| César Díaz y otros |
Estrategias censorias de la dictadura.
Desde la asunción de Viola hasta la Guerra de Malvinas (1981-1982)
Desde la asunción de Viola hasta la Guerra de Malvinas (1981-1982)
CÉSAR DÍAZ
MA. MARTA PASSARO
MARIO GIMÉNEZ
“Las autoridades militares de este país gustan hacer alarde de la existencia de la libertad de prensa en la Argentina a pesar de que integran un gobierno de facto. Pero el estado en el cual la prensa existe en la Argentina puede ser descripto con más exactitud como un ‘grado’ de libertad o una libertad ‘relativa’, pues es cierto que la situación de los periodistas podría ser considerablemente peor bajo una dictadura militar rígida. Sin embargo, hay un gran trecho entre esta realidad y llamar ‘libertad de prensa’ a las condiciones en las cuales los periodistas locales deben realizar sus actividades”.
(TBAH, 3/5/81)
Contenido
Las “recomendaciones” de la censura
La asfixia de Telam y Papel Prensa S.A.
El blanco dilecto de la dictadura: periodistas y medios
El caso La Prensa
La autocensura
Conclusiones
Notas
Las drásticas modificaciones impuestas en la estructura económica, social y, sobre todo, en la cultura política de la Argentina merced a la profundización del autoritarismo ejecutado a partir de 1976[1] demandaron, como condición sine qua non, la puesta en funcionamiento de una gigantesca maquinaria represiva. El terrorismo de Estado, ejecutado sobre la sociedad civil con el fin de anular su capacidad de participación en el escenario social, encontró un caldo de cultivo propicio en la incertidumbre y temor de la gente[2]. La lógica autoritaria hallaba justificación en uno de los principales objetivos de la dictadura, es decir, demostrar a quienes le brindaron su legitimación a través del consenso inicial del 24/3/1976[3], (medios de comunicación[4], organismos partidarios y sociedad civil) que era ella quien establecía un nuevo orden impermeable a las discrepancias.
Esta capacidad censoria se manifestó particularmente compleja de cara al cuarto poder, seguramente, por su potencialidad para movilizar a la opinión pública, en particular, en una etapa donde las actividades políticas y sindicales estaban prohibidas[5]. Los infructuosos intentos de Viola por “maquillar al proceso”, presentando una imagen “dialoguista” que superara el agotamiento del estado dictatorial[6], no contemplaron modificaciones en este aspecto. Lo cierto es que si bien continuó vigente la política represiva no podía mantenerse en el tiempo a través de la coerción, por lo que se dispuso de un conjunto de medidas heterogéneas, ya nuevas ya conocidas, coincidentes en un solo fin: seguir “controlando” a la prensa.
De este modo, a pesar de aquel pacto fundacional formalizado por Videla con los directores de los principales diarios capitalinos el 1/4/1976[7] -y que comenzara a resquebrajarse hacia 1978[8]- se sucedieron innumerables acciones restrictivas hacia el periodismo. Para “encorsetarlo” tanto Viola como Galtieri apelaron a múltiples “recursos”-entre ellos los legales, cuestión que no será abordada en esta oportunidad[9]-, incluyendo otros niveles de censura menos visibles, situados en un plano más cercano a lo implícito: comunicaciones verbales, circulares sin membretes, convocatorias a directores y periodistas por las más altas esferas del poder gubernativo, “listas negras”, etc.
La importancia de estudios comunicacionales que amplíen y renueven la mirada sobre esta compleja etapa de la historia nacional motiva la presentación de este trabajo que si bien parte de la historia del periodismo no soslaya los aportes de otras áreas. Por lo tanto, indagaremos la posición institucional de La Prensa, The Buenos Aires Herald y El Día (“no socios”del Estado en Papel Prensa S.A.), frente a las estrategias censorias del Estado terrorista durante las gestiones de Viola y Galtieri (29/3/1981-2/3/1982). En tal sentido, repararemos en las numerosas medidas -censura, persecución económica, presión psicológica, represión física y, finalmente, el “caso testigo” de La Prensa, como resumen tardío de varias de ellas- que instrumentó esa política comunicacional negativa. Su efectiva aplicación, tanto en forma preventiva como punitiva y su mutua retroalimentación, permitió alcanzar un tercer tipo que es la “autocensura”, autoinhibición que se impusieron los periódicos y/o los periodistas cada vez que decidían la exclusión de aquellos mensajes que consideraban susceptibles de provocar futuras represalias.
Las “recomendaciones” de la censura
A mediados de 1981 Viola era consciente de que su situación se volvía cada día más endeble, pues al desgaste de un régimen que después de un lustro no ofrecía soluciones en el plano económico[10] añadía su propia debilidad para improvisar medidas que resolvieran el problema de fondo, la estanflación[11]. El presidente de facto se veía virtualmente jaqueado por una condensación de presiones provenientes de la propia interna militar, en la que se evidenciaba una tendencia a sostener la “ortodoxia represiva y monetarista” de los políticos, organizados en la recientemente conformada Multipartidaria; de los sindicatos que encabezaban los reclamos del sector obrero, principal perjudicado por la recesión económica, la desocupación y la inflación; manifestaciones que entroncarían con la oposición de los “no socios” a las políticas restrictivas en materia comunicacional.
