sola”. El médico encontró lesiones en los genitales, las cuales atribuyó al rascado y finalmente sugirió que el deceso pudo deberse al síndrome de abstinencia a algún tipo de droga y además que el joven sería portador de HIV.
Un peritaje posterior realizado por el SEIT (Servicio de Investigaciones Técnicas) dependiente de la corte suprema provincial, demostró que Sergio había recibido golpes principalmente en los testículos. También determinó el hallazgo de lesiones en los alvéolos pulmonares producto de la falta de oxigeno, presuntamente producida por la aplicación de la tortura conocida como submarino seco, vulgarmente “bolsita”. Esta nueva pericia concluyó con el procesamiento por falso testimonio del Dr. Rossi Álvarez.
A partir de las pruebas reunidas había mérito suficiente para procesar, a por lo menos el responsable de los presos de la comisaría en ese momento, el oficial Fernández. Según el abogado Daniel Stragá las presiones sufridas por el Juez, eran muchas. Se trataba de un caso de tormento seguido de muerte, uno de los delitos más graves del código penal y que el mismo se había producido prácticamente al lado de su juzgado, a la vuelta del Obispado de Monseñor Laguna y exactamente debajo de las oficinas de la Brigada de Investigaciones de Morón.
Al no dictarse el procesamiento de Fernández, la familia y amigos de Durán comenzaron a organizar marchas y actos pidiendo justicia, la madre del joven muerto instaló una carpa en la vereda del juzgado durante una semana, mientras realizaba una huelga de hambre.
- Un juicio dentro de otro
Los medios reportearon en forma continua a los implicados en el caso. En una de esas notas, realizadas por el periodista Daniel Raddi para FM Oeste, el Dr. Stragá sostuvo que existía connivencia entre el poder judicial y la fuerza policial. El abogado tenía muchos motivos para manifestarse de esa forma, el caso de Miguel Bru y el del albañil Nuñez, ambos desaparecidos en La Plata, estaban en manos del Juez Dr. Amilcar Vara, quien cerró rápidamente ambas causas. Este juez, que antes de ejercer la magistratura fue comisario, estaba considerado un juez “amigo” y no un “brigido”, como se los llama a los que no colaboran con el personal en la jerga de la “Bonaerense”. El juez se sintió agraviado por esos dichos y radicó una denuncia contra el abogado de la familia Durán.
Al entender de muchos juristas en este juicio paralelo por injurias se cuestionaba el derecho a criticar a los poderes constituidos en relación con el Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que trata el tema de la libertad de opinión y expresión. Entendiéndolo de esta manera treinta abogados se inscribieron como defensores del letrado en cuestión.
El Juez Dr. Gómez que intervino en esta causa paralela, finalmente sobreseyó el caso, que podía llegar a perjudicar a la causa principal paralizando la acción de los abogados de la CORREPI.
- Las primeras detenciones
Finalmente en noviembre de 1992 fue detenido el oficial principal Fernández que había estado a cargo de los calabozos la noche que se efectuaron las torturas. El oficial se negó a declarar pero, extrañamente, su abogado pidió una ampliación de la autopsia; lo que llama la atención es que el pedido perjudicó a su defendido.
La ampliación de la autopsia consiste en realizar nuevos cortes sobre el material separado en la primera necropsia. El procedimiento fue realizado por el Cuerpo Forense Federal de la Capital, interviniendo por la justicia el Dr. Patito, por la familia Durán el perito Dr. Nandin y por el acusado el Dr. Dalto que encontraron que las supuestas lesiones de rascado eran en realidad electro-específicas, provocadas por un elemento puntiforme, vulgarmente conocido como “picana eléctrica”.
El cuadro estaba completo: Sergio Durán durante la noche de su detención, fue sometido a una brutal tortura consistente en golpes, asfixia y picana eléctrica que terminó con su fallecimiento. Frente a estos hechos incontrastables, el oficial Fernández pidió declarar. En su exposición admitió que durante la noche había sacado a Durán de la celda y lo había dejado con la llamada patrulla o servicio de calle, estos eran el Subcomisario Miguel Ángel Rojido, el oficial Luis Alberto Farese y los cabos Raúl Castelu y Hugo Nicolosi.
La excusa que dio el policía por haber actuado de esa forma, fue la de tranquilizar a Sergio, que tenía una crisis de nervios, debido a que culpaba a la autoridad de una detención injusta. Fernández dijo que luego se fue a tomar mate y no supo más nada hasta la mañana siguiente, en que encontró al preso muerto en una celda auxiliar.
Al tiempo que se presentaba la declaración de Fernández, los policías por el nombrado e indirectamente acusados desaparecieron. Dos pidieron carpeta médica, uno la baja y el otro salió de vacaciones.
- El juicio
La Fiscalía de Cámara a cargo del Dr. Nievas Woodgate llevó adelante la acusación en el Juicio Oral y Público que se celebró en los tribunales de Morón, en octubre de 1995.
Los enjuiciados eran dos: el oficial Fernández como partícipe necesario y el Subcomisario Ocampo por un delito menor que consiste en que, siendo el oficial de mayor rango de la comisaría, tenía que velar por la seguridad de los presos a su cargo tomando recaudos para evitar las torturas, esto es, poniendo a los mismos bajo la tutela del juez de turno.
Durante el proceso la parte acusadora debía demostrar dos cosas fundamentales: de qué había muerto el preso Durán y la responsabilidad del policía Fernández en la misma.
