Diana López Gijsberts y Martín Malharr




La prohibición y quema de libros*

                 

         “El ubicuo y diligente censor transforma uno de los más
               lúcidos centros culturales del mundo en un Jardín-de-Infantes
fabricador de embelecos que sólo pueden abordar
                lo pueril, lo procaz, lo frívolo o lo histórico pasado por agua
                bendita (...) Es un estafador de energías, un ladrón de nuestro
                derecho de imaginación, que debiera ser constitucional (...)
               Esto no es una bravuconada, es un anhelo (...) Es un ruego a
               quienes tienen el honor de gobernarnos (...) déjennos
                crecer. Es la primera condición para preservar la paz, para
                no fundar otra vez un futuro de adolescentes dementes o estériles (...)”.
                  “Desventuras en el País-Jardín-de-Infantes”
 María Elena Walsh  


A lo largo de la historia de la humanidad, los regímenes totalitarios han utilizado la prohibición y quema de libros con el objeto de vedar a la población el acceso a todo pensamiento distinto a la idea rectora de esa dictadura. El régimen militar que gobernó la Argentina desde 1976 a 1983 no fue la excepción.

Centenares de libros de las más variadas temáticas y dirigidos a los más diversos públicos fueron prohibidos e incluso quemados en hogueras. El justificativo: que eran libros de tendencia marxista, que eran contrarios a la moral occidental cristiana, que no respondían al sentir nacional o que eran inmorales. El ministerio del Interior y la Secretaría de Comunicaciones se encargaron de disponer las prohibiciones, encomendándole al Correo Central y la Aduana el control de los libros y la confiscación de aquellas obras que figuraban en “las listas negras” de autores prohibidos.

El 24 de marzo de 1996, el diario Clarín, en su segunda sección, dio a conocer una serie de documentos secretos de la dictadura militar que confirmaron la puesta en marcha de lo que se denominó “Operación Claridad”, cuyo objetivo fue la represión cultural y la confección de “listas negras” para la “depuración ideológica” en el ámbito de la cultura y la educación de aquellas personas calificadas como “marxistas”, “ideólogos terroristas”, “peronistas” e “izquierdistas”.Los documentos revelaron las tareas de inteligencia y espionaje realizadas a unas 231 personalidades de las artes, la cultura y el periodismo, 41 de las cuales están desaparecidas.

En los archivos secretos también consta la calificación que recibían ciertos libros y cómo se consideraba “subversiva” o “peligrosa”, El Capital de Carlos Marx y también la revista Time, en su edición de julio de 1981 y varios libros infantiles como Mi amigo el Pespir y un estudio de Toponimia patagónica de etimología araucana, escrito por Juan Domingo Perón.

Las “listas negras” calificaban a Julio Cortázar de “peligroso”; Jorge Luis Borges era sindicado como “sin antecedentes marxistas”, pero como alguien a quien había que “seguir de cerca” y otra lista contenía la nómina de personas “vinculadas al ámbito cultural con antecedentes ideológicos desfavorables”. Entre ellos figuraban: Agustín Alezzo, Roberto Cossa, Aída Bortnik, Mario Diament, Griselda Gambaro, Pedro Orgambide, Pacho O´ Donell, Rodolfo Walsh, María Elena Walsh, Roque Narvaja, Litto Nebbia, Ernesto Schoo, Eduardo Pavlovsky, David Viñas, el dibujante Cristóbal Reynoso (Crist), Alfredo Zitarrosa, el Cuarteto Zupay, entre otros cientos.

Pocos días después de tomar por la fuerza el poder, la Junta Militar protagonizó un hecho revelador de la política que seguirían con la cultura y la libertad de pensamiento: el allanamiento de la editorial Siglo XXI y el arresto de algunos integrantes de la firma. El diario La Nación informaba este hecho en su edición del 3 de abril de 1976, en un breve artículo publicado en página 11 bajo el título de “Allanóse el local de una editorial”:

“Súpose que ayer, a las 17.30, personal de la División Servicio de Inteligencia de Seguridad Federal de la Policía Federal realizó un procedimiento en la editorial Siglo XXI, ubicada en Perú 952. Fueron detenidas varias personas y se secuestraron diversas publicaciones de carácter subversivo. El local fue clausurado y quedó custodiado por personal policial”.

El 19 de abril de 1976, el matutino La Prensa informaba en página 5 que había preocupación por el personal de la editorial arrestado en esa oportunidad:

“La Editorial Siglo XXI Argentina Editores Sociedad Anónima hizo llegar su preocupación por la situación de Alberto Díaz, jefe de Ventas, y encargado de correcciones, Jorge Raúl Tula, detenidos el 2 próximo pasado durante un allanamiento al local de la editorial situada en Perú 52, de esta capital”.