En ese contexto, el discurso editorial denunció con mayor énfasis las múltiples formas censorias, fuesen indirectas -recomendaciones, sugerencias, aumento del precio del papel, amenazas, etc.- o directas -censura previa o punitiva-. Resulta ilustrativa la siguiente imputación de La Prensa efectuada apenas dos meses después de iniciada la segunda presidencia dictatorial: “Adoptando en ocasiones formas sutiles o disfrazadas, y en otras, mecanismos directos y desembozados, la existencia de la censura previa resulta innegable en la Argentina de hoy” (15/5/81). Estas críticas se completaban con las acusaciones sobre la implementación de “estrategias invisibles”. Por cierto, encontramos registro de las “sugerencias” efectuadas, en forma simultánea y superpuesta, por el COMFER y la SIP (Secretaría de Información Pública), permitidas por las ambiguas disposiciones contenidas en la ley dictatorial de Radiodifusión.
Una de las primeras iniciativas oficiales era consecuencia de los manotones de ahogado que efectuaban las autoridades para reprimir la disconformidad de la opinión pública ante la aguda crisis, notificando a los medios televisivos y radiales -en manos del Estado- que no debían emitirse comentarios referidos al mercado cambiario (LP, 4/7/81; ED, 5/7/81). La embestida siguió con el “levantamiento” de un “sketch televisivo” del programa humorístico conducido por Mario Sapag, en el cual se imitaba a Jorge L. Borges (ED, 10/7/81). Unos meses después La Prensa se alarmaba ante la suspensión de un spot publicitario en TV (31/10/81) y, con mayor preocupación, por la designación de asesores eclesiásticos en los canales televisivos (29/11/81). El compromiso de los militares con el mantenimiento de “valores occidentales y cristianos” hacía que la labor de “control” llegara a supervisar hasta las telenovelas[12].
La continuidad de este estado de cosas explicaría que hacia fines de año el Herald, apelando a un tono irónico, se autointerpelara: “¿Por qué se les da tanta importancia a los desfiles militares, las ceremonias de cambio de mando y las inauguraciones de fábricas estatales en los medios de difusión locales, en desmedro de los comentarios sobre el desempleo, la política civil, los problemas económicos y la intranquilidad social? ¿Por qué se descuidan las realidades de la vida cotidiana de primordial interés para la población a favor de una vocinglera propaganda oficial, si se puede elegir?” (30/11/81). Evidentemente la capacidad de elección del periodismo estaba restringida.
Paralelamente, otras actitudes oficiales hacia los medios provocaban aquello que con tanto celo como impericia deseaban evitar. La reticencia de los funcionarios para brindar información oficial, o los obstáculos que presentaban a la prensa para obtenerla (ED, 16/10/81), generaba múltiples rumores y desconcierto en la opinión pública (ED, 4/9/81; LP, 24/5/81), tal como explicara el medio platense: “El silencio forzado, las limitaciones, las presiones, la ‘vigilancia’ del estado a la cual alude el artículo al que aquí se hace referencia [de la ley de radiodifusión], no fortalecen sino debilitan a las autoridades” (14/7/81).
La asfixia de Telam y Papel Prensa S.A.
Las propuestas presentadas por la UNESCO en los 70, tendientes a impulsar las comunicaciones desde los sectores excluidos por la prensa comercial mediante la acción del Estado, generaron un candente debate. Los órganos locales se sumaron cuestionando en sus editoriales ese intento de ampliar la esfera de control e ingerencia del Estado sobre los medios de comunicación[13]; en nuestro país, agravado por desplegarse en el marco de una dictadura. No resulta extraño entonces que entre las estrategias intimidatorias denunciadas por los matutinos incluyeran a las eficaces presiones económicas que obligaban a los medios a “subsistir con dignidad a pesar del cerco que hoy nos está tendiendo el estado argentino” (ED, 22/9/81), refiriéndose al mantenimiento de la empresa monopólica Papel Prensa SA, a los impuestos que gravaban la compra del indispensable insumo y a las “estrategias publicitarias” de la agencia estatal Telam.
La denuncia sistemática por el encarecimiento del precio del papel (a fines de 1980 había aumentado el 250%; LP, 8/7/81) y del “exorbitante arancel” del insumo importado (ED, 17/6/81) continuaron presentes en los editoriales, particularmente de los medios porteños, quienes alertaron a sus alocutarios sobre la amenaza que representaba para la subsistencia de los periódicos: “La capacidad de un diario de defender la libertad que posee y de emplearla a fondo depende en gran medida de su situación económica. Un diario próspero es mucho menos vulnerable a las presiones que provienen de intereses comerciales o del gobierno y además tiene la posibilidad de emplear un personal más numeroso y más capacitado, como así de contratar más servicios” (TBAH, 4/4/81). Las demandas de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (LP, 8/7, 24/9/81) y de la Sociedad Interamericana de Prensa (TBAH, 4/4, 18/10/81) para acabar con ese estado de cosas, fueron el principio de autoridad que sustentó sus argumentos. Por caso, la reunión de SIP, realizada en Charleston (EE.UU) en 1982 (LP, 3/4/82), fue escenario de un duro cruce entre “defensores” y “detractores” de la empresa papelera, discusión que sirvió para poner en evidencia que en nuestro país “los periódicos de la Capital Federal se encuentran entre las víctimas de Papel Prensa, pero los más afectados fueron los diarios pequeños de las regiones más pobres del interior, incluyendo las áreas vulnerables de frontera”[14] (TBAH, 23/3/82).