Las huellas del castigo en el cuerpo de la víctima eran muchas, pero ninguna lo suficientemente grave como para causar la muerte. El tribunal aceptó la teoría médica del fallecimiento por agotamiento causado por el sufrimiento o síndrome del torturado. La responsabilidad del oficial acusado quedó demostrada por numerosos testimonios, entre ellos los de dos detenidos: Salazar y Miquenzi y también el del cabo Orellana.
El cabo Orellana que esa noche se encontraba de guardia en los calabozos, testificó que era una práctica común sacar a los presos aún de noche para interrogarlos; muchos en el juicio se quedaron con la boca abierta, Orellana admitió así algo prohibido y de por sí sospechoso. La conclusión inmediata fue que Fernández había sacado del calabozo al detenido perfectamente consiente de por qué lo hacía y de cuál era su destino. La excusa de este accionar dada por el oficial Fernández fue rechazada por los jueces.
El Subcomisario Ocampo pudo demostrar que no estaba en la comisaría cuando ocurrieron los hechos y fue absuelto, culpándose a Rojido, por entonces ya prófugo, del “fárrago de papeles”. Fernández en cambio fue condenado a reclusión perpetua. Si bien la defensa del oficial condenado no logró sus objetivos vale la pena repasar sus argumentos. El primero fue tratar de servirse de tecnicismos varios para impugnar las pericias legales, y el segundo fue intentar descalificar a la víctima y a su familia por su condición de marginales y por tener antecedentes policiales.
- Los laberintos de la impunidad
La condena de uno de los implicados estaba sellada pero: ¿Qué había pasado con los otros cuatro acusados?
El oficial Luis Farese, aunque prófugo, siguió cobrando su sueldo y en marzo de 1996 recibió un subsidio de 5000 pesos; además seguía visitando al hijo que tenía con su ex esposa, pero esta última lo denunció porque se sentía acosada. La policía puso una vigilancia y cuando el oficial apareció se lanzaron en su persecución dos patrulleros nuevos. El perseguido logró escapar a través de las complicadas calles del centro moronense en un auto Fiat 133 Modelo 70.
A fines de 1996 Farese finalmente fue detenido en una remisería de la localidad de San Justo donde trabajaba, pero por poco tiempo: según sus guardianes de la comisaría séptima de Castelar, se evadió aserrando los barrotes y desconectando la alarma.
Al cabo Nicolosi se lo intentó detener en su casa y se fugó por los techos, delante de una comisión policial que no pudo alcanzarlo; al Subcomisario Rojido lo fueron a detener a su casa de Mar del Plata; su esposa y su suegro (miembros de la repartición policial) comunicaron que no estaba y que no sabían dónde se encontraba.
- Vida interna
Los responsables indirectos de no encontrar a los prófugos son los superiores de estos, lo que pasó con ellos tal vez sea una muestra de la vida interna de la policía.
El Subcomisario Ocampo fue absuelto por falta de pruebas, pero con bastantes puntos oscuros en su actuación, fue ascendido a comisario y trasladado a la vecina localidad de William Morris. El comisario Hermes Acuña, jefe de la comisaría Primera de Morón, se hallaba de vacaciones cuando ocurrieron los hechos, por eso no hubo acusaciones en su contra. Acuña fue finalmente promovido a la dirección de la Escuela de Oficiales Juan Vucetich donde se ocupa actualmente de la formación moral y técnica de los futuros “guardianes del orden”.
La Unidad Regional Morón se encuentra en el piso superior de la seccional donde ocurrieron los hechos, su jefe responsable de no capturar a los evadidos fue trasladado a la Unidad Regional Mar del Plata, donde tampoco pudo encontrar al Subcomisario Rojido a pesar que como se demostró posteriormente vivía en su casa de siempre. El jefe policial de entonces fue ascendido posteriormente al cargo de Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Comisario General Adolfo Vitelli.
- Periodismo de investigación
En los meses de agosto-septiembre de 1996, cuando se estaba por cumplir un año del juicio, el periodista Néstor Ibarra, con los datos aportados por la CORREPI, inició una investigación. Los periodistas, mediante el uso de cámara oculta, lograron descubrir a un despreocupado ex policía llevando a sus hijos al colegio y atendiendo a sus amigos (policías en servicio) en la puerta de su casa. A otro lo encontraron comprando en un supermercado, como lo hacía todos los sábados.
El juez Carreras ante estas imágenes -que luego se emitieron por TV-, dudó en la forma de efectivizar la detención para evitar que una infidencia policial pudiera poner sobre aviso a los buscados. Así decidió poner en un compromiso personal al recientemente nombrado Jefe de Policía Adolfo Vitelli quien realizó la detención de los prófugos Rojido y Castelu el “Día de la Madre”.
Actualmente los policías Rojido y Castelu esperan en prisión su juicio mientras Nicolosi y “el mago de los escapes”, Farese, están prófugos.
- ¿Por que Durán?
La respuesta a este interrogante apenas se rozó en el juicio: era la supuesta muerte de Edgardo Rojas por parte de Gustavo Durán, hermano mayor de Sergio, ocurrida a finales de julio de ese año. Rojas era, según se decía en los arrabales de Rafael Castillo, un narcotraficante devenido en confidente de la policía.