Añade que fue presentado un pedido de hábeas corpus en el juzgado federal número 1 y hasta el momento se ignoran las imputaciones que se hacen a los apresados.

“Señálase que la empresa cumple un programa de difusión cultural, y que durante una entrevista que sus directivos mantuvieron con el jefe del Ier Cuerpo del Ejército, General Suárez Mason, éste dijo que el problema sería solucionado en los ‘próximos días’ y que el arresto de Díaz y Tula ‘estaría eventualmente implicado en actividades marginales a siglo XXI y su privación de libertad sería consecuencia de las mismas”.

Finalmente, la clausura de la editorial fue levantada y así lo explicaba Siglo XXI en un aviso publicado en el diario Clarín el 24 de abril de 1976, en página 2:

“Comunica a sus clientes, proveedores, accionistas y amigos que la clausura de que fue objeto el día 2 del corriente mes ha sido levantada el día 20, desde cuya fecha se ha iniciado la tarea de ordenamiento. Desconocemos las razones de la clausura y debemos señalar nuestra preocupación por la falta de información oficial sobre la suerte corrida por nuestro gerente de ventas Sr. Alberto Díaz, detenido el mismo día en que se produjo el cierre de la editorial.
 En su oportunidad informaremos la fecha en que se reanudará la venta de los libros de nuestro catálogo. Agradecemos las muestras de solidaridad que hemos recibido hasta la fecha. El Directorio”.

Las intimidaciones ejercidas sobre el personal de la editorial ocasionó que dos meses después la misma cerrara sus oficinas.

Otra editorial que sufrió persecuciones, secuestros de ejemplares y quema de los mismos, fue la Editorial universitaria de Buenos Aires (Eudeba). El 26 de febrero de 1977, un destacamento del Ejército Argentino se presentó en la editorial y secuestró gran cantidad de ejemplares. Algunos de los títulos eran: El Uruguay y la política internacional del río de la Plata, de Eduardo Haedo; De la economía social justicialista al régimen liberal capitalista”, de Antonio Cafiero; La dominación imperialista en Argentina, de Carlos María Vilas; Los derechos constitucionales del trabajador, de Daniel Rudi; Neocapitalismo y comunicación de masas, de Heriberto Muraro; Montoneras y caudillos en la historia argentina, de García Mellid; Santa Cruz, realidad y futuro”, de Horacio Raúl Lafuente, entre otros libros que figuran en los remitos que el Ejército firmó para retirar los ejemplares de la editorial. También se secuestraron ejemplares del libro Dependencia y empresas multinacionales del ex juez nacional Salvador Lozada, quien había recibido un premio por esa obra, por lo que inició una demanda contra el Ejército por daño moral.

Rogelio García Lupo, que durante varios años se desempeñó en la Gerencia de la editorial, explicaba lo sucedido en una entrevista concedida a la revista “Movimiento”, en marzo de 1983, en página 30:

“Sí, los libros se incineraron en dependencias del I Cuerpo del Ejército, en Palermo, donde ejercía la jefatura Suárez Mason (...) el retiro de los libros está firmado por un teniente primero de apellido Xifra. Hay que ver quiénes fueron los jefes que ordenaron a un teniente primero asumir en nombre del Ejército la responsabilidad de un retiro masivo de libros de una editorial de la Universidad”.

A fines de abril de 1976, el gobierno de facto quemó centenares de libros en Córdoba y no lo hizo en forma secreta sino que, vanagloriándose de ello, convocó a un grupo de periodistas para que presenciaran el juicio del fuego. El diario La Prensa informaba ese hecho en su edición del 30 de abril de 1976, en página 6, en un artículo titulado “Material impreso subversivo fue quemado en Córdoba”:

“Córdoba.- En un campo perteneciente al Regimiento de Infantería Aerotransportada XIV en el camino de La Calera, fue exhibido y quemado ante los periodistas locales y corresponsales de medios de Capital Federal, gran cantidad de bibliografía considerada de carácter subversivo y que fue requisada en varios procedimientos efectuados por las fuerzas de seguridad. Entre los libros se encontraban autores como Mao Tse-Tung, Lenin, el Che Guevara, Trotsky y Fidel Castro, el libro Correspondencia entre Perón y Cooke y revistas tales como Siglomundo y Transformaciones. Todo este material, según se informó, fue quemado por orden del Comando del 3er Cuerpo del Ejército. En un comunicado dado a conocer en la oportunidad se indica que ‘a fin de que no quede ninguna parte de estos libros, folletos y revistas, se tomó esta resolución para que con este material se evite el continuar engañando a nuestra juventud sobre el verdadero bien que representan nuestros símbolos nacionales, nuestra familia, nuestra Iglesia y, en fin, nuestro más tradicional acervo espiritual sintetizado en Dios, Patria y hogar”.