El mantenimiento oficial de una empresa monopólica e “ineficiente” (LP, 31/1/82) encontraba, como dijimos, dos “bandos” opuestos dentro del mundo periodístico: “Los tres papeleros con diario”, es decir La Nación, La Razón y Clarín, “y del otro están todos los demás, inclusive diarios a los que les va bastante bien (aunque no tanto como el trío de Papel Prensa), y diarios, especialmente en las provincias, que luchan duramente por evitar la bancarrota” (TBAH, 14/10/81). En tal sentido, los medios capitalinos consideraban que al margen del negocio que pudiera representar una empresa periodística nunca debía contraponerse con la ética profesional, además de convocar a la unidad del “cuarto poder” para enfrentar los ataques a la libertad de prensa pues conllevaban una agresión a la democracia (TBAH, 18/10/81). Resulta evidente que a través del tratamiento editorial de esta cuestión el discurso presentaba a las autoridades militares y a sus “socios” como destinatarios negativos, excluyéndolos del colectivo de identificación que promovía y deseaba la construcción de una verdadera democracia. Esta tesitura era reforzada y explicitada a través de los titulares y los calificativos empleados[15].
Los mismos argumentos que presentaron para repudiar el sostenimiento de Papel Prensa fueron utilizados respecto de la agencia Telam. En este caso, las consideraciones se fundaban en la decisión del gobierno de reducir la publicidad estatal en La Prensa, en junio de 1981, como consecuencia de sus críticas a la gestión de Viola. Los “no socios” desdeñaron esa medida calificándola como una “vendetta particular” (TBAH, 17/6/81) ejecutada mediante “la utilización de los fondos que aportan los contribuyentes para ejercer presión sobre los órganos de prensa excluidos” (ED, 17/6/81). Tanto El Día como el Herald coincidían en que esta decisión representaba “un golpe a la imagen” del dictador (TBAH, 20/6/81), pero el matutino platense iba más allá al estimarla como un obstáculo para la necesaria institucionalización del país, pues “una sociedad democrática sólo es posible cuando la prensa puede desenvolverse sin restricciones ni presiones” (17/6/81). El propio damnificado, exhibió coherencia expresando que no modificaría su posicionamiento[16] al tiempo que concluía que esa “represalia” perjudicaba a la opinión pública. El diario de Gainza Paz reafirmaba sus convicciones evocando persecuciones de antaño -en su condición de “víctima” del justicialismo- y valorizando a sus lectores, pues ellos fueron quienes le permitieron superar esas duras instancias (“La fuerza de la opinión pública”; LP, 21/6/81)[17]. Unos meses después revelaría que Los Principios de Córdoba era objeto del “estrangulamiento económico derivado de la publicidad oficial” (LP, 16/11/81) llegando a exigir directamente la “eliminación inmediata” de la agencia oficial porque su permanencia resultaba contradictoria con la política económica expuesta por Galtieri (LP, 13/1/82).
La repercusión del despojo publicitario contra La Prensa no demoró las desmentidas oficiales por parte del secretario de Información Pública, Gral. Raúl Ortiz, argumentando que aplicó el decreto 411 que disponía la reducción de la publicidad estatal en general. Por su supuesto que omitía tanto las “indicaciones” que ordenara en la agencia para que la prescripción se aplicara sólo sobre ese matutino como la “advertencia” que efectuó en forma personal a un periodista del medio. Las declaraciones del funcionario fueron calificadas como “torpes” por el Herald, quien alertó además sobre el incremento publicitario en los “socios”. La conclusión del editorial presentaba un juicio categórico: “Darse cuenta de la existencia de un error y tratar de disimularlo con desmentidas inconsistentes demuestra un tipo de inmadurez e irresponsabilidad que son intolerables en un funcionario del gobierno a cargo de la tarea esencial de informar al público sobre los asuntos de estado” (6/7/81).
Para denostar aún más a la agencia Telam, el Herald elevó a su primera competidora privada nacional al sitial de “hito” en el periodismo argentino contemporáneo. En efecto, publicó un editorial apologético sobre la importancia de Noticias Argentinas[18], al producirse la renuncia de su primer director, Ricardo Tato[19]. En esa nota comparaba la calidad profesional de la empresa con la de cualquier agencia informativa internacional resaltando, como valor agregado, que había sido “una bendición [pues] en circunstancias extremadamente difíciles ha difundido información sin temor ni preferencia, con lo que facilitó a los argentinos el obtener más información, diáfana e imparcial” (28/11/81), en obvia referencia al tipo de noticias propagandísticas sobre el régimen que ofrecía la agencia oficial[20].