La banda que lideraba el hermano de Sergio, que se dedicaba al robo pero no participaba de la amistad de la policía, se habría topado con el “confidente policial” y le aplicó el código interno de las bandas. Tras matar al supuesto confidente, el mayor de los Durán desapareció de los lugares que solía frecuentar, entonces la “Bonaerense” habría detenido a Sergio, con la finalidad de obtener el paradero de su hermano.
La “Picana” en los medios
El 18 de agosto de 1992, Clarín publica la primera nota sobre el caso, bajo el título: “Piden que se investigue como murió un joven de 17 años en una comisaría”. La volanta sostiene: “La madre dice que lo torturaron”, y en el copete se menciona la denuncia, contra la comisaría, por torturas realizada por la madre de Sergio Durán, además se aclara que la jefatura de la bonaerense ordenó investigar la muerte del joven, que según el certificado médico falleció por paro cardíaco.
La nota posee dos fotos, una de ellas es de Sergio con su compañera Elsa Mabel Guerra, bajo el epígrafe de la misma se afirma que murió de paro cardíaco, y se agrega que su madre sostiene que murió víctima de las torturas recibidas. La segunda foto muestra un primer plano de Olga Castro, madre de Sergio, con un titulo que reza: “Los policías me dijeron que mi hijo había tenido una descompostura muy seria”.
El desarrollo del artículo se contradice con la titulación, en él se relata el proceso completo de la detención de Sergio con la cita de los correspondientes testigos, relegando a un segundo plano los testimonios de los Abogados Stragá y Verdú avalando la tesis de la muerte a causa de la tortura. El texto también hace referencia al pedido de dinero efectuado por Fernández para dejar en libertad a Sergio y a la negativa de la madre a proporcionarlo invocando su situación de pobreza; todas estas afirmaciones están entrecomilladas para marcar que pertenecen a los dichos de Olga Castro.
Página 12, en su edición del 28 de agosto de 1992, en páginas interiores titula: “Sergio fue padre a los14 años, a los 17 murió en una comisaría”, en el copete dice: “La vida de Sergio Durán fue una ráfaga. Peleó por su paternidad y perdió después la vida en un hecho que se investiga”. La nota está ilustrada con una foto del joven junto a su hermana Alicia, con el siguiente rótulo: “Sergio y su hermana Alicia. Su historia se escribió rápido”.
La bajada vuelve a insistir con la rapidez de la vida del joven Durán y narra los sucesos de su temprana paternidad y su veloz muerte. En la misma bajada, pero en un segundo plano, aparecen los testimonios de la familia y de la Doctora Verdú sobre las torturas que habría sufrido el joven, entre ellas la aplicación de picana eléctrica; también en este destacado se enuncia la intención del juez de investigar al respecto.
El texto principal del artículo analiza minuciosamente el proceso de la detención de Durán y las distintas versiones (o por averiguación de antecedentes o por robo); la nota también cuenta la lucha de Sergio por su paternidad y su pareja. En el final se pasa revista a las distintas alternativas que preparaban los abogados y la familia para pedir justicia, como a las contradicciones que aparecen entre las muestras de torturas que vieron los familiares y los letrados, y la visión del forense oficial que diagnosticó un paro cardiorrespiratorio no traumático. En este caso, como en Clarín, el tema de la tortura y la picana aparecen en un plano difuso, aunque en la línea argumental de Carlos Rodríguez -autor de la nota de Página 12-, el tema más importante parece ser la velocidad de la vida de Durán.
El “Diario Popular”, en noviembre de 1992, con el título: “Contra las torturas”, y el subtítulo: “Marcha en Morón por muerte de joven en una comisaría”, se detalla la marcha realizada por los familiares y amigos de Sergio Durán, frente a la seccional primera de Morón.
La titulación se realiza en fondo negro lo que le da un destaque muy particular, en el desarrollo de la información se resumen las condiciones de la detención de Sergio Durán y los testimonios de los abogados y parientes acerca del estado del cuerpo de Sergio cuando fue entregado para su sepelio. Si bien se describen las marcas y golpes el artículo no menciona que estas son probablemente huellas del uso de la “Picana eléctrica”.
El 4 de noviembre de 1992, Clarín en páginas interiores titula: “Huelga de hambre por un joven que murió en una comisaría”, en la volanta dice: “La hacen sus familiares contra la lentitud judicial”. El desarrollo de la información está dividido en dos partes, en la primera se describe la manera en que Olga Castro, Marcela Durán -hermana de Sergio- y Mabel Guerra se instalaron en la puerta del juzgado del Juez Carrera e iniciaron una huelga de hambre, entre los dichos que se transcriben de Olga Castro queda claro que el problema no es “la lentitud de la justicia” sino la supuesta impunidad de que gozarían los autores de la muerte del joven por su pertenencia a la institución policial.
La segunda parte de la nota, con el subtítulo de “Huellas”, está dedicada a las evidencias que existen sobre la aplicación de torturas; por la descripción minuciosa que se hace sobre los tormentos sufridos por el joven, se nota que pertenecen a algún profesional o al expediente de la causa, pero el redactor las entrecomilla y las destaca como dichos por la madre.
En la parte final del artículo, el periodista incluye un pequeño reportaje al juez de la causa, donde este asegura que la causa tiene un trámite normal y que se están reuniendo las pruebas necesarias. El juez admite la existencia de lesiones en el cuerpo de Durán, pero a su vez dice no poder conectar las mismas con las torturas y la muerte; finalmente el Doctor Carreras dice: “Hasta el momento, con nombre y apellido, hay una sola persona imputada en la causa por pedir 600 dólares para dejar libre a Durán. Pero aquí hubo una muerte y yo tengo que averiguar por qué murió”.