Por último, agrega que “los elementos que se destruyen surgieron de allanamientos a centros de distribución que se dedicaban específica y especialmente a este tipo de difusión”.

El matutino La Nación, incluía algunos otros detalles sobre esa quema en un artículo publicado el 30 de abril, en página 5, bajo el título “Quemaron textos de literatura extremista”:

“Córdoba.- En uno de los predios del Regimiento de Infantería Aerotransportada 14, en el camino a La Calera, fueron quemados miles de ejemplares de libros y revistas. Expresó el jefe que acompañó a los periodistas hasta allí que indudablemente no habría de encontrarse entre los volúmenes sino literatura de exaltación de Marx, el Che Guevara, Fidel Castro, etc. y, sin duda, no había ninguna publicación que se refiriera a próceres como San Martín y Belgrano, los americanos Bolívar y Sucre, y personalidades civiles como Sáenz Peña.
 En un comunicado se manifiesta que el Comando del III Cuerpo de Ejército quemaba esa ‘documentación, perniciosa, que afecta al intelecto y nuestra manera de ser cristiano, a fin de que no quede ninguna parte de esos libros, folletos y revistas, se tomó esta resolución para que se evite con este material continuar engañando a nuestra juventud sobre el verdadero bien que representan nuestros símbolos nacionales, nuestra familia, nuestra Iglesia y, en fin, nuestro más acervo espiritual, sintetizado en Dios,Patria y hogar. Los elementos que se destruyeron surgieron deallanamientos a centros de distribución que se dedicaban específica y especialmente a este tipo de difusión”.

Otra editorial que también fue perseguida por el gobierno militar fue el Centro Editor de América Latina (Ceal). En 1978, la dictadura acusó a la editorial de “publicar y distribuir libros subversivos” luego de constatar que difundía a Marx, Perón, Comte y el Che Guevara, entre otros. Colecciones completas fueron prohibidas, secuestradas y luego quemadas, con orden judicial, en un baldío de la localidad bonaerense de Sarandí, el 30 de agosto de 1980. En esa oportunidad se quemaron títulos como Historia de América en el siglo XX, Siglomundo, Transformaciones, Historia del movimiento obrero, entre otros miles de libros de esa editorial. La quema de los libros y fascículos fue presenciada por el fundador del Ceal, José Boris Spivacow.

El editor recordaba lo sucedido en una entrevista publicada en el diario Clarín, en su edición del 20 de noviembre de 1983, en página 16. En ella afirmaba: 
“No hago un mito del libro, un libro puede tener grandes y hermosísimas ideas pero puede también tener, como una mala audición de TV, verdadera basura impresa. No me asusta que se destruyan libros que, en última instancia son simples objetos de papel, me asusta que se destruyan hombres y que, no conformes con destruirlos físicamente, quieran destruir también sus ideas, su pensamiento, y que por eso destruyan o quemen libros. Un señor juez federal de La Plata, entre otros, ordenó en 1980 la destrucción de cientos de miles de libros y fascículos que habíamos editado. La quema de libros es, por supuesto, una manifestación del apagón cultural, pero si se mata a todos los hombres que leen, que escriben, que piensan o se los obliga, para poder ganarse la vida, a trabajar mucho y olvidarse de su inteligencia, el apagón cultural existe lo mismo”.

Spivacow también remarcaba en la nota las persecuciones sufridas por parte del régimen militar:

“Sufrimos toda clase de ataques y atentados. Bombas, prohibiciones, persecuciones y apretadas a los vendedores, a quien incluso se los obligó en algunos casos a anular las ventas que habían concretado y hasta situaciones jocosas si no fueran tan dramáticas: el cuestionamiento judicial de un libro del Centro al que un juez consideró ‘excesivamente antirracista”. 
También fueron perseguidos los responsables de Ediciones de La Flor, Daniel Divinski y su esposa, detenidos y posteriormente exilados. El hecho causó conmoción incluso en el extranjero. El 26 de febrero de 1977, La Nación publicó en página 10 un artículo titulado “Gestión de editoriales”:

“París (AFP).- Los dirigentes de las mayores casas editoriales de Francia enviaron una carta al presidente Teniente General Jorge Rafael Videla, en la cual le piden la liberación de Daniel Divinski y de sumujer, Ana María Miler, ambos directores y propietarios de Ediciones de La Flor, detenidos la semana pasada en la capital argentina”. 
La editorial Grijalbo también fue víctima de la censura aplicada a la cultura y particularmente a la literatura. En 1979, la vicepresidente de la editorial, Eva Bárbara Schmidt, fue condenada a tres meses de prisión en suspenso y al pago de una multa de 500 mil pesos por distribuir el libro “Isadora emprende el vuelo”, de Erica Jong, calificado por la dictadura como “obsceno”. El 30 de septiembre de 1979, el matutino La Nación informaba en página 20 que la justicia había confirmado la condena para Schmidt y transcribía parte del fallo:
 “(...) expresa que se trata de un libro verdaderamente dañino y corruptor, en cuyas páginas no sólo campea el propósito de ganar dinero sino también el de destruir las bases mismas de la civilización de Occidente, apoyado –quiérase o no– sobre la moral cristiana (...). El dolo de la inculpada es indubitable porque en su carácter de vicepresidenta de dicha editorial dispuso personalmente de la distribución del libro y no puede admitírsele pretexto de que no lo leyó. Precisamente dice, el hecho de que Ediciones Grijalbo S. A. lo enviara desde España con la indicación de que había sido identificado con la oblea ‘Best Seller Mundial’ debido a su gran aceptación por el público lector de todos los países en que se ha distribuido y traducido a 13 idiomas, sumado a que la tirada inicial fue de cien mil ejemplares, llegando a editarse cuatro millones, muestra bien a las claras que dicha novela no era un libro común para el mercado editorial”. 
La prohibición de libros era legitimada por decretos que los militares daban a conocer a través de su publicación en la prensa gráfica que, nuevamente en esta oportunidad, no criticará la censura que implicaban estas medidas. Los militares intentaron controlar todo tipo de lectura y público lector, por lo que comenzaron censurando una gran cantidad de libros infantiles.

El 15 de septiembre de 1976, el matutino La Nación informó en página 7 que “Prohíbense cuentos infantiles por decreto del Ejecutivo”: y detallaba que se trataban de los cuentos “La Ultrabomba” y “El pueblo que no quería ser gris”, de la editorial Rompan Filas; y “La Línea”, de Granica Editores S. A., cuyos ejemplares habían secuestrado. El artículo explicaba así los fundamentos de la medida:

“(...) por su contenido e intencionalidad ‘coadyuvan a mantener y agravar las causas que determinaron la implantación del estado de sitio’ y por tener una ‘finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria a la tarea de captación ideológica propia del accionar subversivo”.

El 15 de enero de 1977, La Prensa informaba en página 5 la prohibición de distribución, venta y circulación de la publicación infantil La tacita azul y estos eran los motivos del decreto del Ejecutivo para censurar ese texto:
 “(...) se trata de una obra destinada al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento y captación ideológica que propicia la lucha de clases (...)”.
Otra publicación infantil prohibida fue Cinco dedos, de la colección El Libro en flor número 3, de Editorial Ediciones de La Flor, censurada en febrero de 1977 con un argumento idéntico al aplicado en el caso de La tacita azul.

El 15 de octubre de 1977, el matutino La Nación informaba una nueva prohibición de un libro infantil. Esta vez se trataba de Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Isabel Bornemann, de Ediciones Librerías Fausto. El decreto del gobierno militar no sólo ordenaba el secuestro de ejemplares sino también la clausura por el término de 10 días de la editorial, ubicada en avenida Santa Fe 1715, de Capital Federal. El artículo explicaba que el fundamento había sido, otra vez, “la finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo” y aludía a los objetivos de la Junta Militar, entre los cuales figuraba el restablecimiento de “la vigencia de los valores de la moral cristiana”.

En un artículo titulado “La censura en la Argentina”, publicado en la revista dominical del diario Clarín, el 29 de mayo de 1983, la escritora Bornemann recordaba la censura aplicada a su libro:

“El decreto que prohibió mi libro decía que estaba escrito con una finalidad de adoctrinamiento para la subversión. Era simplemente un disparate, el libro no estaba escrito ni dedicado a eso, y yo no soy el monstruo que el decreto pintaba. ‘Un elefante ocupa mucho espacio’, el cuento que da título al libro, es la historia de un circo donde los animales se cansan de estar en jaulas y hacen una huelga pidiendo que los devuelvan a sus lugares de origen. Yo no sé cómo ni quién leyó el libro, ni tengo la culpa de que determinados funcionarios piensen que el pueblo es un grupo de animales y el país un circo. Honestamente no escribí el libro pensando en ningún sistema político determinado, sino a favor de los animales. Además, cuando escribí el libro, la huelga era un derecho legal reconocido y no un acto de subversión”. 