El blanco directo de la dictadura: periodistas y medios
La persecución a los hombres y medios, ya registrada en otros trabajos de nuestra autoría[21], constituye uno de los rasgos persistentes de la dictadura argentina, por lo cual en esta segunda instancia del proceso continuaron implementándose diversas formas de presión directa e indirecta. Las estrategias económicas previamente mencionadas eran complementadas con otras variantes, ejecutadas para el periodismo en general pero con un celo llamativo en el caso de La Prensa, nuevo “blanco” comunicacional de esta etapa. Ante la “andanada” de amenazas e intimidaciones, además de expresar su crítica al poder militar, los “no socios” manifestaron una suerte de hartazgo en consonancia con el descreimiento del conjunto social ante el proceso.
En cuanto a los hombres de prensa, en los primeros meses de 1981, encontramos advertencias editoriales referidas a detenciones arbitrarias y acusaciones por calumnias e injurias, estrategia “novedosa” dentro del amplio espectro de formas de presión que aplicaron los dictadores ya que intentaban justificarlas dentro de un marco legal. La inexorable mirada internacional sobre nuestro país por la magnitud de la desaparición forzada de personas, y la carencia de información oficial sobre ellas, obligó a los gobernantes a abandonar el silencio adoptado en los primeros años, en especial luego del informe publicado por la CIDH como resultado de su “visita” a nuestro país[22].
Algunos atropellos jurídicos y policiales fueron registrados por los “no socios”, quienes, en la mayoría de los casos, presentaban como principio de autoridad a los reclamos de la ADEPA. Un claro ejemplo de estas persecuciones resulta el de Reinaldo A. Bertell, editor del semanario El Noticiero, de Castelli, acusado de “desacato”[23], razón por la que estuvo detenido e incomunicado durante seis semanas (ED, 18/5/81; TBAH, 19/5/81). Otra muestra ilustrativa fueron las demandas efectuadas contra el Herald y Crónica por parte del jefe de la Policía Federal, Gral. (R) Juan B. Sasiaiñ, por supuestas calumnias e injurias que afectarían el buen nombre de esa institución. Ambos periódicos fueron imputados por informar sobre la detención de una pareja que cometió una infracción de tránsito; el matutino escrito en inglés se veía implicado por reproducir la noticia brindada inicialmente por el medio de H. García.
La acusación era en sí insólita y arbitraria pero sobre el abusivo cargo además pesaba, como agravante, el maltrato deparado a los periodistas del vespertino quienes permanecieron seis horas detenidos e incomunicados (12/6/81). Por su parte, la tarea de los fotógrafos no era más grata, ya que soportaron en ocasiones detenciones despóticas (un trabajador de El Independiente de La Rioja; LP, 29/9/81), amenazas verbales (LP, 6/2/82) o físicas por parte de la policía, fuese a través del secuestro de rollos fotográficos -padecidos por los reporteros gráficos de la revista La Semana, de Crónica (LP, 24/9/81) y de Noticias Argentinas-, o por medio de golpes como sufriera uno fotógrafo de La Prensa (ED, 25/10/81).
Si los trabajadores de prensa eran acosados por la dictadura, no mucho mejor era la situación de los medios en los que se desempeñaban. Además de padecer la combinación de las presiones legales y económicas, de estar condicionados por el monopolio informativo de Telam y de ser testigos de los atropellos efectuados contra sus trabajadores, eran blanco de otros abusos tales como: intervenciones (el diario Mendoza), procesamientos (el director de Primera Hora), prohibiciones (de distribución y venta de la publicación en la que colaboraba Massera, Cambio para una Democracia Social[24]; LP y ED, 14/7/81; TBAH, 19/7/81), “sugerencias” oficiales para suavizar “críticas” (al diario Puntal[25] de Río Cuarto), complementadas con las incongruencias en el trato diferencial a dos empresas del grupo Graiver (“El diario ‘La Opinión’ de Trenque Lauquen fue intervenido por la CONAREPA mientras Papel Prensa S.A. ha sido entregada a tres diarios[26] que juntamente con el Estado nacional tienen su control”; LP, 24/9/81).
Los reclamos de los órganos gráficos y de la ADEPA para que cesaran estas políticas comunicacionales restrictivas eran cada vez más rotundos. A las demandas ya planteadas se agregaban las condenas por las presiones económicas que sufría el medio de los G. Paz. Ante esos cuestionamientos, el dictador R. Viola manifestó sentirse dolido porque la libertad de prensa era una de las “cosas” que mayor respeto le merecían[27]. Resulta sugerente que La Prensa haya publicado un editorial atípico, por su estilo irónico, aunque no por ello menos concluyente, para observar: “Tal aflicción debe agravarse ante la impotencia en que se ha hallado quien la sufre, para derogar la legislación que agravió la libertad de prensa (...) Evidentemente, el presidente no puede hacer respetar la libertad de prensa, ni siquiera por medio de sus directos subordinados ni menos por medio de los que no lo son, porque su sinceridad no permite concebir otra cosa” (29/9/81). El calificativo de inútil no puede ser considerado menos que el público desafío del matutino al general gobernante, en el marco de una controversia que se desarrollará a continuación.