El mismo 4 de noviembre de 1992, Página 12, también dedica una nota a la huelga de hambre que realizaban los familiares de Sergio. “Familiares de Sergio Durán iniciaron huelga de hambre”, se titula la nota y en su copete dice: “La madre, la hermana y la novia del muchacho muerto en la comisaría 1ª de Morón tomaron la medida de protesta por lo que consideran un asesinato aún no esclarecido”. El artículo se apoya en una foto de los familiares de Sergio Duran frente al juzgado realizando la medida de protesta y en el epígrafe sostiene: “La madre de Sergio frente al juzgado del doctor Carreras”, y en un entrecomillado: “Ni el peor de los criminales merece morir de esta forma”.
En el desarrollo de la información, que firma Carlos Rodríguez, se describe la huelga de hambre que realiza la familia de Sergio y se señala que la misma está motivada porque el juez sería reacio a tomar medidas contra los policías implicados en la muerte del joven. También se detalla que existen marcas de torturas en los testículos, la ingle y los pulmones y cómo dichas señales contradicen los resultados de la primera autopsia realizada por el médico policial doctor Rossi Álvarez. Siguiendo con la crónica, el periodista narra que el juez le tomó declaración indagatoria a seis personas que estuvieron detenidas la noche en que murió Durán, dos de los interrogados habrían admitido que vieron cuando al joven se lo retiró de la celda bajo el pretexto de que quedaba en libertad pero que ellos sabían que era para pegarle, porque esto era una práctica habitual.
Los testimonios arriba citados son trasmitidos al cronista por los abogados Verdú y Stragá, quienes además profundizan en la polémica con el médico Rossi Álvarez quien entre otras cosas había dicho que el muchacho murió por sobredosis y que tendría SIDA. En el relato periodístico se describen otras vicisitudes vividas por la familia Durán, como la desaparición de ropa de su féretro y las persecuciones sufridas por algunos familiares que participaban en las protestas que reclamaban el esclarecimiento del caso.
El 18 de noviembre de 1992, Página 12 informa sobre el procesamiento de los policías que torturaron a Durán, “Tres policías bajo proceso” es el título de la nota cuya volanta dice: “Por la muerte de Sergio Durán”, el copete aclara: “EL juez Carreras procesó a los tres policías involucrados en la detención y muerte por torturas del joven Durán”.
El artículo esta encabezado por un resumen informativo que se destaca en negritas, en el mismo se señala que el juez procesó a un Subcomisario y dictó orden de detención contra otros dos policías a los que encontró responsables de la detención ilegal y posterior muerte de Durán. El extracto informativo también expresa que después de leer la segunda autopsia el Dr. Carreras llegó a la conclusión de que la víctima falleció por las torturas que le aplicaron en sede policial; además se hace constar que el magistrado ordenó abrir una causa penal contra el médico policial Carlos Alberto Rossi Álvarez por falsear el resultado de la primera necroscopia.
En el desarrollo de la información se da cuenta de la orden de detención del Oficial Jorge Alberto Fernández por la aplicación de torturas seguidas de muerte, exacciones ilegales y violación a los deberes de funcionario público. También en el texto se explica que se libró orden de detención contra el agente Claudio Fabián Lezcano(2) por falsedad ideológica de instrumento público y que se procesó al Subcomisario Ocampo por prolongación indebida de la detención, omisión de vigilancia culposa y omisión de los deberes de funcionario público.
El resto del artículo es una síntesis de lo acontecido hasta ese momento más las confirmaciones del juez y cierra con una foto ya publicada del joven con su hermana en cuyo rótulo puede leerse: “Sergio Durán tenía 17 años y fue detenido por presunto robo. Ingresó en la comisaría y nunca salió”. En estas últimas notas, tanto la de Página 12 como la de Clarín desaparece todo comentario sobre la aplicación de “picana eléctrica”.
En una pequeña nota, el miércoles 18 de noviembre de 1992 en página 18, La Nación informa sobre las detenciones y procesamientos del caso Durán, el título es: “Procesan a policías por la muerte de un joven” y el copete destaca la palabra “torturas” para a continuación resaltar el hecho de que Durán fue ilegalmente detenido y aclarar en modo potencial que habría recibido tormentos. El desarrollo de la noticia comunica brevemente sobre las acciones tomadas por el juez y en una síntesis casi telegráfica informa sobre los hechos del caso.
El mismo 18 de noviembre de 1992, Crónica titula sobre fondo negro: “Tres policías procesados por tortura y muerte”. La nota a cinco columnas pero de tan solo doce líneas de largo, informa sobre las detenciones y el procesamiento de los policías y reproduce el testimonio de Olga Castro sobre las vicisitudes que terminaron con la vida de Sergio.
Clarín el 19 de noviembre de1992, en una breve nota en páginas interiores bajo el título: “Arrestan a dos policías y procesan a un Subcomisario” y con la volanta: “Por la muerte de un joven que fue torturado”, se detallan brevemente las medidas tomadas por el juez Carreras y se resume el caso; como particularidades se puede señalar que se incluyen las contradicciones entre la primera autopsia y la segunda.
