Jorge Luis Bernetti |
La interferencia del poder en los semanarios políticos de los 60-70*
Los semanarios políticos de los ‘60-‘70 (Primera Plana, Confirmado, Análisis y Panorama) fueron considerados, con toda razón, como medios de comunicación ligados a políticas liberal-conservadoras y, en muchas ocasiones, como promotores de acciones de ruptura del orden constitucional, así fuera éste mediatizado. Con la reserva imprescindible de este marco de referencia, constituye una importante circunstancia analizar enfrentamientos con el poder que se suscitaron en el marco de estas publicaciones en circunstancias diversas y particularizadas, pero en el mismo espacio temporo-espacial.
En el caso de Primera Plana, el episodio de enfrentamiento con el poder más significativo de su historia se produjo con el gobierno del general Juan Carlos Onganía, primera de las tres etapas de la dictadura militar conocida como “revolución argentina”. En 1969, a siete años del lanzamiento y consagración del semanario, Onganía dispuso por un decreto la clausura del medio. Las razones del acto despótico y censurador generado por Onganía nunca quedaron explicadas con claridad por el propio régimen. Al parecer estuvieron centradas en la realización de una entrevista al dictador, cuya versión -de acuerdo con las explicaciones del gobierno- habría generado la impresión en los gobernantes de que la publicación trataba de estimular las diferencias internas en el seno de las fuerzas armadas.
De manera específica, la susceptibilidad oficial se centraba en las posibilidades políticas y en las diferencias existentes entre Onganía y el general Alejandro Lanusse, entonces jefe del Ejército. Que la preocupación era objetiva tanto como subjetiva se verificó al año siguiente cuando Lanusse y sus colegas de la conducción de la Armada y la Fuerza Aérea derrocaron a Onganía.
La paradoja de este acto despótico se centró en el largo apoyo que la publicación había brindado al denominado “ejército azul”, es decir a la fracción que había emergido dominante de los conflictos resueltos por la vía de las armas entre los ultra-liberales (“gorilas”) identificados como “colorados” en este conflicto y los más conciliadores, con relación a negociar una forma de integración del peronismo al sistema político -del que estaba excluido-, que se llamaron a sí mismos los “azules”.
La publicación pudo haber sido llamada “Azul” según contó en una de sus múltiples versiones acerca del nacimiento que brindara su primer co-propietario y director Jacobo Timerman al investigador francés Alan Rouquié.
Después de haber apoyado a la línea de los “azules”, gestar un halo casi místico y mesiánico alrededor de esta línea castrense, de haber impulsado de manera sistemática el golpe militar contra el gobierno radical de Arturo Illia, Primera Plana celebró al nuevo régimen militar. Sin embargo, ese respaldo editorial duró poco tiempo. Primera Plana se enfrentó progresivamente al régimen militar. En primer lugar, lo hizo a partir del profundo rechazo que experimentó por la intervención a las Universidades públicas dispuesta a la semana de tomar el poder Onganía y la forma brutal en que se ejecutó la medida.
La revista mantuvo una posición de apoyo a la política económica liberal del gobierno. De manera paulatina, Primera Plana fue asumiendo que la dictadura de Onganía pretendía retener el poder a largo plazo bajo la forma de un corporativismo presentado como “comunitarismo”. En el año del Cordobazo, la rebelión en las calles de la capital de la provincia de Córdoba de obreros en huelga apoyados por estudiantes universitarios, el proyecto de largo plazo de Onganía se comenzó a derrumbar. Pero antes de su entierro, se llevó consigo a la revista que más lo había apoyado para su llegada violenta al poder.
Cuando el episodio de clausura de Primera Plana se produjo hacía rato que Timerman había dejado la conducción de la misma, que había quedado en manos de Ramiro de Casasbellas. Timerman, que vendió en 1964 su parte en el paquete accionario de PP, participó en la fundación del semanario Confirmado. Este semanario participó de manera entusiasta en el proceso de derrumbe del gobierno de Illia. En esa campaña Timerman había convocado, junto a su socio el comodoro (retirado) Juan José Guiraldes, al ex presidente Arturo Frondizi. Este, intelectual y jurídicamente protegido por el seudónimo periodístico de Dorrego, atacó de manera implacable al gobierno de Illía y glorificó la posible -y luego real- intervención de las fuerzas armadas.