El caso La Prensa
Aseveraciones tajantes como la citada anteriormente explicarían por qué el Estado dictatorial reconoció hacia 1981 en La Prensa un enemigo temible al que destinó una verdadera campaña de hostigamiento. Téngase en cuenta que el diario había sido uno de los más fervientes defensores del proceso hasta 1979, cuando su decepción por ciertos aspectos políticos de la gestión castrense empezó a hacerse cada vez más evidente; sentimiento generalizado en la población y agravado por la sensación de desconfianza hacia cualquier gesto oficial.
En junio de 1981 tuvieron lugar las primeras estocadas contra el periódico a través de la quita de la publicidad oficial. Al mismo tiempo, el diario exponía las “advertencias”[28] efectuadas por un funcionario a Jesús Iglesias Rouco[29], uno de sus principales redactores, a quien le indicó que su situación personal “se estaba tornando muy peligrosa” y que había “militares furiosos” que pensaban que debería mantener su boca cerrada. Por último, empeoraba ese ambiente una declaración “preocupante y siniestra” del secretario de Información Pública, el Gral. Ortiz: estaban a consideración del gobierno “otras medidas” contra La Prensa[30] (TBAH, 20/6/81).
Las intimidaciones verbales se volvieron represalias físicas cuando, el 22 de junio, otro periodista del diario, Manfred Schönfeld, fuera víctima de una severa golpiza[31] en la vía pública, al tiempo que sujetos que se autoproclamaban policías se presentaron en la redacción con el fin de “ver” la próxima edición. La respuesta del diario no se hizo esperar y en un editorial contundente remarcaba “la infamia de su autor y de sus cómplices e instigadores”, aludiendo inequívocamente entre los segundos al gobierno y denunciándolos de comportarse como enemigos de una convivencia “inseparable del imperio del derecho y la justicia”. Concluía sentenciando que el atentado era “una noticia que tiene que desaparecer definitivamente de la crónica periodística, en un resabio de algo que a justo título aflige a la ciudadanía, que ansía desaparezca para siempre de nuestra evolución cívica” (LP, 24/6/81)[32].
Sus colegas se solidarizarían con el matutino exigiendo el inmediato esclarecimiento de la agresión. Para el Herald la causa del “sórdido episodio” residía en la “porfía [de La Prensa] en decir lo que piensa [lo cual] ha irritado visiblemente a los psicópatas amantes de la violencia” (24/6/81). Por su parte, El Día no sólo haría conocer su repudio al “cobarde y alevoso” ataque sino que exigiría también que la policía levantara el manto del silencio de todos los que “reviven en el país el fantasma de la violencia” (26/6/81). A su entender este acto vandálico profundizaba la brecha ya existente entre las autoridades y el matutino de G. Paz.
No obstante, el enfrentamiento entre el periódico y la administración violista no terminó allí. Debido a sendas notas[33] referidas a la mediación papal por el Beagle[34], fueron querellados por la cancillería, vía el ministerio de Justicia, el director del diario[35] y su columnista J. Iglesias Rouco, acusados de violar secretos de estado, delito contemplado en el art. 222 del Código Penal. Entonces, el Herald editorializó críticamente evaluando que la “trasgresión” cometida por el periodista consistía en “disminuir la confianza del pueblo argentino en la capacidad del régimen militar para defender lo que Iglesias Rouco, y sus colegas de La Prensa, consideran como un interés nacional absolutamente vital” (7/7/81), sin dejar de subrayar que esa conducta profesional representaba “un haz de luz en medio de la noche” (25/10/81). La Prensa, por su parte, no efectuó referencias sobre la campaña desatada en su contra y se concentró en elogiar el fallo absolutorio, destacando que respetaba el secreto de información de las fuentes y el derecho constitucional de publicar todo tipo de noticias (27/10/81). Ambos matutinos coincidieron en que la sentencia representaba el triunfo de la libertad de expresión.
Pero el enojo que producían los lapidarios argumentos del diario no sólo encontraba repercusión negativa en ámbitos oficiales. Por esos días, una nota crítica[36] redactada por M. Schönfeld, provocó la ira de un ex legislador justicialista bonaerense, quien presentó infructuosamente una demanda por calumnias e injurias (LP, 13/11/81). Unos meses después, el mismo periodista sería centro de otra acción legal, esta vez por parte de un magistrado (LP, 7/3/82) al sentirse molesto por una nota en la que cuestionaba “la actuación judicial durante el estado de sitio” efectuando dos cargos categóricos: uno, sobre la cooperación de los jueces con el “poder ejercido arbitrariamente” y el otro acerca de versiones de que algunos “han estado en colusión con torturadores, sentados complacientemente a su vera mientras los últimos atendían a su ‘trabajo” (TBAH, 25/2/82). Afirmaciones de este tenor molestaban a los militares quienes ya no contaban con una prensa tan complaciente para alcanzar sus objetivos.