No aparecerán más notas sobre el tema hasta 1993, cuando al cumplirse casi un año de los hechos, el 5 de agosto, Clarín publicó un artículo con el título: “Confirman que mataron a un adolescente con picana”, la volanta: “Fue el año pasado en una comisaría de Morón”. En la foto que ilustra la nota, donde aparecen Sergio y su esposa, reza: “Los médicos forenses confirmaron que al joven le aplicaron la picana en los genitales”. En el copete se describe cómo fue detenido y hallado muerto posteriormente en un calabozo, también se describen las conclusiones de la ampliación de la autopsia, realizada por el cuerpo forense de la Capital Federal. Estas son que Durán había recibido picana en los genitales y que también se lo sometió a asfixia con una bolsa de plástico.
Esquina, birra y muerte
El 8 de mayo de 1987, Agustín Antonio “El negro” Olivera y Roberto Antonio “Wily” Argañaraz, estaban sentados contra la pared de la ochava de Guamini y Figueredo en la localidad de Budge y algo pasados de alcohol cuando llamaron a Oscar Aredes. Oscar, de 19 años, se acercó a sus amigos, venía de acompañar a su hermano menor que había realizado unas compras en el kiosco.
Eran cerca de las 20, cuando se acercaron a la esquina mencionada dos automóviles, un Fiat 125 amarillo, propiedad de Argentino José Basile, y una camioneta Ford F-100 celeste, cuyo dueño era el suboficial mayor Juan Ramón Balmaceda.
Los vehículos habían partido minutos antes de la subcomisaría de la localidad, ubicada en Puente La Noria. En el Fiat iban el suboficial mayor Juan Ramón Balmaceda y el testigo Ricardo Felipe Riviere; en la F-100 el sargento Antonio Escamilla, el cabo primero Isidro Rito Romero y el también cabo primero Jorge Miño, además llevaban un detenido: Daniel Alberto Mortes.
A veinte metros de la esquina descendió con el arma oficial en mano el suboficial Balmaceda al grito de: ¡Al suelo señores! Los otros policías lo siguieron y en veloz carrera llegaron a donde estaban los muchachos. A Olivera y a Argañaraz no les costó demasiado esfuerzo obedecer la orden del policía porque debido al estado alcohólico en que estaban, lo que no hubieran podido hacer era lo contrario, o sea levantarse rápidamente. Aredes en cambio permaneció de pie e intentó explicar algo cuando lo derribó un culatazo dado por el cabo primero Jorge Miño.
- Los disparos
El primer balazo fue disparado por Balmaceda y fue accidental ya que en su carrera tropezó con una zanja y se le escapó, inmediatamente el cabo primero Miño tiró dos veces al aire. A continuación le sucedieron dos ráfagas de ametralladora que dieron en los jóvenes, Olivera y Aredes quedaron en piso en un charco de sangre, Argañaraz herido en la pierna fue cargado en la camioneta celeste que partió rumbo al Hospital Gutiérrez.
El detenido Mortes fue trasladado nuevamente a la subcomisaría en el Fiat 125, la custodia del lugar quedó en manos de un pelotón de policías. Los refuerzos habían venido porque los vecinos y familiares de los muertos intentaban acercarse a los cuerpos y los disparos al aire no alcanzaban a disuadir la indignación de la gente. Los últimos tiros vinieron de la dirección que tomó la F-100 y fueron tres según las declaraciones de los vecinos.
- El testigo principal
Daniel Mortes vio cuando Olivera y Argañaraz discutían con Ángela Nigro de Basile en el despacho de bebidas propiedad de su marido, Nicola Basile. Eran un poco más de las 18 y los chicos ya estaban ebrios, Mortes decidió intervenir para apaciguar la situación y logró convencer a sus amigos que se retiraran del comercio ubicado a tres cuadras de la esquina de la muerte.
Mortes dio por terminado el episodio y volvió a su trabajo en un corralón de materiales de la zona, allí estaba cuando una hora después fue detenido, y trasladado a la seccional policial donde lo torturaron para que dijera dónde estaban los muchachos.
Había sucedido que, a poco de marcharse estos, Argentino Basile había llegado al negocio de sus padres y resolvió presentar una denuncia policial por el altercado que habían tenido con su madre. En plena diligencia de la denuncia llegó hasta la subcomisaría Ricardo Felipe Riviere, que dijo que los muchachos habían vuelto al despacho de bebidas y amenazaron de muerte a los propietarios y cuando se retiraron rompieron un vidrio de la puerta.
Daniel Mortes fue obligado a acompañar a los policías y fue liberado recién el domingo 10 de mayo, él cree que salvó su vida gracias a que en la declaración posterior al crimen dijo que sólo escuchó los disparos y que no había visto nada.
- Los Muertos
Agustín Antonio Olivera y Oscar Aredes llegaron a la morgue donde ya estaba Roberto Antonio Argañaraz que según la declaración policial, murió camino al hospital. Wily Argañaraz había sido visto subir con vida a la camioneta y tomándose una pierna herida, una primera autopsia realizada por el médico policial oficial subinspector Ricardo A. García, da por resultado la muerte del joven debido a una hemorragia masiva e intensa provocada por un proyectil que ingresó en un área cercana al corazón.
El cadáver de Wily fue entregado por el comisario inspector Juan Carlos Zinna, a cargo de la instrucción, a un hermano de este Segundo Valentín que era agente policial, para que fuera trasladado a la localidad de Simoca en la provincia de Tucumán donde lo sepultarían. El juez Dr. Rousseau interpeló al comisario dado que la autorización para trasladar el cuerpo no se le había pedido; el comisario Zinna no supo que contestar.