En ese proceso de embate contra las formas limitadas e ilegítimas de régimen democrático participó de manera destacada el periodista nacionalista de derecha Mariano Montemayor, luego también apologista de la dictadura del proceso de 1976-1983.
Pero luego de producido el golpe de 1966, la empresa editora de Confirmado consideró necesario tomar distancia del propio Timerman quién abandonó la empresa que tuvo, desde entonces, una libertad más amplia para apoyar la dictadura militar.
En el caso de Panorama, que no había promovido el acceso militar al poder, pero cuya empresa propietaria (la Editorial Abril) no había batallado por la democracia, su reorganización se produjo a partir de la incorporación, precisamente, de un grupo de periodistas provenientes de la antigua Primera Plana.
A la cabeza de ellos se ubicó Tomás Eloy Martínez, antiguo secretario de redacción de PP, quien ocupó la dirección de la revista. Al calor de la orientación progresista en términos políticos y culturales, Eloy Martínez editó una nota fuertemente crítica hacia el régimen militar. Ello ocurrió en ocasión de la Masacre de Trelew, cuando fuerzas de la Marina de Guerra asesinaron a 11 prisioneros guerrilleros detenidos en una base militar en la Patagonia. Estaban retenidos allí luego del intento de fuga que habían protagonizado en jornadas inmediatamente anteriores de la cárcel de la ciudad.
La nota de Panorama reveló que el segundo supuesto intento de fuga había sido en realidad un deliberado asesinato como forma de castigo por el primero y único intento de fuga.
La reacción de las autoridades del régimen militar fue directa. El gobierno del presidente Lanusse presionó a la Editorial Abril quién produjo el despido de Eloy Martínez y lo reemplazó por el gerente editorial Raúl Burzaco. Burzaco ocuparía años después, entre muchas funciones periodísticas, el cargo de Secretario de Prensa del gobierno del presidente Carlos Menem.
En la revista Análisis, la más francamente definida en su orientación política liberal, el episodio de presión se produjo en el curso de 1971 cuando el mando en la “revolución argentina”, luego de Onganía y antes de Lanusse, estaba en las manos del presidente también general Roberto Marcelo Levingston.
Análisis era propiedad de un grupo de consultoría integrado por el director de la revista Fernando Morduchowicz, Jorge Hamak y el jurista y político conservador Julio César Cueto Rúa. Este último, había sido candidato a vice-presidente de la República en los comicios de 1958, por la Federación Nacional de Partidos de Centro (FNPC), acompañando a Emilio Hardoy.
Cueto Rúa formó parte en ese tiempo del directorio de la Compañía Azucarera Tucumana (CAT), una empresa que había tomado el control de varios ingenios en esa provincia del norte argentino, en un momento de aguda y crónica crisis del sector. La compleja situación de la empresa condujo al gobierno de Levingston a detener espectacularmente a Cueto Rúa y colocarlo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, en virtud de la aplicación del estado de sitio que condiciona la vigencia de los derechos constitucionales al arbitrio de aquél.
El episodio golpeó, pese a la relativamente pronta liberación de Cueto Rúa, el prestigio y la credibilidad de Análisis y constituyó otra de las instancias en que el gobierno militar buscó golpear a un sector político liberal con presencia en medios.
* El presente trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación: “Los semanarios político-culturales de los ‘60 y ‘70 del siglo XX. Los casos de Primera Plana, Análisis, Panorama y Confirmado”, dirigido por el Lic. Jorge Luis Bernetti e iniciado el 01/01/02 en el marco del programa de Incentivos a Docentes e Investigadores. Forman parte del equipo de investigación: Élida Morzilli, Omar Turconi, Sandra Gabay, Gustavo Vázquez, Mauricio D’Alessandro y Ana Laura Gardinetti.