La autocensura
Por último, aludiremos a un tema que, por su delicada índole, fue jerarquizado sólo en dos oportunidades por los “no socios” en esta etapa: la autocensura. La reflexión que efectuaba el Herald consideraba que por su eficacia “el peor enemigo de la libertad de prensa en la Argentina continúa siendo la autocensura”. Por supuesto, no dejaba de valorizar el avance de los medios frente a las distintas estrategias censorias impulsadas desde el poder, entre las cuales resultaba imposible soslayar al terrorismo de Estado. Por eso celebraba que hacia 1981 hubiera “nuevas y más numerosas voces que transmiten las noticias a la dura y resuelta luz de la objetividad y la verdad, en comparación con las que existían años atrás en épocas más conflictivas”. Aunque no por ello se conformara y dejara de convocar a sus colegas a una acción conjunta y vocinglera pues “el silencio periodístico[37] equivale al suicidio para la libertad de prensa y es mucho más peligroso que los ataques directos de afuera, que no pueden prosperar indefinidamente si existe una prensa fuerte, unificada en el objetivo mutuo de llevar la verdad a la gente a cualquier costo” (3/5/81).
Por su parte, el diario platense explicitó la presión que ejercía la autocensura ante la restricción impuesta a la imitación cómica del escritor J. Borges: “Por debajo de la superficie están las innumerables limitaciones autoimpuestas dentro de un sistema restrictivo que no brindará, seguramente, posibilidades de adecuado desarrollo al sistema pluralista que requiere el desarrollo cívico y cultural de la nación” (10/7/81). El periódico platense elegía, como estrategia para la defensa de la libre expresión, poner la mira en el horizonte democrático que los argentinos teníamos por delante en aquella etapa de la dictadura.
Conclusiones
Las múltiples disposiciones adoptadas por las autoridades militares entre 1981-1982 con el fin de amordazar al cuarto poder encontraron una resistencia tenaz en los “no socios”. Al tiempo que reclamaban a los dictadores que acabaran con los arbitrarios instrumentos censorios “invisibles”-sugerencias, recomendaciones- aplicados sobre medios radiales y televisivos, le hacían notar su obligación en brindar información oficial a los medios, para evitar rumores e impedir que se agravara la sensación de desasosiego en la población.
Asimismo, las presiones económicas también fueron criticadas en sus columnas por considerarlas medidas censorias indirectas. En este sentido repudiaron la coerción que ejercía Telam al manipular la publicidad del Estado, cuya víctima principal fue La Prensa. Paralelamente, los “no socios”, apoyados en los reclamos de la ADEPA, condenaron el funcionamiento de la “onerosa” e “ineficiente” empresa Papel Prensa S.A., y a los aranceles con que el gobierno gravaba al insumo importado para “protegerla” de la competencia externa, por representar una verdadera amenaza para la subsistencia de los periódicos, en particular los del interior del país. El empleo de subjetivemas negativos, en el caso de La Prensa y el Herald para descalificar a “los socios” estuvo a la orden del día pues comprendían que si bien una empresa periodística representaba un negocio nunca debía contraponerse con la ética.
En cuanto al acoso sobre los hombres de prensa, los medios repudiaron las detenciones de editores y directores así como también las persecuciones y agresiones verbales y físicas de la que eran blanco los periodistas y fotógrafos. Los medios gráficos, por su parte, eran objeto de abusos, amenazas, intervenciones, procesamientos, prohibiciones, cierres, “sugerencias”, etc. Un dato distintivo lo constituyó la apelación a mecanismos judiciales por parte de los dictadores para presionarlos (querellas, enjuiciamientos, etc.) y las respuestas oficiales que respondían a los supuestos “ataques periodísticos”. La principal consecuencia de esta heterogénea sumatoria de limitaciones e inhibiciones resultaba ser entonces la autocensura, problemática que fue analizada por el Herald y El Día.
Párrafo aparte merece el caso La Prensa, contra quien la dictadura inició, a mediados de 1981, una verdadera “campaña” centrada en la quita de la publicidad oficial, advertencias verbales, ataques físicos y querellas judiciales por parte de funcionarios a sus principales columnistas y a su director.
Notas
* El presente trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación: “La voz institucional de los ‘no socios’ del proceso militar: Los editoriales de La Prensa, The Buenos Aires Herald y El Día (19/05/1977-02/04/1982)”, dirigido por el Lic. César L. Díaz e iniciado el 01/01/02 en el marco del Programa de Incentivos a Docentes e Investigadores. Forman parte del equipo de investigación el Lic. Mario J. Giménez, la Prof. Ma. Marta Passaro, el Lic. Martín Oliva y el Lic. Sebastián Tutito.
[1] Quien por aquellos años padeciera a la distancia esas políticas, las identifica como las gestoras de las condiciones sociales que actualmente sufren millones de argentinos: “Ese mundo social marginado que comienza a engendrar la dictadura desde 1976, y que hoy reaparece con la figura del desocupado, el hambreado, las agrupaciones piqueteras”. Consúltese Casullo, Nicolás. Pensar entre épocas. Memoria, sujetos y crítica intelectual, Norma, Buenos Aires, 2004.
[2] Sobre este aspecto, véase Novaro, Marcos y Palermo, Vicente. La dictadura militar 1976/1983, Paidós, Buenos Aires, 2003; y Vezzetti, Hugo. Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en Argentina, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002, entre otros.
[3] Véase Duhalde, Eduardo. El estado terrorista argentino, Eudeba, Buenos Aires, 1999 y O’Donnell, Guillermo. Contrapuntos, Paidós, Buenos Aires, 1997.