Los abogados de las familias de los muertos dudaban de la primera necropsia porque a simple vista Argañaraz tenía heridas en la cabeza, entonces pidieron una segunda intervención forense. La segunda autopsia se realizó en Tucumán y esta sí demostró que el cuerpo presentaba tres impactos de bala en la cabeza y uno en la cara.
El “Negro” Olivera también sufrió dos autopsias, en la segunda y con perito de partes de los familiares, se determinó que recibió diez impactos de bala, siete en la espalda y tres en el abdomen, además de dos roces. La autopsia de Oscar Aredes determinó que tenía seis disparos en total, uno en la cabeza, tres en la cara, uno en el cuello y otro en la espalda.
En la primera autopsia a ninguno de los cuerpos se le practicó la prueba de parafina, única valida para saber si los muchachos habían disparado armas de fuego y en la segunda dicha prueba fue imposible debido al estado de descomposición de los cadáveres.
- Una camioneta que desaparece
La Ford F-100 celeste había llevado al herido-muerto Argañaraz al hospital y posteriormente regresó a la subcomisaría de Budge; dicha la dependencia policial estaba a cargo del comisario Laborde quien debió incautarla, porque se trataba de un medio de prueba importante. La camioneta desapareció y con ella los suboficiales Miño y Balmaceda quienes se dieron a la fuga el 11 de mayo fecha en que el juez Dr. Rousseau les dictó un pedido de captura.
Los suboficiales prófugos se entregaron el 25 de mayo y Miño declaró que había guardado la F-100 en lo de Víctor “Pirulo” Martínez, un mecánico que solía hacer peritajes para los sumarios policiales. El vehículo fue encontrado por los funcionarios judiciales en el taller de “Pirulo”, este argumentó que no lo había tocado, pericias posteriores demostraron que la Ford celeste no sólo había sido manipulada, sino que también tenía un disparo de arma de fuego que se demostró fue posterior a los hechos ocurridos en la esquina de Figueredo y Guamini; aparentemente el balazo estaba destinado a aparecer como producto del enfrentamiento que los policías decían haber tenido con el trío asesinado.
La camioneta que obviamente era el testigo mudo del caso, fue entregada al suboficial Balmaceda en depósito judicial cuando este salió en libertad bajo fianza, el depósito judicial prohíbe enajenar o vender los objetos, pero no su uso. Así el suboficial temido por los testigos, podía recorrer las calles de Ingeniero Budge intimidando a diestra y siniestra como declararon varios vecinos de la zona.
- Las Armas
El peritaje de las armas era de suma importancia a la hora de determinar un enfrentamiento: en la esquina de Guamini y Figueredo se secuestraron cuatro armas de fuego que, según vecinos, fueron desparramadas por personal civil desde un auto. Al margen del presunto origen dudoso del armamento, el secuestrado y el que posteriormente llegó a los peritos de la federal “no coincidían”, esto a juicio de los abogados patrocinantes anula cualquier resultado de las pericias; quién había cambiado las armas no se sabía, pero lo cierto es que habían embarrado aun más la investigación.
Las armas dudosas fuero estudiadas, y dieron como resultado que sólo dos de ellas estaban en condiciones de uso, siendo prácticamente inservibles las otras dos.
- Las otras armas
El análisis de las armas policiales reveló que entre las dos ametralladoras, de Miño y Romero, y la pistola de Balmaceda se habían disparado veintiséis tiros. El total de disparos recibidos por los muchachos fue del orden de los treinta entre los que dieron en el blanco y los que los rozaron, suponiendo que no hubo otros proyectiles perdidos que los que el cabo primero Miño tiró al aire y el que se le escapó a Balmaceda. La pregunta que cabe hacerse es quién o de qué arma salieron los otros proyectiles. La pregunta sigue sin respuesta.
- De amenazas y otras yerbas
Pedro Guillermo Ramírez se salvó de casualidad de la masacre, unos minutos antes de que llegara Oscar Aredes, Pedro se retiró a su casa; allí estaba cuando escuchó los disparos de ametralladora. Los disparos lo hicieron volver a la esquina de Figueredo y Guamini donde una custodia policial muy nutrida vigilaba los cuerpos de sus dos amigos, la gente intentó protestar y recibió una feroz represión.
Ramírez ligó su parte y fue a parar al Hospital Aráoz Alfaro de Lanus, una vez recuperado se presentó ante el Juez y en su declaración dijo, entre otras cosas, que era capaz de reconocer a sus agresores; ese fue el principio de su calvario. Su casa fue asaltada por un grupo de civiles armados cuando él no estaba y sus familiares fueron amedrentados, y él mismo fue amenazado cuando se prestaba a declarar en los tribunales de Lomas de Zamora.
Una noche, cuando regresaba de una movilización que pedía justicia para los jóvenes asesinados, fue golpeado y tajeado en el rostro con una hojita de afeitar, la acción la llevó acabo una patota que mientras lo torturaba le decía: “no te vamos a matar, te vamos a hacer sufrir”. Del mismo modo, Silvia Galeano de Valle luego de participar en una marcha y en una misa por el esclarecimiento de la muerte de los chicos, también recibió la visita de los amigos de la noche; su esposo y sus hijos fueron torturados y recibieron vejaciones varias por lo que decidieron abandonar el barrio ante la falta de seguridad.