La misma autora, en una nota publicada en la revista dominical del diario La Nación, el 24 de septiembre de 2000, recordaba el miedo que le provocó el saberse prohibida:

“Cuando vi el sumario, ahí estaban los 15 cuentos, analizados uno por uno, y leyendo ese sumario vos pensás ‘ésta es un monstruo tirabombas’. Decía que el libro atacaba la moral, la Iglesia, la sociedad, el individuo y a todas las instituciones (...) Yo soy muy pacifista y que me pusieran como tirabombas me cambió bastante. Siempre fui de dormir poco, pero como decían que los milicos venían entre las dos y las cinco de la mañana, casi no dormía. Ahora cualquier ruido me despierta”. 
La dictadura militar también se encargó de controlar y censurar la bibliografía empleada en los tres niveles de enseñanza. No sólo se prohibieron textos primarios que hubieran sido utilizados durante el gobierno peronista de 1943 a 1955 sino que también se prohibieron libros de lectura, diccionarios -como el Enciclopédico Mauta- y el tomo 2 y 9 de la enciclopedia Universitas, entre otras; además de Atlas, textos de historia, economía, sociología, instrucción cívica, etc. Las medidas que disponían las prohibiciones aparecían en los periódicos, como se dijo antes, sin merecer la crítica de éstos. La prensa sólo informaba el hecho y reproducía el decreto que fundamentaba la sanción. Veamos algunos ejemplos.

El 17 de junio de 1977, el matutino La Prensa informaba en página 5, el secuestro de ejemplares del libro Tú y yo, que se distribuía entre alumnos de séptimo grado de La Plata. En el artículo, el ministro de Educación, general (R) Ovidio Solari, explicaba lo siguiente:

“(...) surge que se pretende atacar o lesionar el orden social que nos es propio y en especial a la familia. Presenta incoherencias y desórdenes en sus textos, con palabras que pueden inducir a reacciones contrarias al propósito aparentemente inocente de la figura de la pareja infantil que aparece en su tapa. Por consiguiente, este panfleto obedece a un plan de penetración ideológica contraria a todos los valores que se procura establecer a través del proceso de reorganización nacional y formar parte de la campaña que desde distintos ángulos y con distintos elementos tiende a minar la integridad moral del país con fines inconfesables”.

El 10 de octubre de 1978, el mismo diario publicaba en página 5, la prohibición dispuesta para los libros de Paulo Freire:
 “El ministro del Interior e interino de Cultura y Educación dispuso por medio de una resolución que los profesores y maestros de los establecimientos educativos de su dependencia y organismos descentralizados no deberán recomendar a sus alumnos ni utilizar los libros del autor Paulo Freire, en cualquiera de sus ediciones. La medida –según se informa – comprende (...) La educación como práctica de la libertad, de Ediciones Siglo XXI (...)”.

El matutino La Nación informaba el primero de diciembre de 1976, en página 10, que se habían prohibido dos libros “por razones de seguridad nacional” y porque “evidencian aspectos parciales de una ideología extraña al ser nacional y cuyas consecuencias disociadoras contribuyen a agravar las causas que determinaron la implantación del estado de sitio”. Se trataba de las siguientes obras, cuyos ejemplares fueron también secuestrados:

- La economía nacionalsocialista de A. Hermann y A. Ritsch, publicado por editorial Occidente.

- El ejército de la Independencia 1810-1820. Enfoque histórico e ideológico de Carlos González Días, editado por Editorial Sílaba.

Ese mismo mes también se prohibió la venta del libro Del yugo sionista a la Argentina posible. Esquema económico de la dependencia y la liberación argentina de Walter Beveraggi Allende, editado por la editorial Confederación Nacionalista Argentina.

En marzo de 1977, se informó que la Secretaría de Comunicaciones había prohibido la circulación por vía postal de las siguientes publicaciones de la editorial Siglo XXI, según detallaba el diario La Prensa en su edición del 30 de marzo de ese año, en página 9:

- Gramsci y la revolución de Occidente, de María Antonieta Macciochi.

- Sociología de la Explotación, de Pablo Gonzáles Casanova.

- Estudio sobre los orígenes del peronismo, de Juan Carlos Pontoriero.

- El poder negro, de Stockely y Carmichael.

- El Mayo francés o el comunismo utópico, de Alain Touraine.

- Lógica formal y lógica dialéctica, de Henri Lefevre.

En septiembre de 1980 se había prohibido el uso como libro de texto o consulta de las siguientes obras: La historia temática del Siglo XX; El marxismo Leninismo, doctrina viva y eficiente; Atlas Geográfico de Historia, de la editorial Marini; La Argentina frente a los monopolios y la Gran Enciclopedia del Saber de Salvat, Universitas.