[4] Consúltese Díaz, César. La cuenta regresiva, La Crujía, Buenos Aires, 2002.
[5] Los medios solían “ufanarse” de la triste prerrogativa de ser los interlocutores de la ciudadanía frente al poder ejecutivo, ante la inexistencia del Congreso Nacional y la prohibición de las actividades políticas y sindicales.
[6] Quiroga, Hugo. El tiempo del “Proceso”, Homo Sapiens, Rosario, 2004, considera que desde 1980 se había iniciado el momento de “agotamiento” del estado dictatorial.
[7] Véase Díaz, César; Giménez, Mario y Passaro, Marta. “Una de las víctimas privilegiadas del ‘proceso’: la libertad de expresión”, en Anuario de Investigaciones 2001, FPyCS, La Plata, 2002.
[8] Díaz, César; Passaro, Marta y Giménez, Mario. “Del idilio a la desilusión de los medios durante el ‘proceso’ (1976-1981)”, en VII Congreso ALAIC, FPyCS, La Plata, octubre 2004.
[9] El análisis de este tema durante las gestiones de Videla y Viola puede verse en Díaz, César; Giménez, Mario y Passaro, Marta. “Cuando ni los ‘objetivos’ ni los ‘plazos’ respetaron la libertad de expresión. La legislación entre 1976-1981”, en Anuario de Investigaciones 2003, FPyCS, La Plata, 2004, y “La asfixia legal a la libertad de expresión durante la dictadura. Desde la asunción de Viola hasta la Guerra de Malvinas (1981-1982)”, en revista Oficios Terrestres Nº 17, FPyCS, La Plata, Año XI, 2005.
[10] Véase Canelo, Paula. “La política contra la economía: las elecciones militares frente al plan económico de Martínez de Hoz durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976/1981)”, en Pucciarelli, Alfredo (coord.). Empresarios, tecnócratas y militares, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004.
[11] Combinación de estancamiento económico con inflación.
[12] Las “recomendaciones” en cuanto a duración, contenidos, vocabulario sobre este género se efectuaron en tres oportunidades durante la gestión de Viola. Véase Mazziotti, Nora. La industria de la telenovela, Paidós, Buenos Aires, 1996.
[13] En esos años eran frecuentes reflexiones como la siguiente: “Las agencias oficiales de noticias -como también se ha subrayado en más de una oportunidad- no son más que organismos de propaganda” (ED, 14/5/81).
[14] El intento de contrarrestar la empresa Papel Prensa fue comentada por el propio director de El Día: “Nosotros propiciamos con diarios del interior una segunda empresa y nos presentamos en la licitación, pero no porque quisiéramos fabricar papel sino, para impedir que las dos fábricas estuvieran en manos de la misma persona. Todo esto de Papel Prensa es una posición tomada y en ese proyecto estaba desde El Tribuno de Salta, El Territorio de Misiones, había muchos diarios del interior, de manera que esta fue una actitud permanente por arriba de quien era el dueño de Papel Prensa”. Entrevista realizada por César Díaz el 10/11/2004.
[15] “El contubernio del estado con tres órganos de prensa para la producción de papel” (LP, 16/11/81); “una empresa constituida con capitales espurios” (LP, 31/1/82); “dispendioso elefante blanco (...) parece que esta empresa es el producto del embrollo burocrático, incompetentes estudios de factibilidad e ineptitud administrativa cuidadosamente envueltos en retórica patriótica” (TBAH, 14/10/81). Entre los títulos del Herald, son elocuentes: “La trampa de papel prensa” (4/4/81), “Cuña peligrosa” (14/10/81), “Foco infeccioso” (23/3/82).
[16] La Prensa enfatizaba: “Nada ha de alterar la elevación y la serenidad con que en esta columna editorial se continuará exponiendo la verdad y juzgando los acontecimientos y los hombres sin decir más ni menos de lo necesario” (21/6/81).
[17] Días después compararía el “uso político” que se le daba a Telam en ese momento con el que se le dio durante el último gobierno justicialista (4/7/81).
[18] NA fue creada el 1/10/1973 para enfrentar un decreto que prohibía a las agencias extranjeras difundir información sobre la Argentina en el territorio nacional.
[19] Según se estimaba “lógico” el sucesor sería Julio Rajneri, director de Río Negro, pero “Kraiselburd y Romero, de Salta, intervinieron para decir que habían tomado el control de Noticias Argentinas, comprando la mayoría de las acciones y, como consecuencia, iban a nombrar a su propia gente, además de determinar la línea editorial, etc, etc; entonces Tato decidió presentar su renuncia”. En Cox, David. En honor a la verdad, Colihue, Buenos Aires, 2002.
[20] En la entrevista oportunamente citada, Kraiselburd refirió que este emprendimiento no obedecía estrictamente a intereses comerciales: “Empresarialmente Noticias Argentinas siempre nos ha dado déficit y nos cuesta mucho dinero, dejaríamos de gastar dinero -dinero entre comillas, porque en realidad hay que considerarlo una inversión- y sería mucho más barato tener Telam y nada más”.