Uno de los principales testigo Daniel Mortes, recibió tantas amenazas en su trabajo, que concurrió a la intendencia de Lomas de Zamora para pedir seguridad. Un concejal, Bruno Tabano, le ofreció su casa para que durmiera así podía estar más protegido, pero Mortes lo rechazó. También un activista de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Enrique Horacio Orellana, fue golpeado hasta que perdió el conocimiento, los golpeadores le decían: “Así que vos sos de esos”.
El 28 de mayo Noemí Díaz de Rivas, colaboradora de las Madres de plaza de Mayo y de la comisión de amigos y vecinos de Budge que luchaban por el esclarecimiento del caso, empezó a recibir amenazas telefónicas, la voz anónima le decía: “No te alcanza con las viejas, que ahora te metes con los negritos”. La señora de Rivas fue posteriormente secuestrada en un auto por tres personas, quienes la torturaron durante media hora.
A uno de lo abogados de las familias de los jóvenes, el Doctor León Zimerman, le robaron el auto a punta de pistola; el vehículo apareció al otro día totalmente carbonizado. Otro miembro de la comisión de amigos y vecinos de Ingeniero Budge, Rubén Juan Rodríguez, fue secuestrado y torturado durante tres días, cuando fue liberado denunció a sus atacantes y siguió con la comisión, a la semana fue baleado por un grupo de civiles que quiso detenerlo y de los cuales escapó saltando un alambrado.
La casa de otro activista por lo DDHH, Juan Carlos García, también fue baleada.
Budge en los medios gráficos
- Clarín y Crónica
El 14 de mayo el diario Clarín, en su página 50 dedicada a las noticias policiales, otorga toda la hoja al caso tratado, la nota principal es una crónica de lo acontecido en el cementerio de Lomas de Zamora cuando se exhumaron los cuerpos de las víctimas para hacer las nuevas pericias (recordemos que hubo dos autopsias)
En la página hay otras tres notas referidas al caso pero ninguna de índole policial, la más grande y recuadrada es la dedicada a las declaraciones del ministro de gobierno de la Pcia de Buenos Aires, Juan Antonio Portesi. El título de la nota es “Portesi negó la existencia de ‘escuadrones de la muerte”, los dichos del ministro están dirigidos a negar toda posible sospecha sobre la institución policial y a amonestar a quienes acusan a la misma, comparándolos con los grupos guerrilleros de la década del ‛70. Portesi dice: En estos momentos no hay nada que se asemeje a los escuadrones de la muerte y en la Argentina de hoy no caben los tribunales populares ( la expresión tribunal popular la usaron los Montoneros para explicar de qué manera habían juzgado y matado al Gral. Aramburu).
En el desarrollo del comentario periodístico el Ministro de gobierno provincial dice no tener informaciones sobre la causa ya que impera el secreto de sumario, sin embargo dice saber que Antonio Olivera tiene antecedentes policiales, lo que era totalmente falso. El recuadro de las declaraciones del funcionario está en el margen inferior derecho de la hoja y ocupa cuatro columnas; en el inferior izquierdo se encuentra otro comentario en dos columnas, que antojadizamente se titula: “Confiamos en que se haga justicia”, en la pequeña nota se mencionan comentarios de algunos familiares de los muertos de poca importancia, pero se destaca especialmente el que da titulo a la columna. La página se completa con un recuadro titulado: “Proyecto de dos diputados” y trata un pedido de informes sobre los hechos solicitado al Poder Ejecutivo provincial
En resumen las dos notas ubicadas en la parte inferior de la hoja están dirigidas a desmentir lo que dejan traslucir la crónica principal y el pedido de informes al ejecutivo.
El día 25 de mayo el diario Crónica titula en la parte inferior de su portada: “Según Armendáriz, la extrema izquierda trata de utilizar el caso Budge en provecho propio”. El gobernador de la provincia de Buenos Aires dice en la nota estar contento con la actuación policial y culpa a un sujeto figurado; nadie sabe (a menos que comparta la ideología del gobernador) a quién se refiere y menos cuál sería el provecho, salvo claro está que se acepte que existe una fuerza llamada ultra izquierda, intrínsecamente perversa. El periodismo de Crónica reproduce el discurso oficial sin hacer mayores consideraciones.
Al día siguiente, el título de la portada de Crónica tiene otro sentido: “Budge: Indagan a los policías que causaron drama”, junto al texto aparece la foto del cabo primero Jorge Miño al entregarse en horas de la madrugada; el subtítulo de la tapa es: “Manifestación popular clama justicia”, más de 300 personas habían reclamado por justicia para el caso Budge, el tema aparece en segundo plano y el diario nada dice de lo publicado el día anterior acerca del rol de la ultra izquierda.
El 10 de junio Clarín titula en su tapa: “Muerte de los tres jóvenes: liberaron a uno de los policías”, como subtítulo -en una tipografía sensiblemente menor- se menciona: “El juez modificó la carátula de las actuaciones”, “De homicidio triple pasó a ser homicidio en riña”. El título principal subordina al subtítulo y por lo tanto para Clarín en un principio lo que para el juez es un homicidio, es una muerte que tiene connotaciones mucho menos dramáticas.
La tapa del diario deja traslucir que el tema estaba presente en el imaginario popular a un mes de producido el hecho, ya que en ninguna parte de la portada hace mención a Ingeniero Budge. La tapa está desarrollada en la sección policial (páginas 32 y 33) y ocupa casi el 75% de una doble central. En total existen tres notas, la principal es una crónica de los pasos dados por el juez para liberar al cabo primero Isidro Rito Romero y la consecuente reacción negativa de los familiares de las victimas.