En octubre de 1980 se prohibió la Enciclopedia Salvat Diccionario, editado en 1979, con el argumento que “ofrece al estudiante de los primeros cursos del nivel secundario un léxico definidamente marxista”, según se informaba en un artículo publicado en La Prensa el 4 de octubre de ese año, en página 5.

Ese mismo año se prohibió y se eliminó de la bibliografía sugerida a los docentes para el dictado de historia de tercer año, el libro Buenos Aires, sus hombres y su política 1860-1890, escrita por el ex gobernador bonaerense, Carlos D´ Amico.

El matutino La Prensa informó el 18 de octubre de 1980, en página 6, que se había suprimido de la bibliografía sugerida a los docentes para la enseñanza de tercer año de secundaria, los libros Del 80 al 90 en la Argentina, de Norberto D´Atri; y De Mitre a Roca, de Milcíades Pena, ya que ambas obras habían sido calificadas “como marxistas por su contenido”.

En muchas oportunidades, fueron entidades civiles las que se encargaron de desprestigiar y denunciar “por prédica contraria al espíritu nacional” a una serie de libros de enseñanza. El 19 de enero de 1981, La Prensa daba a conocer la denuncia de la Liga de Cultura Laica contra varios libros de textos. Ellos eran: Educación Democrática, primer, segundo y tercer curso e Instrucción Cívica de Blas Barisani; Educación Democrática I, II y III año de Germán Bidart Campos e Historia de la Edad Moderna y Contemporánea de F. Arriola.

El gobierno militar también se encargó de censurar gran cantidad de cuentos, novelas y revistas, tanto nacionales como extranjeras, para lo cual incrementó las funciones de Correos y Aduana, a fin que se encarguen de impedir y controlar el ingreso de libros.

El matutino La Nación informaba el 30 de julio de 1976, en página 13, que “Correos no distribuirá varias publicaciones”:

“Por diversas fuentes se supo que la Secretaría de Comunicaciones dispuso prohibir la circulación por el servicio de postal. La prohibición, que se realizará a través de la empresa Nacional de Correos y Telégrafos incluye a publicaciones órganos de los siguientes partidos: Comunista Revolucionario, Socialista de los Trabajadores, Político Obrero, Obrero Trotskista, Juventudes Políticas Argentinas, Marxista Leninista, Movimiento de Defensa del Patrimonio Nacional, Coordinadora del Movimiento de Ayuda a Chile, Agrupación Universitaria Nacional, Frente Estudiantil Nacional, Vanguardia Comunista (...)”.

El diario La Prensa informó el 13 de agosto de 1976, en página 9, varias revistas, en su mayoría eróticas, cuya circulación por vía postal se prohibía. Se trataba de Play Boy, números 5 y 6; Sex, número 18; La vida en una jauja, número 1; For Export y Strip Stease. El artículo remarcaba lo siguiente:

“Asimismo se determinó que Encotel dispondrá la remisión a la oficina ‘Publicaciones’ de los ejemplares correspondientes a las mencionadas publicaciones que se hallen en depósitos o que eventualmente aparezcan en circulación”.
Durante 1976 también fueron prohibidas varias publicaciones antisemitas como La SS en acción, Cristo no es judío, La mentira de Auschwitz, Hitler o Lenin y Más allá de la mentira, entre otras.

En septiembre de 1976 el gobierno militar prohibió el libro Olimpo de Blas Matamoro, por considerar que “atentaba en forma directa” contra la moral cristiana, la tradición nacional y la dignidad del ser argentino; e incluso ese mes se censuró una edición de la Biblia, editada por Ediciones Paulinas y Verbo Divino, en Madrid, según lo informaba el diario La Nación en su edición del 5 de septiembre de ese año, en página 11:
 “El arzobispo de San Juan, monseñor Ildefonso María Sansierra denunció la llamada ‘Biblia Latinoamericana como un fraude y una falsificación marxista (...) El arzobispo pide a los fieles que adquirieron el libro de buena fe que lo destruyan y opinó que seguramente el tema será tratado en la próxima reunión del Episcopado Latinoamericano”.

La importación de libros motivó que se implementaran mayores controles en la Aduana. Así lo informaba el diario La Prensa el 25 de noviembre de 1979, en página 9:
 “(...) Mediante la resolución 4.615 se dispone que las Aduanas deben extremar los medios de control y detección de todo tipo de literatura impresa, grabaciones o películas cuya finalidad sea la difusión de ideologías, doctrinas o sistemas políticos, económicos y sociales, contrarios a los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional. 
Asimismo se establece que a ese efecto se deberá dar intervención en todos los casos al Servicio de Informaciones del Estado (...)”.