[21] Véase Díaz, César; Giménez, Mario y Passaro, Marta. “Una de las víctimas...” Op. cit. y “Las tres columnas que no pudo avasallar la dictadura militar”, en Anuario de Investigaciones 2002, FPyCS, La Plata, 2003.
[22] Véase el análisis editorial sobre este tema en Díaz, César; Giménez, Mario y Passaro, Marta. “La visita indeseada. La CIDH en la Argentina bajo la lupa editorial de los ‘no socios”, en VI Congreso de Red Com, FPyCS, La Plata, octubre 2004.
[23] El editor fue imputado por publicar una solicitada contra un ex intendente de esa localidad, aunque la justicia dio curso a la interposición de habeas corpus que le garantizó su libertad.
[24] El quincenario apareció en junio de 1981. Tenía por editor responsable a Alfredo Vezza y entre sus columnistas a E. Massera, Joaquín Ledesma, Marta Lynch, Ausbruch Costafort, Inés Cano. Su tamaño tabloide y su gráfica lo asemejaban notoriamente al diario Noticias, financiado por Montoneros (1973-1974).
[25] Al respecto, el director del Herald en su columna semanal reflexionaría el 10/7/81: “Fuera de la metrópoli los señores de la guerra son los supremos y no son blancos de la misma atención que la que se presta a quienes se desempeñan en la Capital Federal”. Neilson, James. En tiempo de oscuridad 1976-1983, Emecé, Buenos Aires, 2001.
[26] Según G. Mochkofsky: “Videla asignó como ‘oficial preventor’ al Gral. de brigada Oscar Bartolomé Gallino, hombre de confianza de Viola, del traspaso de Papel Prensa a los grandes diarios”.
[27] Al respecto, el Herald sentenciaba: “El general Viola presenta dos caras en su actitud frente a la prensa” (19/7/81).
[28] Ante las primeras manifestaciones limitativas, Harry Ingham desde Buenos Aires escribió a R. Cox que residía en EE.UU: “Cuando pasa algo uno tiene que protestar y hacer la mayor cantidad de ruido. Esto es absolutamente esencial y creo que ha habido suficiente publicidad en el exterior sobre el caso de Jesús [I. Rouco], como para poder ayudarlo”; recibiendo por respuesta del ex director del Herald: “La operación será llevada a cabo como sugerís. Como tú sabes, hemos estado conscientes del problema y estuve particularmente activo en esa área. Estoy en el proceso de ayudar a personas en peligro y preparar una red de rescate para los mismos casos que detallaste”. Cox, David. Op. cit.
[29] El periodista español había colaborado en El País de Madrid, además de ser corresponsal de La Prensa de Buenos Aires en esa ciudad, hasta que debió migrar a Argentina por haber sido acusado de incurrir en plagio. Véase Boimvaser, Jorge. Historia secreta de El Informador, Peña Lillo, Buenos Aires, 1988.
[30] Estas denuncias fueron explicadas en la columna de I. Rouco en la primera plana del periódico, el 17/6/1981(“Los faraones y las libertad de expresión”).
[31] Un dirigente radical exiliado, en un artículo publicado en la revista La Semana de Jerusalén, el 6/8/81, vincularía esta represalia a la decisión de La Prensa de desafiar las indicaciones oficiales y publicar los nombres de funcionarios vinculados a la Logia P2 además de fustigar la política económica. Véase Solari Irigoyen, Hipólito. Los años crueles, Bruguera, Buenos Aires, 1983.
[32] I. Rouco reflexionó sobre esta agresión en una columna titulada “Al servicio de la verdad”. “La Argentina se aproxima hoy -si es que no ha llegado- a la situación más peligrosa: aquella en la que los hombres -o el poder- ya no gobiernan el sistema (...) El sistema comienza a arrastrarnos a todos como un vendaval” (24/6/81).
[33] Las notas eran “La convocatoria exterior” (21/6/81) y “El juicio de Samoré” (25/6/81).
[34] El análisis editorial de los no socios sobre este tema puede verse en Díaz, César; Giménez, Mario y Passaro, Marta. “Dos dictaduras en el límite de la guerra. El testimonio editorial en el conflicto del Beagle (1977-1979)” en www.question.perio.unlp.ar, Question Periodismo y Comunicación, 2005.
[35] Según quien por entonces se desempeñaba como cronista y eventual editorialista de La Prensa, la responsabilidad de las acciones judiciales recaía enteramente en I. Rouco pues su estilo de trabajo que consistía en “reunir información para ejercer un periodismo ‘sucio’ que le originó, como era de prever, querellas en las que se vio involucrado el director”. Véase Maceira, Enrique José. “La Prensa” que he vivido, Academia Nacional de Periodismo, Buenos Aires, 2004.
[36] Hacía referencia a tolerancia oficial mostrada hacia el peronismo desde el golpe (17/10/81).
[37] Al respecto, el director del medio en su columna semanal reflexionaría meses después: “Diarios que antes pasaban por alto las violaciones más groseras de todo código de conducta civilizado, para no hablar de la ley, ahora informan en detalle sobre la batalla por los derechos humanos en la Argentina” (21/2/82). Puede consultarse Neilson, James, Op. cit.