Otras de las notas está dedicada al debate en la cámara de diputados provincial que como se vio en el comentario de Clarín (14/5/87) intentaba seguir el caso. En el margen inferior derecho en recuadro bajo el título: “Consideraciones del juez para la determinación”, aparece la versión de los hechos del Juez, que no es otra que la de la policía donde se habla de un enfrentamiento. Bajo el mismo recuadro, y con el subtítulo: “señalan contradicciones”, aparece en pocas líneas la versión del abogado de los familiares, León Zimerman, que señala que se trató de un homicidio policial y además menciona al pasar que sufrió un atentado consistente en el incendio de su auto.
Lo destacado para los redactores de Clarín son las versiones oficiales, las cuales no merecen ninguna observación; la visión de los que culpan a la institución policial siempre figura en segundo plano.
- Página 12 y La Nación
Página 12 da un trato distinto a las noticias, que los mencionados Crónica y Clarín. El 26 de mayo titula: ”En Budge hubo un cuarto policía”, hablando del sargento Antonio Escamilla, que en ningún momento fue procesado por la causa y que manejaba la célebre Ford celeste, en el mismo artículo se publica la versión de los hechos dada por los testigos, que es la del homicidio policial. Es importante destacar que Página 12 no utiliza la sección policiales sino la de Sociedad. En la misma hoja en que está la nota anteriormente citada, aparece un recuadro pequeño con el título: “El intendente Tavano criticó expresiones de Portesi y Díaz”. En esta columna el intendente interino de Lomas de Zamora reprocha al ministro de gobierno y al secretario de seguridad de la provincia que no pueden acusar de oportunismo político a aquellos que, perteneciendo a cualquier organización, luchan por la vigencia de la justicia y los derechos humanos.
Todos los diarios reprodujeron las expresiones macartistas de los funcionarios del gobierno radical; ninguno, salvo Página 12, lo hizo con expresiones críticas como las de Bruno Tavano. El 30 de mayo Página 12 toma parte en forma irónica por la versión del asesinato, en una nota titulada: “Investigan a los forenses”, pasa revista a todas las irregulares de las pericias forenses y a las aparentes falsedades documentales; junto al artículo se encuentra un dibujo realizado por el humorista Sendra, en el mismo se ve a dos policías parados junto a tres tumbas, uno de ellos le dice al otro: “si estos tres continúan molestando me los arresta”.
En su edición del 9 de junio bajo el título poco significativo de: “En Ingeniero Budge reina otra vez un clima de Inquietud”, el mismo diario describe la serie de amenazas, ataques y otras agresiones sufridas por testigos, abogados, familiares y amigos de las víctimas.
Página 12 toma una posición comprometida y crítica frente al caso Budge, pero lo hace desde un perfil irónico y a veces elíptico. En cambio La Nación, en un artículo de opinión publicado el 28 de mayo con el título: “Localidad cercada por las miserias”, pretende contraponer una población marginada y sumida en vicios con otra que pide vivir con tranquilidad. Entre los testimonios de la población “bien pensante”, aparece el de Horacio Albarracín miembro del directorio de la línea de colectivos 117 que dice: “Balmaceda había limpiado la zona, ahora no sé qué va a suceder...”.
La frutilla del postre
El 7 de agosto de 1990 en Clarín sale a doble página una nota sobre el caso que se dio en llamar La Masacre de Pacheco, allí cuatro jóvenes de entre 12 y 18 años recibieron 46 disparos de un total de 128 disparados por 17 policías, los testimonios publicados en la crónica apuntaban hacia un caso de fusilamiento o de abuso de armas por parte de los uniformados.
Junto a la descripción de los hechos, y los testimonios de la abogada y familiares de las víctimas, aparece a manera de réplica un reportaje a Domingo Somohano, en ese entonces jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Somohano asegura que en el caso Pacheco, al igual que en el de Budge, se trata de un enfrentamiento; el jefe de policía parecía desconocer que en mayo de ese año un Juez había condenado a penas de entre 5 y 14 años de prisión a los uniformados de la masacre de Ingeniero Budge.
Las ironías del destino o las reglas de una formación consecuente hicieron que el 14 de septiembre de 2002, el oficial de la Policía Federal Gastón Somohano, hijo de Domingo Somohano, fuera responsable de la patrulla policial que golpeó y arrojó al Riachuelo al joven Ezequiel Demonti, quien va a morir allí ahogado.
Notas
* El presente trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación: “Los derechos humanos y la prensa gráfica argentina desde 1976 al 2001” , dirigido por Martín Malharro e iniciado el 01/01/01 en el marco del Programa de Incentivos a Docentes e Investigadores. Forman parte del equipo de investigación: Diana López Gijsberts, Marcos Nápoli, Romina Ryan, Hernán Gesberg y los maestrandos Edith Romero y Gabriel Sarfati (Maestría en Periodismo y Medios de Comunicación).
1 En dicho año un informe del CELS(Centro de Estudios Legales y Sociales) destaca que el 81 % de los muertos civiles a manos de las fuerzas de seguridad, son victimas de uso excesivo de la fuerza, cuando no de ejecuciones sumarísimas.
2 El agente Lezcano era en principio el que asentó en el libro oficial la detención después de muerto de Sergio Durán, luego se culparía de ello a los prófugos Rojido, Castelu, Farese y Nicolosi.