En 1977 la dictadura prohibió, entre otros libros extranjeros, España: el destape de Ted Córdoba-Clauré, “por contener una ideología extraña al ser nacional”; La Dame Tango de Ann Capelle, editado en Francia, bajo el argumento que “la obra revela por su contenido e intencionalidad una interpretación deformada de acontecimientos ocurridos en el país en las últimas décadas, destinadas a provocar reacciones de violencia en diversos sectores de la sociedad argentina”; y años más tarde, en 1979, se prohibieron los libros Yo fui una... de ellas, de la condesa de Calvany, y Un marido, para qué?, de Norma Klein.

Ese año, también se prohibió una publicación, reveladora de lo que sucedía en el país. El diario La Prensa lo informaba así el 7 de agosto de 1979, en página 9:
 “En el Boletín Oficial de ayer se publicó el decreto 1.829 del 27 de julio del mes anterior en virtud del cual una comisión policial procedió a día siguiente a allanar el local de los Talleres Gráficos de Alemann y Cía, donde se edita el diario Argentinisches Tageblatt, y secuestró las planchas de impresión de una publicación sobre personas desaparecidas. Por el artículo 1º: “prohíbese la distribución, venta, circulación y reproducción parcial o total por cualquier medio, en todo el territorio nacional, de la publicación ‘¿Dónde están? 5.581 desaparecidos’ que consigna el decreto, se atribuye a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones Políticas, a la Liga Argentina por los Derechos Humanos y al movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, con domicilio en esta ciudad. Por el mismo artículo se dispone el secuestro de los ejemplares correspondientes. (...) revela contenidos destinados a crear en la opinión pública un estado de inseguridad valiéndose de presunciones que pretenden imputar procedimientos inaceptables en la fuerza pública. Que las graves imprecisiones, inexactitudes y acusaciones indirectas contra la fuerza pública realizadas sin individualización del responsable, contribuyen sin duda a mantener, agravar o expandir las causas que dieron lugar a la declaración del estado de sitio”.

En los ´80 la censura no cesó, a pesar del resquebrajamiento del consenso mediático de que había gozado la gestión militar, lo que ocasionaba que con mayor insistencia se cuestionara la represión militar en todos sus ámbitos, incluido el cultural. O tal vez por eso fue mayor la insistencia en controlar la literatura y las publicaciones a que podía acceder la población.

El diario La Prensa publicó el 6 de febrero de 1980, en la página 2 de su segunda sección, una nota que informaba sobre el rechazo a la censura:

“Se manifestaron contra la censura escritores, autores teatrales, artistas plásticos, actores, directores cinematográficos, expresando que ‘donde los hombres no pueden comunicar libremente su pensamiento, ninguna de las otras libertades está segura’ (...) ‘dicha libertad de expresión no puede tener matices, porque entonces deja de ser un derecho para convertirse en una gracia o una concesión”.

En la nota se aludía a la libertad de prensa dispuesta por el Triunvirato el 26 de octubre de 1811 y su consagración constitucional.

En septiembre de ese año, trascendió que el gobierno militar habría prohibido el libro El Principito de Antoine de Saint-Exupery y las obras de Pablo Neruda. El ministro de Cultura y Educación, Llerena Amadeo, desmintió la censura de El Principito, pero confirmó la prohibición de los libros de Neruda. Así lo explicaba en un artículo publicado en el diario La Prensa el 21 de septiembre de 1980, en página 6:

“Todos conocen la ideología confesada del autor y sin desmerecer el valor literario de su obra, quienes lo lean conviene que posean el criterio suficiente para discernir una cosa de la otra (...) En el ministerio de Cultura y Educación se estudia el contenido de una treintena de libros y textos escolares, desde el punto de vista ideológico y de la realidad histórica geográfica, para determinar su prohibición o calificar su inconveniencia en el uso escolar por parte de profesores y alumnos”.

En octubre de ese año, los lectores de la prensa nacional se enteraban de una nueva prohibición a publicaciones. El matutino La Nación lo daba a conocer así, el 14 de octubre en su página 10:

“Otras nueve publicaciones no podrán circular por los servicios de la empresa Nacional de Correos y Telégrafos. De acuerdo con lo dispuesto por la Secretaría de Comunicaciones las citadas impresiones infringen disposiciones legales y la medida adoptada alcanza a las siguientes publicaciones: Correo Clatramm, órgano de coordinación Latinoamericana de Trabajadores Minero Metalúrgicos; Cómo el hombre llegó a pensar, de M. Sidorov, editado por Cientec, de Bs. As.; Interviu, número 219 y 22, editada en España; Luis, año IV, número 40; Penthouse, volumen 11 impreso en Estados Unidos; Playboy, número 8, volumen 27; Due Piu, número 143, editado en Italia por Arnaldo Mondadori; L´ Europeo, número 31 y Disco, número 3, editado en Milán”.

A fines de octubre, el escritor Ernesto Sábato denunciaba las restricciones que sufría su libro Abadón el Exterminador por parte del ministerio de Cultura y Educación, “que es la autoridad máxima en las lecturas de los colegios”, según informaba un artículo publicado en el diario La Prensa, en su edición del 27 de octubre, en página 6:

“Mar del Plata (NA).- El nivel de la cultura está bajando trágicamente, afirmó aquí el escritor Ernesto Sábato quien, entre otras cosas, adelantó que su libro Abadón el Exterminador ‘está en una lista de no recomendables’, eufemismo que se está utilizando para no decir que está prohibido”.

El 30 de marzo de 1981, el diario Clarín publica una solicitada firmada por personalidades de la cultura, la política y familiares de desaparecidos, entre otros, donde no sólo se reclamaba la aparición con vida de los desaparecidos y la liberación de los detenidos por razones políticas y gremiales sino el cese de “la censura y toda limitación a la libertad de expresión, de reunión y de acceso a la educación y la cultura”. Al reclamo adherían Adolfo Pérez Esquivel, Alicia Moreau de Justo, Hebe de Bonafini, Abelardo Castillo, Luis Zamora, monseñor Jorge Novak, María Esther de Miguel, Alfredo Bravo, Inda Ledesma, Jorge Luis Borges, Jorge Asís, padre Luis Farinello, Santiago Kovadloff, Dalmiro Sáenz, Andrés Cascioli, entre otros.

Entre los libros que durante casi 8 años no se nos permitió leer figuran:

- Ganarse la muerte, de Griselda Gambaro.

- Cuentos para chicos traviesos, de Jacques Prévert.

- Niños de Hoy, de Alvaro Yunque.


- La Tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa.

- La muerte de la familia, de David Cooper.

- Nuestros muchachos, de Alvaro Yunque.

- Hegel y la dialéctica científica de Marx, de Abel García Barceló.

- Nacida víctima, de Robert Rose.

- Adúlteros felices, de Ellen Roddick.

- Un médico en la noche, Jacques y Francois Gall.

- Obras completas, de Josip Broz.

- Conocer Neruda y su obra, de Albert Cousté.

- Sin Tregua, de Raúl Larra.

- Las noches del paraíso, de Dominique Manón.

- Cuadernos del Tercer Mundo, de Carlos Piacentini.

- Princesa Daisy, de Judith Krantz.

- La guerra de las republiquetas, de Bartolomé Mitre.

- Los orígenes del peronismo, de Miguel Murmis y C. Pontariero.

- Queremos tanto a Glenda, de Julio Cortázar.

- Perros Callejeros, de Enrique Medina.

- La madre, de Máximo Gorki.

- Juegos a la hora de la siesta, de Roma Mathieu.

- Condenados, de Paul Kavanagh.

- Desde el jardín, de Jerzy Kosinski.

- Gracias por el fuego y El cumpleaños de Juan Angel, de Mario Benedetti.

- Sólo ángeles, de Enrique Medina.

- La historia me absolverá, de Fidel Castro.

- Memorial de los infiernos, de Julio Ardiles Gray.

- Pantaleón y las visitadoras, de Mario Vargas Llosa.

- Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano.

- Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire.

- Sociología de la explotación, de Pablo González Casanova.

- Persona, de Nira Etchenique.

- La vida es un tango, de Copi.

- Territorios, de Marcelo Pichón-Riviere.

- La Patagonia trágica, Osvaldo Bayer.

- No habrá más penas y olvidos y Cuarteles de invierno, de Osvaldo Soriano.

En diciembre de 1983 se producía el retorno de la democracia. Atrás quedaba una dictadura que había torturado, asesinado y desaparecido a millares de personas y había restringido libertades y derechos garantizados constitucionalmente, entre ellos la libertad de pensar y de expresión.



 Notas

* El presente trabajo pertenece al Proyecto de Investigación: “Los derechos humanos y la prensa gráfica argentina desde 1976 al 2001” dirigido por Martín Malharro e iniciado el 01/01/01. Forman parte del equipo de investigación: Diana López Gijsberts, Marcos Nápoli, Romina Ryan, Ana Casares y Hernán Gesberg.